Arancel sinCERO

El decreto 4734/2021 que reglamenta la ley 6628/2020 “Que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas…, y modifica… el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEII)”, o mejor conocida como Ley de Arancel Cero, ha generado mucha polémica ya que según los precursores de la normativa se desvirtúa lo que ellos buscaban debido a que el decreto establece una serie de condicionantes para ser beneficiario de la exoneración de pagos arancelarios en universidades públicas.

El grupo impulsor reclama que cualquiera pueda acceder al beneficio. Sin embargo, desde el gobierno, se intenta focalizar a los beneficiarios. Para poner en contexto, en el año 2019, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción costaba matricularse 130.000 guaraníes y se pagaba por semestre. Este costo representa el 20% de la cuota mensual más barata de una universidad privada. Es decir, si comparamos de manera semestral, la proporción del costo es 23 veces mayor en una institución privada.

Uno podría decir que no es nada lo que se paga en una Universidad Pública, o al menos en la Facultad de Economía. Pero, en realidad el estudiante se enfrenta, cuanto menos, a los costos de transporte y alimentación y eso no es menor para familias con recursos escasos. Hagan los números y verán que para familias con ingresos de los deciles más bajos no es posible solventar estos costos.

Entonces ¿cómo es posible que el 97% de estudiantes con menos ingresos asistan a universidades privadas? (Ver gráfico 1). La hipótesis es que la mayoría trabaja para poder estudiar en el turno noche en alguna universidad que ofrezca programas en ese horario.

Gráfico 1: Distribución de estudiantes universitarios por deciles de ingresos y tipo de instituciones

En el gráfico 1 se puede ver también que la mayor proporción de estudiantes en universidades públicas pertenecen a estratos de ingresos con deciles altos. El informe Socioeconómico de Ingresantes de la Universidad Nacional de Asunción parece contradecir eso, destacando que en el año 2018 el 57% de sus ingresantes pertenecen al estrato medio bajo. Debo mencionar que dicho informe no posee una ficha técnica de la metodología de toma de muestras y que posee algunos cuestionamientos a la asignación de puntajes en la construcción del indicador socioeconómico (por ejemplo, tiene más puntos el nivel educativo de los padres que el ingreso familiar), por lo que sus resultados me parecen dudosos.

Si los estudiantes de universidades nacionales son de estratos medios y altos, entonces una normativa que proponga el acceso del beneficio de exoneración de pagos a todos no sería otra cosa que un subsidio destinado en gran parte a estudiantes que si pueden pagar. Y recursos mal utilizados no acortan brechas. En ese sentido, la focalización del beneficio podría resultar más provecho. Reforzando esta idea, debo citar al informe de Capital Humano del Banco Mundial (Gráfico 2) que nos muestra que en el nivel educativo superior estamos destinando más recursos a los estratos más altos.

Gráfico 2: Porcentaje de recursos y miles de millones de guaraníes destinados a estudiantes por niveles educativos

Aun en el marco de una correcta focalización, creo conveniente revisar el Decreto. Por ejemplo, no debería ser excluyente haber asistido a un colegio privado; la realidad socioeconómica va más allá de esto. Recuerdo el caso particular de un amigo que afronto serios problemas económicos debido a que sus padres se encontraban en proceso de divorcio y con la mayoría de edad quedaba fuera de la obligatoriedad de manutención del padre. Para prever situaciones como estas se podrían diseñar sistemas que determinen que los beneficiarios incluso puedan devolver las ayudas en el tiempo, condicionado al nivel de ingresos laborales, por supuesto.

Por otra parte, es importante profundizar el debate y revisar de manera profunda la tasa de ingresantes entre quienes provienen de escuelas y colegios públicos. Es muy probable que el problema de pocos estudiantes que pertenecen a niveles de ingresos más bajos en universidades nacionales provenga de la brecha de capacidades adquiridas en edades tempranas, en la primaria y/o en la secundaria (notar en el gráfico 2 de la Educación Media los recursos no son mayoritariamente para estudiantes que provienen de los estratos de ingresos más bajos).

Seamos sinceros, no existen aranceles cero. Alguien debe cubrir los costos de esos aranceles. Es importante dar un buen uso a los recursos para que efectivamente se generen oportunidades y se acorten las brechas. Y si hablamos de recursos, se debe mencionar la sostenibilidad de todo esto. La normativa de Arancel Cero será financiada con fondos del FONACIDE y el FEII, recordemos que estos fondos estarán disponibles hasta el año 2034.

Soy fruto de la educación pública y me gustaría que muchos tengan la oportunidad que yo tuve, considero necesario para eso que miremos a la educación como un todo, optimicemos los recursos y que cuando hagamos una evaluación de impacto los resultados sean auspiciosos.

Investigación para el Desarrollo

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