Gremios oficializan denuncia contra parlamentarios opositores

La Unión Industrial Paraguaya (UIP), Asociación Rural del Paraguay (ARP), Unión de Gremios de la Producción (UGP) y Feprinco, oficializaron en la Fiscalía General del Estado su anunciada denuncia penal contra los parlamentarios del Frente Guasú Hugo Richer y Sixto Amarilla, y del PDP Pedro Santacruz, por supuestamente arengar a quienes ocupan tierras del establecimiento de la Agroganadera Pindó SA, en Canindeyú, para continuar con las ocupaciones de tierras privadas.

Gustavo Volpe, Pedro Galli, Héctor Cristaldo y Eugenio Schöller se reunieron con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien le efectivizaron la denuncia que, si bien, es contra personas innominadas por supuesta instigación a cometer hechos punibles, apunta claramente a los parlamentarios opositores.

La denuncia de los gremios empresariales se sustenta en las publicaciones periodísticas sobre la visita de los parlamentarios al asentamiento 1° de Marzo, ubicado en la propiedad de Pindó, en la localidad de Naranjito, el 3 de octubre pasado; publicaciones que se fundamentaron en videos que fueron difundidos en redes sociales por la Asociación de Productores Joajú, que nuclea a las familias campesinas ocupantes de las tierras.

“Estos hechos constituirían ilícitos de acción penal pública y atentarían contra los órganos constitucionales legalmente constituidos e intereses de organizaciones y personas particulares, que consideramos deben ser investigados, y, de encontrarse culpables, deben ser castigados”, se señala en el escrito.

“Estos legisladores dieron a entender que van a ir por la expropiación proponiendo violentar lo establecido en el art. 98 del Estatuto Agrario, Ley 1863/02”, agrega el documento.

Señala que “estas expresiones instigan al conflicto, al enfrentamiento y a resistir, que de ser ciertas demuestran un profundo desprecio hacia las normas que vertebran la Constitución Nacional”, con el agravante –dice- de la investidura parlamentaria.

Denuncia anunciada

Hace una semana, el titular de la UGP Héctor Cristaldo había hecho pública la intención de los gremios empresariales de judicializar el caso, e incluso presentaron en el Senado un pedido de pérdida de investidura de los tres parlamentarios.

En teoría, en la sesión ordinaria de hoy debió haberse ingresado formalmente en el pleno este pedido, ya que se descontaba que la bancada del ganadero Fidel Zavala lo hiciera suyo, pero al parecer Patria Querida tiene ya suficiente con su proyecto de destituir al cartista Javier Zacarías Irún y no le queda resto para apadrinar las tres destituciones pedidas por los gremios de productores.

Richer, Santacruz y Pereira reconocen haber visitado Pindó y Guaraní del Este, en Alto Paraná, como miembros de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, de la que Santacruz es presidente, pero niegan haber incitado crimen alguno.

Incluso, en los videos que sirven a las denuncias de los gremios no se escucha a ninguno de los parlamentarios pronunciar las frases que se le adjudican, además que el periodista de uno de los medios que se hizo eco del tema reconoció más tarde que no estuvo en el lugar y que pudo no haber reproducido fielmente lo dicho en la reunión.

El tema puso de nuevo sobre el tapete la discusión sobre la propiedad y la distribución de la tierra en el país, y dio paso a la polémica, con fuertes cruces entre los parlamentarios de izquierda y el ganadero Zavala, como el que mantuvo con el ex presidente Fernando Lugo, quien lo desafió a denunciar sus acusaciones en el Ministerio Público.

La pérdida de investidura de los tres parlamentarios opositores fue abordada tangencialmente este jueves en la sesión ordinaria del Senado, cuando se discutía el proyecto de declaración instando a la Cámara de Diputados a revisar la sanción impuesta a la liberal Celeste Amarilla. Allí, el senador Eusebio Ramón Ayala, puso el caso como ejemplo de la “construcción del discurso único, sancionando la disidencia y coartando la libertad de expresión”, que en el caso de los parlamentarios está pre-cautelada entre las inmunidades consagradas en el artículo 191 de la Constitución Nacional.