Corrupción endémica de Paraguay no terminará sin que Estados Unidos intervenga

El sistema financiero de Asunción está en situación de riesgo: el financiamiento del terrorismo, el comercio de productos falsificados, y el contrabando y la evasión de impuestos, alimentan el fraude y atraen al crimen organizado como un imán.

Por Emanuele Ottolenghi  (*)

(TheNational Interest **, Washington D. C., 18 de Abril) El 8 de abril, después de un calvario judicial de tres años, Paraguay condenó al financiero de Hizbulá*** Assad Ahmad Barakat a dos años y seis meses por falsificación de pasaportes y fraude migratorio. Barakat ya había cumplido su condena mientras esperaba el juicio, y las autoridades paraguayas lo expulsaron rápidamente a Brasil. Para un país como el Paraguay, que durante décadas acogió con impunidad las redes de financiación del terrorismo de Hizbulá, condenar a Barakat, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2004, pareciera ser un cambio que merecería ser puesto en resalto. No es así. La expulsión de Barakat no cambia nada. Las redes de Hizbulá en el área no se ven afectadas y sus partidarios ya elogian su regreso a casa (Brasil, donde reside legalmente) como una victoria.

El gobierno de Biden, que la semana pasada sancionó a Ulises Quintana, miembro del Congreso Nacional de Paraguay, por corrupción y ayuda al crimen organizado transnacional, debería no olvidar que Paraguay sigue siendo un refugio para el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo, gracias a sus élites políticas corruptas. A menos que Washington mantenga su atención y presión sobre los líderes paraguayos, únicamente con la sanción a Quintana Asunción solo hará un espectáculo, al igual que lo hizo antes con la mencionada expulsión de Barakat, pero muy poco más, para abordar la corrupción sistémica que incita al crimen dentro de sus propias fronteras.

Durante décadas, desde el derrocamiento en 1989 del general Alfredo Stroessner, las viejas élites del país han abrazado apenas epidérmicamente la democracia, mientras, eso sí, siguen beneficiándose del legado de Stroessner: una estructura de poder en gran parte corrupta, fuertemente comprometida por una economía sumergida de contrabando y tráfico ilícito. Los motores gemelos de esa economía siguen siendo fronteras vastas y porosas y prósperos centros de lavado de dinero a lo largo de las fronteras del país, especialmente en la notoria Área de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay (ATFABP). Desde la década de 1980, Hizbulá ha construido un sofisticado centro de lavado de dinero basado en el comercio, en el corazón de una zona libre de comercio minorista de Ciudad del Este, en el lado paraguayo del ATFABP.

Una muy seria amenaza para EUA

La economía ilícita del ATFABP representa una seria amenaza para la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos. Una gran cantidad de mercadería enviada al ATFABP para alimentar esquemas ilícitos transita por los Estados Unidos. También lo hacen los pagos, que, como muestra un número creciente de casos que se están juzgando actualmente en Estados Unidos, exponen al sistema financiero estadounidense nada menos que al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

El sistema financiero de Paraguay está comprometido con el crimen organizado por medio del financiamiento del terrorismo, del contrabando de cigarrillos, del comercio de productos falsificados, del contrabando y de la evasión de impuestos, procedimientos y procesos todos que alimentan el fraude y, por tanto, atraen al crimen organizado como un imán. Numerosas organizaciones criminales han establecido su presencia en Paraguay en los últimos años, donde engrasan al sector público para asegurar la complicidad de los funcionarios en sus actividades delictivas. La creciente preocupación internacional ha presionado a Asunción para que cambie de rumbo, pero hasta ahora tales políticas han tenido poco efecto. Incluso, cuando el Congreso bicameral del Paraguay aprobó nuevas leyes, para mejorar las regulaciones nacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, se mantiene una brecha muy amplia entre las intenciones declaradas y los resultados reales.

Sin duda, los fiscales paraguayos, al menos aquellos que no están a sueldo de políticos y redes criminales, continúan investigando tenazmente el crimen. Los enjuiciamientos de Barakat y Quintana son una prueba de que, incluso un país como Paraguay (que en el 2020, entre 180 países del planeta ocupaba la posición 137 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional), cuenta con funcionarios íntegros entre sus servidores públicos. Bajo una mayor presión y escrutinio, Paraguay también cooperó con Estados Unidos en el arresto y extradición de tres presuntos traficantes y financieros de Hizbulá: Ali Issa Chamas en 2017, Mahmoud Ali Barakat en 2018 y Nader Mohamad Farhat en 2019. Y, en 2019, Paraguay designó a Hizbulá como organización terrorista.

Assad Ahmad Barakat. Foto: Infobae.

