Pérdida de investidura de Zacarías y Friedmann promete duelo de cartistas y abdistas

Finalmente, el Senado resolvió tratar los pedidos de pérdida de investidura de los senadores colorados Javier Zacarías Irún y Rodolfo Friedmann en la misma sesión extraordinaria del próximo miércoles 28.

A la par que arrecian los pedidos de pérdida de investidura en el Senado, el caso particular de los dos parlamentarios colorados tomó la forma de un duelo entre el cartismo y el adbismo, enfrascados cada vez más en una interna que superó ya todos los abrazos republicanos.

Si bien, la destitución de Zacarías Irún es impulsada por Patria Querida y Hagamos que finalmente cosechó el apoyo de 29 senadores, el cartismo respondió jugando su ficha más fuerte: la pérdida de investidura de Friedmann, con el respaldo de 27 parlamentarios; la destitución del ex minisro de Agricultura había sido postergada ad infinitum el 17 de septiembre pasado con votos de oficialistas, liberales y luguistas, que más que salvar a Friedmann se jugaron a evitar un avance del cartismo en la Cámara Alta.

Así las cosas, y con los números muy parejos, el juego podría terminar sobre tablas, o con la destitución de ambos parlamentarios. A simple vista, hay votos suficientes, pero es también probable que el pleno no quiera volver sobre sus pasos y desandar toda la prerrogativa sobre el debido proceso que llevó a la sanción, la semana pasada, de un nuevo proyecto ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura, y establece todo un protocolo dirigido a garantizar el derecho a la defensa, que ahora está en Diputados. De ser así, el Senado podría postergar el tratamiento de la destitución de Zacarías Irún, y volver a postergar la de Friedmann, hasta que se concrete el trámite parlamentario de la reglamentación del 201, y cuenten con la herramienta ampliamente votada en la plenaria, o simplemente cambie la coyuntura.

Casos gemelos

Zacarías y Friedmann están acusados de lo mismo, uso indebido de influencias e incompatibilidades con el cargo, las dos figuras excluyentes del artículo 201, y enfrentan también causas judiciales por delitos de corrupción muy parecidos.

Friedmann perdió sus fueros a principios de septiembre, pero hasta ahora pudo conservar la banca que consiguió hace dos años, cuando asumió en reemplazo del expresidente Horacio Cartes, que fue impedido de jurar junto a su colega Nicanor Duarte Frutos, que a su vez fue reemplazado por Mirtha Gusinsky.

El parlamentario está imputado por asociación criminal, cohecho pasivo y lavado de dinero, en la causa que lo investiga por la administración de los fondos del almuerzo escolar en su época de gobernador de Guairá, y donde aparecen también imputados su esposa, la modelo Marly Figueredo, el diputado Ever Noguera y administrativos y socios de la empresa ESSA, de la que se asegura era dueño.

Enrique Riera, quien encabeza la cruzada para despojar del cargo a Friedmann, asegura “hay suficientes elementos incriminatorios, muchísimos más” de los que se utilizaron para destituir a otros parlamentarios, incluidos casos resonantes como los de Óscar González Daher, Dionisio Amarilla, y Jorge Oviedo Matto, que fue obligado a renunciar.

“Friedmann no podía ser senador porque comerciaba con el Estado paraguayo, tampoco podía ejercer como senador porque seguía manteniendo vínculos comerciales con el Estado y luego de ambas situaciones su empresa ganó doce contratos por más de ocho millones y medio de dólares americanos”, dice, convencido, Riera.

Pero, por el lado de quienes votaron por salvar a Friedmann, se sostiene que la vinculación del parlamentario con la empresa que proveía la merienda escolar al Estado no está “fehacientemente comprobada”, como señala Riera.

“Hay una empresa que había ganado licitaciones en la Gobernación y esa empresa se le atribuye al señor Friedmann; dice “fehacientemente comprobado”, pero no es así; le invitamos al senador (Enrique) Riera, que el día que pueda demostrar que la empresa le pertenece a Friedmann, ese día vamos a apoyar la pérdida de investidura”, había dicho, en tal sentido, el senador luguista Hugo Richer, que votó por Friedmann.

“No podemos suponer, no podemos guiarnos por suposiciones; puede que sea un bandido, pero nosotros no somos el Poder Judicial; para eso ya fue desaforado”, decía Richer sobre el argumento que primó en el Senado.

Es probable que Friedmann sea culpable de todos los delitos que se le imputan; sus lujos y excentricidades señalan en esa dirección; pero también es cierto que su cabeza es un trofeo para Horacio Cartes, cuyo andamiaje mediático redobla semana a semana las publicaciones en su contra y por la destitución, mientras hace todo lo contrario con su socio político en el Este.

Zacarías Irún

El pedido de destitución de Zacarías Irún vincula al parlamentario con varias empresas, como Gestiones del Este S.A., donde aparece asociado a Femando Román Fernández; Itapema Constructora S.A., donde también es socio Justo Zacarías; “esta empresa tuvo un crecimiento sorprendente, arrancó con Gs. 1.000, al año duplicó a 3.000 millones, y luego a 6.000 millones”, reza el escrito; y lo involucra en la quiebra de Mocipar.

Dice que Itapema es propietaria del dúplex en que vive el Juez Penal de Garantías de Ciudad del Este, Marino Méndez, quien entendió en el amparo judicial que prohibió a los concejales tratar la renuncia de su esposa Sandra McLeod a la Intendencia de Ciudad del Este.

Cita el Informe de la Seprelad N° 56/2018 que “confirma” los lazos del senador cartista con estas empresas, con otras que eran adjudicadas con millonarias obras en la Municipalidad de Ciudad del Este y en la Gobernación del Alto Paraná, así como en otros municipios donde Zacarías Irún contara con aliados políticos.

El proyecto hace un recuento de episodios que supuestamente configuran la utilización de influencia indebida del parlamentario para granjearse beneficios y eludir la acción judicial que pesa sobre él y su familia.

Pero el elemento de mayor pesa son tres audios de abril de 2019 de conversaciones suyas con Juan Domingo Sanabria, ex jefe de Prensa de la Municipalidad de Ciudad Del Este, que fueron grabados por el mismo Sanabria y agregados en la carpeta fiscal de la causa que investiga a los Zacarías.