Unos 10.000 expedientes de juzgados de Paz de Capital estaban en una empresa privada

El hallazgo demuestra un descontrol sobre expedientes que debían estar en los distintos juzgados de Paz de la Capital. Luego de las primeras diligencias practicadas esta semana por los fiscales asignados a investigar la causa conocida como la mafia de pagarés, demuestra como mínimo la complicidad de los funcionarios y jueces en el manejo de sus casos.

Además de los numerosos documentos encontrados en la residencia de Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de La Recoleta, se suma el hallazgo de 10.000 expedientes en una empresa privada.

La escandalosa cantidad de expedientes judiciales de todos los juzgados de Paz de Capital encontrados en la empresa, confirma la desprolija y grosera complicidad de los juzgados de Paz que han permitido que documentos donde se le exige cobro de guaraníes a particulares estén en posesión de una empresa privada.

Dentro de la investigación, la fiscalía realizó hoy la gestión para el traspaso de aproximadamente 10.000 expedientes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La diligencia fue encabezada por la agente fiscal Belinda Bobadilla, quien dispuso la entrega de los documentos para su resguardo institucional.

La firma que tenía en su poder la descomunal cantidad de causas se dedica a la compra y cobro de deudas, se constató que los expedientes se encontraban almacenados en sus oficinas.

En este sentido, el art. 118 del Código Procesal Civil establece los casos y condiciones en que los expedientes judiciales pueden salir de los juzgados, siendo responsabilidad de los actuarios de juzgados la custodia de los mismos mientras se encuentren en trámite, constituyendo un deber la remisión de los finiquitados a los archivos del Poder Judicial.

Representantes de la CSJ recibieron la documentación para su guarda, con un inventario que incluye la mención de los juzgados de origen, con ello todos los juzgados de Paz de Capital quedan bajo la sospecha de permitir que documentos que era utilizados para defraudar estén en manos privadas cuando debían estar en resguardo del Poder Judicial, desde un inicio.

La agente fiscal Belinda Bobadilla confirmó que hasta ahora la Corte Suprema de Justicia no ha enviado los pedidos de informes al Ministerio Público sobre las auditorías concluidas en los juzgados de Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot, Gustavo Villalba Báez.

Igualmente, se aguarda informe respecto a los demás juzgados de la Capital para ampliar el margen investigativo. Hasta el momento la fiscalía no ha formulado imputación contra ningún funcionario o juez salpicado por este esquema criminal montado para defraudar a trabajadores.