Investigaciones sin sentencias condenatorias

Sin embargo, las investigaciones criminales del Ministerio Público paraguayo rara vez arrojan como resultado sentencias judiciales condenatorias. Es algo que se lamenta habitualmente en el Informe Anual que el Departamento de Estado presenta al Congreso, para que sea evaluada su Estrategia de Control Internacional de Estupefacientes. La corrupción imperante en Paraguay hasta hoy sabotea el curso de la justicia la mayoría de las veces, y, agravando el problema, los políticos toman dinero de las redes criminales, para financiar sus campañas electorales, lo que logran a cambio del respaldo político e impunidad judicial que proporcionan a los jefes locales del crimen organizado.

Barakat ha operado con impunidad durante más de dos décadas en este entorno corrupto, a pesar de los ocasionales enfrentamientos con la justicia local y de su inclusión en la “lista negra” de los financistas de Hizbulá, divulgada en 2004 por el Tesoro de los Estados Unidos. En 2018, el gobierno argentino, bajo el entonces presidente Mauricio Macri, dio un paso sin precedentes en la región al investigar a la familia Barakat, vinculándola con una red de lavado de dinero del ATFABP, que trasladaba dinero en efectivo a Argentina, utilizando en este país a un casino local para lavarlo.

Ir tras el miembro más prominente del clan Barakat parecía una buena manera de responder a la creciente presión de Estados Unidos, y a la paralela atención internacional que al respecto existía, demostrando de paso que Paraguay también estaba listo para controlar las redes locales de financiamiento del terrorismo. En agosto de 2018, las autoridades paraguayas acusaron a Barakat de fraude de pasaportes y emitieron una orden de arresto internacional para su captura. Las autoridades brasileñas lo arrestaron poco después en Foz de Iguazú, la ciudad brasileña en la ATFABP, que se encuentra al otro lado del río Paraná que lo separa de Ciudad del Este (la capital del departamento paraguayo de Alto Paraná), la urbe principal de las actividades de financiamiento del terrorismo de Hizbuláen el área.

Brasil finalmente extraditó a Barakat a Paraguay. Siguió un juicio rápido que condujo a su expulsión. Sin embargo, expulsar a Barakat a Brasil, donde ahora es residente permanente, no tiene sentido. En Brasil no existe ningún caso judicial abierto en su contra. Él ya cumplió su condena. Y aunque técnicamente Barakat no podrá volver a Paraguay nunca más, el cruce fronterizo en el ATFABP no es exactamente una barrera infranqueable.

Además, la mayoría de los dueños de negocios que operan en Ciudad del Este viven del lado brasileño, en Foz de Iguazú. Las instituciones comunales controladas por Hizbulá para los treinta mil miembros de la comunidad chiíta en el ATFABP están en la ribera brasileña. Entonces, incluso en su “exilio” en Brasil, Barakat puede seguir participando en sus actividades corruptas en Paraguay y en el ATFABP ****.

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*Cientista político de nacionalidad italiana residente en los Estados Unidos de América, donde es un destacado integrante de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un “thinktank” con sede en Washington, D. C. El autor, antes, residiendo en Bruselas, estuvo al frente de otra organización no gubernamental, académica y política, el Instituto Transatlántico AJC. Ha enseñado en el Centro de Oriente Medio en el St. Antony’s College, Oxford. Su doctorado lo obtuvo en la Universidad Herbrea de Jerusalén a la que llegó tras haber iniciado sus estudios de grado en la Universidad de Bolonia. Escribe sobre Oriente Medio para varias publicaciones europeas y norteamericanas y entre sus intereses cognitivos están el terrorismo, el antisemitismo, el crimen organizado y las relaciones internacionales en general. Acerca de estas cuestiones ha publicado varios libros. En los últimos años estudia tales fenómenos con énfasis en Paraguay y el área de Triple Frontera sudamericana.

**TheNationalInterest (TNI) es una publicación norteamericana dedicada a las relaciones internacionales y fue fundada en 1985 por un intelectual norteamericano neoconservador, Irving Kristol. El enfoque teórico predominante es el de la Realpolitik anglosajona, que hunde sus raíces en la Alemania de Bismark. Este artículo fue publicado por TNI el 18 de abril de 2021. La traducción que ofrece El Nacional a sus lectores, revisada en nuestra redacción por José Luis Simón G. Nuestro medio publica el artículo pues así lo exige la formación del criterio público ciudadano, en el marco de la fundamental libertad de pensamiento que es propia de las sociedades abiertas.

*** La versión original del artículo escribe Hezbollah según la tradición imperante en lengua inglesa. Al revisar la traducción al español se optó por Hizbulá (Partido de Dios), una de las dos formas para denominar en nuestro idioma a tal organización terrorista palestino-libanesa, propuesta por la muy prestigiosa Fundación del Español Urgente (Fundéu), patrocinada por la agencia EFE y asesorada por la RAE.

**** Para quienes deseen leer el artículo en el inglés original, ofrecemos el enlace correspondiente:

https://nationalinterest.org/feature/paraguay%E2%80%99s-endemic-corruption-will-not-end-without-us-intervention-182856