Peña no vetará autoaumento salarial del Congreso

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que no vetará un eventual aumento salarial para los legisladores nacionales, en caso de que sea aprobado e incluido en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025. Esta decisión surge en un contexto marcado por la polémica sobre el incremento de cinco millones de guaraníes en el salario de los parlamentarios, que pasarían a percibir un total mensual de 37 millones de guaraníes.

La Comisión de Hacienda del Senado dictaminó a favor de aumentar los gastos de representación de los legisladores, lo que elevaría significativamente sus ingresos. Según el dictamen, al sumar salario, dietas y otros beneficios, cada legislador recibiría 37 millones de guaraníes mensuales en 2025. A esto se añade un paquete de beneficios complementarios, como viáticos, combustibles y fondos destinados a asesores, lo que refuerza la percepción de desigualdad frente a la situación económica de la mayoría de los paraguayos.

Lo que dice Peña

El mandatario justificó su postura alegando que no puede desconocer la “generosidad” del Congreso hacia el Ejecutivo, dejando entrever una relación de mutua conveniencia entre ambos poderes del Estado. Sin embargo, esta afirmación ha despertado críticas entre sectores políticos y sociales, que consideran que el presidente debería asumir una posición más firme en defensa de los recursos públicos y la equidad social.

Críticas

Organizaciones civiles, gremios y líderes de opinión han manifestado su rechazo ante esta medida, calificándola como una falta de empatía con la población en un contexto de desigualdad económica. Según analistas, el aumento refuerza la percepción de que los legisladores están más interesados en privilegiar sus beneficios personales que en responder a las necesidades reales del país.

De aprobarse el aumento en sesión plenaria del Senado, se prevé un impacto negativo en la imagen del Congreso y del Ejecutivo. Esto podría influir en las próximas elecciones municipales y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.