Corrupción e impunidad, hermanas gemelas 

En los últimos tiempos, la cuestión de la insistente práctica en los actos de corrupción ha sido un tema recurrente. Desde la realización de la conferencia de prensa del embajador de los Estados Unidos de América en Paraguay, y la información sobre la designación de dos personas públicas como “significativamente corruptas”, se ha acentuado la serie de comentarios y opiniones en la prensa, en las reuniones familiares, laborales, sociales y especialmente en las redes sociales. Se tiene la impresión de que había en el ambiente una gran  preocupación de la gente por la salvaguarda de los bienes públicos, los que se ven amenazados a causa de los actos ilícitos que configuran la corrupción, por lo que la noticia causó un gran impacto. Si bien el acto público de la embajada fue objeto de controversias razonables, no se pudo disimular la satisfacción sobre dicha información, desde la mayoría de las personas en todos los estratos sociales.

Paraguay ha ratificado en el año 2005 la Convención Internacional contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2004, por lo que el Estado se obliga a adoptar mecanismos, tanto de prevención como de sanción, respecto a la corrupción. Como medida preventiva se han creado la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), y la Secretaría de  Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), ambos en dependencia directa del Poder Ejecutivo, e instalados en el marco del Plan Nacional de Integridad,  Transparencia y Anticorrupción, que con programas quinquenales inició sus actividades en el año 2006. Pocos han sido los resultados, y la corrupción ha ido creciendo en los últimos años con cifras millonarias, penetrando en espacios públicos y privados.

Es importante colocar con precisión el concepto de esta palabra genérica: corrupción, la que configura una diversidad de actos ilícitos graves articulados con el manejo impropio de los bienes del Estado, muchas veces a instancia de los particulares o por iniciativa propia de los funcionarios públicos, perjudicando al tesoro público para su propio beneficio. Fraude, malversación, soborno, tráfico de influencia, coimas, lesión de confianza, lavado de dinero, desvíos, contrabando, licitaciones ilegítimas, son algunos de los actos sumergidos en este concepto genérico, corrupción, que envuelve una extensa tipificación de delitos que se hallan taxativamente listados en la Ley de Administración Financiera del Estado[1] y en el Código Penal. Estos delitos van generalmente acompañados con la asociación para delinquir. El conjunto de estos hechos antijurídicos afecta más a los pobres porque desvía los fondos destinados para los gastos sociales. Sin embargo, en una entrevista de la prensa en un canal televisivo de Asunción, alguien manifestó que “la corrupción no es delito”.

La corrupción y la impunidad son dos palabras enlazadas y repetidas innumerables veces durante el día en las redes sociales, y es obvio que la mayor parte de la sociedad comprende muy bien su alcance, las complicidades y sus implicancias, ya que con estos actos se priva a la población más vulnerable de recibir los servicios públicos a los cuales el Estado está obligado. En su preámbulo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción expresa su preocupación ya que “los casos de corrupción entrañan grandes cantidades de activos, en proporción importante de los recursos del Estado, que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de los Estados”.

La corrupción está ligada a la impunidad. Son dos caras de la misma medalla. Con la corrupción se compra la impunidad. La impunidad no solo proviene del nivel público, ya que también se manifiesta en la conducta de tolerancia de la sociedad. Asimismo, con la impunidad la corrupción se reproduce y se constituye en una forma de vida. Al haber impunidad, la corrupción se mueve libremente, por lo que algunos estudiosos caracterizan a ambas como hermanas gemelas que caminan juntas, se necesitan y se complementan. Desde esa mirada, la corrupción no solo acaba mutilando el tesoro público sino que enardece la desconfianza de los grupos sociales, conspira contra la gobernabilidad y, como lo afirma la Convención de las Naciones Unidas, “constituye una amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”. Es así que estas dos  plagas deben ser combatidas juntas ya que mientras haya impunidad, habrá corrupción, y mientras haya corrupción se podrá comprar la impunidad.

[1] Ley 1535/93, de Administración Financiera del Estado.