Legalidad, legitimidad y los congresistas elegidos  

En las últimas elecciones con las que se ha estrenado en comicios generales el derecho al voto de preferencia, y en la que por tercera vez entraron a utilizarse las máquinas electrónicas, se ha producido un descreimiento entre la aplicación de la ley y la legitimidad de la misma, ya que parte de la población ciudadana expresó su duda sobre la fidelidad de las computadoras utilizadas para el ejercicio del sufragio. El Estado de Derecho halla su fundamento en la construcción de un sistema jurídico con orden de prelación y el cumplimiento de las leyes. Las repúblicas se sustentan en el modelo de democracia, con procesos de elecciones periódicas de sus autoridades, como expresión de la soberanía del pueblo. La duda sobre las máquinas electrónicas se generó tanto respecto al registro como a la sumatoria de los votos. Esta es una cuestión que nos invita a buscar y encontrar los mecanismos apropiados y seguros para recuperar la confianza en la buena fe del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Salvaguardar el imperio de las leyes exige que ellas sean justas y formuladas sin lagunas ni cuestiones confusas que den lugar a interpretaciones amañadas. La legislación electoral en la que se sustenta nuestro modelo democrático necesita, a nuestro juicio, ser evaluada y tal vez reformulada con disposiciones que sean suficientes, sin remiendos. Sabemos que legislar es una tarea delicada en su contenido, porque debe responder al interés general de la población, y no a intereses particulares o de grupos específicos; y debe ser exigente en su redacción, porque su lenguaje requiere sencillez y prolijidad. Mejorar la formulación de la legislación es un desafío que le espera a los nuevos integrantes del Congreso Nacional. Esta debería ser la lección aprendida en este tiempo.

Paradójicamente, en los últimos años, nos estamos quejando de la baja calidad de varios parlamentarios elegidos tanto para Diputados como para Senadores. Como muestra, estamos viendo que en estos días se impulsaba en la Cámara de Diputados el desafuero de un diputado imputado en una causa con sospecha de haber cometido delitos comunes. En el corto tiempo de este año hemos visto con frecuencia en ambas cámaras los debates sobre juicio político, declaraciones, pérdida de investidura, dirigidos contra los integrantes de los colegiados referidos, por falta de honorabilidad, tráfico de influencia y otros delitos cometidos durante su desempeño. Asimismo, se escuchan quejas de la gente sobre la poca productividad, el escaso aporte de ciertos miembros del parlamento y los elevados salarios que perciben. No se trata de cuantos proyectos de ley presentan, se trata de legislar con calidad en tiempo real.

Respecto a los integrantes del Congreso para el próximo periodo, quienes comenzarán sus actuaciones desde el 1 de julio, se siente un desencanto. Creo que todos habíamos pensado que la reforma de la ley electoral, incluyendo la opción de preferencia permitiría el ingreso de mejores personas. Sin embargo, leyendo las confirmaciones, surgen dilemas que nos llevan a formular ciertas preguntas. ¿Por qué los elegidos por el pueblo no despiertan confianza? ¿Por qué no fueron más votados los que poseían mejores cualidades para dicha función? ¿Por qué se beneficiaron con la opción preferencial personas que tienen antecedentes penales, personas hoy imputadas, e incluso uno que se halla en reclusión por acusación de numerosos delitos? ¿Por qué la gente ha elegido a estas personas? ¿Por qué la fórmula de las elecciones directas no está produciendo la presencia de mejores personas para el Congreso Nacional? Si las listas cerradas constituían un obstáculo, ¿por qué la opción preferencial de personas tampoco mejora la calidad? La posible respuesta es que no sabemos elegir.

El soberano es el pueblo, y el sufragio es un acto ciudadano libre, e incluso obligatorio en nuestro país. Depositar cada voto lleva consigo opciones, sueños, pero también es un acto de responsabilidad y compromiso con la nación; y en consecuencia, necesitamos saber elegir legisladores honorables que garanticen la fidelidad a sus promesas y que su actuación se oriente a la realización de los derechos humanos de todos los paraguayos y paraguayas. Es necesario obedecer a la ley pero también es necesario creer en ella y en nuestros representantes. Y si hemos elegido mal a nuestros representantes, nada bueno podemos esperar respecto a las leyes que han de regir nuestras vidas.

En el momento en que se pone en duda la buena fe en los procesos electorales y la calidad de las autoridades que hayan resultado electas, se tiene la impresión de que el derecho público parece haber perdido su rango de  garante de las conductas que deben tener los que gobiernan, y en consecuencia, pone en cuestionamiento el rigor del Estado Social de Derecho proclamado en la Constitución de la República. Esta falta de legitimidad de las personas encargadas de formular las leyes, a pesar de haber sido elegidas con las reglas democráticas, crea un laberinto de incertidumbre, que incluso podría poner en riesgo la confianza en el sistema democrático conquistado con tantos esfuerzos, dando lugar a aquellos que con tanta facilidad pregonan que “necesitamos nomás luego un gobierno autoritario como antes”.