EditorialAnálisis
Pocas instituciones reflejan con tanta claridad las contradicciones del Estado paraguayo como el Instituto de Previsión Social (IPS). Nació para brindar protección social, asegurar atención médica y garantizar una jubilación digna a los trabajadores formales y sus familias. Sin embargo, más de siete décadas después de su creación, se encuentra atrapado entre intereses políticos, problemas de gestión, déficits estructurales y una ausencia casi total de visión estratégica sobre el futuro de la seguridad mutual en Paraguay.
La crisis actual del IPS no es un accidente. Tampoco es exclusivamente consecuencia de una mala administración reciente. Es el resultado de históricas decisiones erráticas, utilización política de recursos institucionales y una profunda incapacidad del país para construir una verdadera política de desarrollo social.
Para comprender la magnitud del problema es necesario empezar por el marco legal de su creación. El IPS fue creado en 1943 mediante el Decreto-Ley N.º 17.071 y posteriormente organizada bajo la Ley N.º 98/92, que establece su Carta Orgánica. Su función es administrar el seguro social obligatorio para trabajadores del sector privado, cubriendo riesgos relacionados con enfermedad, maternidad, accidentes laborales, invalidez, vejez y muerte. Aquí aparece la primera particularidad que muchas veces genera confusión.
El IPS no es una dependencia del Gobierno Nacional. Tampoco es una institución pública financiada exclusivamente con impuestos. Técnicamente constituye una entidad autónoma de derecho público con patrimonio propio, financiada principalmente mediante aportes de trabajadores y empleadores. Es decir, los recursos que administra no pertenecen al Tesoro Nacional, sino a los asegurados.
En teoría, esta autonomía debería proteger a la institución de las presiones políticas de cada gobierno. En la práctica ocurre exactamente lo contrario. Aunque los fondos provienen de trabajadores y empresas, las máximas autoridades son designadas por el Poder Ejecutivo. Los cambios de gobierno suelen venir acompañados de "movidas" en la conducción institucional, generando una dependencia política que contradice la lógica técnica y actuarial que debería regir la seguridad social.
Este diseño híbrido ha generado uno de los mayores problemas históricos del IPS: una institución financiada por el sector privado pero administrada bajo criterios frecuentemente influenciados por la política pública. El resultado son inversiones cuestionadas, contrataciones polémicas, expansión administrativa desordenada, compras bajo sospecha, déficit en infraestructura hospitalaria y una creciente percepción ciudadana de que el dinero de los aportantes no siempre se administra bajo criterios de eficiencia.
¿Quién protege realmente los recursos de los asegurados? Porque el IPS no administra dinero estatal, administra el ahorro previsional y sanitario de cientos de miles de trabajadores paraguayos. Sin embargo, el debate suele concentrarse exclusivamente en la coyuntura, se denuncian casos, se reemplazan autoridades, anuncian auditorías y luego todo vuelve a la normalidad hasta el siguiente escándalo. Mientras tanto, los problemas estructurales permanecen intactos, principalmente el mayor inconveniente: la sostenibilidad financiera.
Paraguay posee una de las tasas más bajas de cobertura previsional de América Latina. Una gran parte de la población económicamente activa trabaja en la informalidad y no aporta al sistema. Esto genera una relación cada vez más compleja entre aportantes y beneficiarios. La lógica de cualquier sistema previsional es sencilla: los trabajadores activos financian las prestaciones actuales mientras se acumulan reservas para las futuras generaciones. Cuando la base de aportantes crece lentamente y la expectativa de vida aumenta, la presión financiera se vuelve inevitable.
A modo de ejemplos frente a otros países: Chile enfrenta una profunda discusión sobre la reforma de su sistema de pensiones; Uruguay también reformó recientemente su régimen previsional para responder al envejecimiento poblacional; España revisa constantemente la sostenibilidad de la seguridad social; mientras que Alemania y Francia enfrentan debates similares. La diferencia es que esos países discuten el problema desde una perspectiva de política de Estado. Paraguay aún no ha llegado a esa etapa.
Aquí el debate sigue centrado en administraciones, escándalos o nombramientos, mientras las cuestiones de fondo permanecen relegadas. La seguridad social no es únicamente un mecanismo jubilatorio. Constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano. Los países con mejores indicadores de calidad de vida poseen sistemas sólidos de salud, previsión y protección social. No son gastos. Son inversiones que reducen pobreza, aumentan productividad y generan estabilidad económica.
Lo que está en discusión es el modelo de protección social que Paraguay quiere construir para las próximas décadas. Hoy el país exhibe indicadores económicos relativamente favorables, crecimiento sostenido y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, continúa mostrando enormes debilidades en materia de cobertura social.
Las decisiones suelen responder a urgencias políticas inmediatas, mientras los desafíos actuariales requieren horizontes de veinte o treinta años. Ningún sistema previsional puede sostenerse bajo la lógica electoral. No estamos desarrollando una política de desarrollo social, más bien se están administrando problemas, tampoco existe una discusión nacional seria sobre cobertura universal, envejecimiento poblacional, sostenibilidad financiera, formalización laboral o modernización del sistema previsional. Sin esa discusión, cualquier reforma será parcial y cualquier solución será transitoria.
La verdadera discusión es qué modelo de protección social pretende construir Paraguay para los próximos treinta años. Un país que aspira a convertirse en plataforma logística, energética e industrial no puede sostener indefinidamente un sistema previsional con baja cobertura, débil institucionalidad y escasa planificación actuarial. El desafío excede ampliamente al IPS.
Lo que está en debate es la capacidad del Estado paraguayo para ofrecer certezas mínimas a quienes trabajan, producen y aportan durante toda una vida. No obstante, en medio de este escenario complejo, la actual administración del doctor Isaías Fretes comienza a mostrar señales que permiten albergar una esperanza de cambio. Ojalá esos esfuerzos encuentren el respaldo institucional y político necesario para consolidarse, y no terminen truncados por las mismas disputas e intereses que históricamente han impedido las transformaciones que la previsional necesita.
