Desvinculan a médica forense por varios errores en sus procedimientos

A través de la Resolución N.º 478, el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, dispuso la desvinculación de la médica forense Angelina Da Cruz González del Ministerio Público, efectiva a partir del 14 de febrero de 2025. Asimismo, ordenó que la profesional devuelva las credenciales y acreditaciones otorgadas por la institución a la Dirección de Gestión del Talento Humano y a la Dirección Administrativa.

La decisión se basó en un pedido del Dr. Pablo Lemir, titular de la Dirección de Medicina Legal, quien solicitó su desvinculación o, en su defecto, la apertura de un sumario administrativo por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones en la localidad de Katueté.

Uno de los motivos más polémicos que llevó a la desvinculación fue que a una niña, víctima de abuso sexual, le diagnosticó “abuso psicológico”, así como otro diagnóstico de la misma menor a la que le detectó “trastorno mental leve”, siendo que no le corresponde, ya que no es médica psiquiatra o psicóloga.

El caso tomó estado oficial el 10 de febrero, cuando la jueza penal de Garantías N.º 1 de Katueté, Alcira de Souza Lima Colmán, remitió a la Dirección de Medicina Legal un informe sobre las actuaciones de Da Cruz González. En dicho documento, la magistrada alertó sobre múltiples irregularidades, entre ellas la negativa de la médica a consignar las lesiones de un procesado, impidiendo así verificar si estas fueron causadas por un eventual exceso de la Policía Nacional. La jueza destacó que tal omisión podría acarrear graves consecuencias para el Estado paraguayo en materia de derechos humanos.

Asimismo, se detectó que la profesional realizaba diagnósticos médicos de víctimas de presuntos abusos sexuales en niños en su domicilio particular, lo que constituye una grave falta tanto desde el punto de vista médico-legal como de la ética profesional. Al no ser un centro asistencial adecuado, dicho entorno carece de las condiciones necesarias para garantizar la integridad y el bienestar de las víctimas, más aún tratándose de menores de edad.

Otro de los hechos señalados en el informe menciona que, en una causa de violencia familiar, la médica inspeccionó tanto a la víctima como al presunto agresor, firmando las actas con dos sellos distintos: uno como médica de guardia y otro como médica forense. Además, omitió la aplicación de los lineamientos básicos del Protocolo de Estambul, fundamentales para la valoración corporal de una persona detenida.

Por último, se constató que Da Cruz González emitió informes con diagnósticos psicológicos sin contar con formación en salud mental, lo que compromete la validez de sus evaluaciones en el ámbito judicial.

Con base en estos antecedentes, el Ministerio Público resolvió dar por terminadas sus funciones en la institución, priorizando el correcto desempeño de los profesionales encargados de la medicina legal.