La salud pública es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene el desarrollo humano, la calidad de vida y la productividad económica; por ende, la sostenibilidad de un país. Una población enferma no produce, menos se desarrolla: sobrevive, vegeta, se empobrece buscando soluciones —en algunos casos— inalcanzables y termina atrapada en un círculo de precariedad del que resulta tedioso y difícil de salir. Cuando el trabajador y su familia no tienen garantizado el acceso a la salud, también se deterioran las posibilidades de educación, movilidad social, recreación y el mismo progreso colectivo. Por eso, incluso en los países más liberales y modernos, la salud pública -nunca- puede quedar bajo las reglas del mercado.
Pero actualmente en nuestro país, donde lo anormal termina convirtiéndose en normalidad, y donde incluso cuestiones tan esenciales como la salud pública pueden quedar atrapadas en la improvisación, los negocios públicos y la decadente práctica del manejo político.
Nos referimos a nuestro querido Paraguay, comunidad con elevados índices de pobreza y una clase media estructuralmente débil, sin capacidad real de acumulación de ahorros, ni margen de reacción frente a dolencias complejas, epidemias y menos a enfermedades catastróficas. La informalidad laboral domina el mercado de trabajo y las desigualdades económicas profundas. En consecuencia, millones de paraguayos dependen directamente de instituciones y programas públicos para acceder a medicamentos, consultas y tratamientos de enfermedades crónicas. Sin embargo, a estos servicios públicos se accede por un conjunto de factores como las recomendaciones políticas, influencias o improvisación, convirtiendo una necesidad básica y de vida en una experiencia cotidiana de incertidumbre, resignación, hasta de compromiso electoral y humillación.
Dentro de esta compleja realidad, el Instituto de Previsión Social (IPS) representa la estructura sanitaria más sólida y solvente del país. Financiado por los aportes de trabajadores y empleadores, debería constituir una garantía y previsión de seguridad social para quienes sostienen la economía nacional. Sin embargo, esa aparente previsión y solidez tiene pies de barro: décadas de intervención estatal al ente, malos manejos tomando a la institución como un negocio o gran cliente y no un servicio público han erosionado su capacidad de respuesta y amenazan el desarrollo futuro de la misma.
Los resultados están a la vista: déficits permanentes, infraestructura insuficiente, esperas interminables y la creciente desconfianza de los aportantes que han empezado a migrar a otros programas sociales y de salud.
La situación actual no surgió imprevistamente. Desde hace años, el IPS ha sido tratado como un espacio de disputa política antes que como una institución técnica, financiera y social. Basta recordar el proyecto impulsado durante el gobierno del expresidente Nicanor Duarte Frutos, que pretendía intervenir la previsional otorgando amplias facultades extraordinarias al interventor, con facultades de administración discrecionales que incluían la venta de su patrimonio inmobiliario inclusive. Aquella iniciativa refleja una convicción desacertada y contradictoria a los fines de la institución, la de considerar al IPS como una dependencia más del poder político.
Y es precisamente en esta práctica donde reside uno de los grandes errores estratégicos y deudas históricas de los gobiernos con la previsional. Aunque el IPS es una entidad privada de derecho público, administrada con fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores, en la práctica ha terminado siendo manejada como si fuera un recurso del gobierno de turno. Esa distorsión ha permitido que los intereses políticos y contratistas del Estado vulneren una institución que debería responder exclusivamente a criterios técnicos, financieros y sanitarios de sus asegurados y aportantes.
La pandemia del COVID-19 expuso nuevamente esa problemática. Durante la emergencia sanitaria, el entonces presidente Mario Abdo Benítez dispuso que el IPS atendiera a toda persona, incluso a los no asegurados, en el marco de un plan de contingencia nacional. La decisión podía ser entendible desde una perspectiva sanitaria, humanitaria y excepcional, pero -el gran detalle- que nunca se saldó el costo de los gastos que asumió el instituto en dicho programa de salud pública.
Porque el IPS no pertenece a los gobiernos, pertenece a sus aportantes.
A todo esto se suma la reciente crisis institucional de la entidad. El expresidente del ente terminó renunciando luego de meses de cuestionamientos administrativos y denuncias. Apenas abandonó el cargo, comenzaron a acumularse investigaciones fiscales relacionadas con presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones.
En la actualidad, el nuevo titular, el doctor Isaías Fretes, asume con respaldo de sectores empresariales y expectativa social, por su condición de militar, profesor e investigador en medicina, y su larga carrera profesional y funcionario de la casa.
Sin embargo, la magnitud del problema supera ampliamente cualquier gesto de buena voluntad. El IPS ya no tolera simples parches y titulares de medios sin un programa a largo y mediano plazo de reformas estructurales, sin desatender el acuciante y exigente día a día de los servicios prestados por la institución a sus asegurados a nivel nacional.
La previsional hace agua tanto en el sistema sanitario como en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Solo en el área de salud, la deuda asciende a aproximadamente 1.238 millones de dólares. Para dimensionar la gravedad del problema, basta señalar que el IPS —que cubre a menos del 25% de la población— posee un pasivo que prácticamente equivale al presupuesto anual completo del Ministerio de Salud Pública.
La situación previsional tampoco es alentadora. Desde 2020, el Fondo de Jubilaciones arrastra déficits anuales cercanos a los 70 millones de dólares. De mantenerse esta tendencia, las reservas comenzarían a agotarse hacia el 2036 y posteriormente la institución tendría que consumir directamente su capital acumulado, con riesgo de insolvencia técnica alrededor de 2046. En otras palabras, miles de trabajadores podrían encontrarse dentro de dos décadas con un sistema quebrado y con aportes evaporados tras años de sacrificio. Esto no se puede permitir. Es donde la frase de la mesa económica instalada en el IPS, que haya descrito la situación como "un caos administrativo absoluto", toma real dimensión y fuerza.
A pesar de todas las circunstancias adversas, permanecen la oportunidad y esperanza de que las situaciones cambien y mejoren. El hecho de que finalmente hayan salido a la luz problemas que durante años todos sabían, pero no se asumían y menos se enfrentaban, se convierte en una oportunidad para el cambio en la lógica de las decisiones y sirve de ejemplo de lo que no se debe hacer en el nivel político.
Esto último, sea lo más importante de internalizar porque ningún modelo financiero funcionará si el IPS continúa siendo administrado bajo las viejas prácticas que lo han convertido en botín, en recurso electoral o en un negocio. No importa cuánto dinero ingrese: jamás alcanzará si continúa filtrándose por las porosas manos del control de los grandes intereses que cooptan las instituciones públicas.
El debate sobre el IPS ya no es solamente financiero o médico.
Es moral, social y político; podríamos decir hasta civilizatorio. Paraguay no puede seguir tolerando que la principal institución de seguridad social del país se desmorone ante la mirada impotente de quienes la sostienen con su trabajo —y con condición cómplice— con sus votos.
Con una nueva administración, que conlleva la responsabilidad histórica de romper definitivamente con la vieja lógica del IPS, de tratar al mismo como espacio de oportunidad de negocios o cuoteo político, al de devolver el carácter técnico, autónomo y transparente que nunca debió perderse y el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos y carta orgánica.
Porque si el IPS cae, no solo colapsará una entidad o un programa social y de salud. La misma institución de la República estará renunciando, en los hechos, al presupuesto y justificativo de su misma constitución y existencia, el de proteger los derechos a sus ciudadanos, quienes la sostienen con su esfuerzo, trabajo y contribución generosa, forjando la misma patria todos los días.
