En prácticamente todos los países del mundo, ejercer una profesión exige un título universitario legalmente expedido y registrado por las autoridades competentes. La educación superior no constituye solamente un servicio; representa una garantía pública de calidad, ética profesional y protección de la sociedad.
Por esa razón, la creación y habilitación de universidades nunca debería convertirse en un simple trámite administrativo ni, mucho menos, en un negocio especulativo.
En Paraguay, durante las últimas tres décadas, la educación superior experimentó un crecimiento extraordinario. De un reducido número de universidades públicas y privadas se pasó a decenas de instituciones distribuidas en numerosos municipios del país. Esta expansión permitió mayor acceso a la educación, pero también abrió interrogantes sobre los mecanismos de habilitación, supervisión y control.
La primera pregunta que merece respuesta es sencilla: ¿cuántas universidades existen actualmente habilitadas en Paraguay, cuántas son públicas y cuántas privadas, y cómo evolucionó ese número durante los últimos treinta años?
La segunda resulta aún más importante: ¿responde esa expansión a una planificación educativa o simplemente al crecimiento del mercado universitario?
Desde la promulgación de la Ley N.º 4995/2013 de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) pasó a ser el órgano responsable de habilitar y supervisar las instituciones de educación superior, mientras que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) evalúa la calidad de las carreras. Sin embargo, diversos informes recientes muestran diferencias importantes entre carreras habilitadas y carreras acreditadas, lo que ha generado preocupación sobre los controles de calidad.
Pero existen interrogantes que todavía esperan respuestas claras. ¿Puede una universidad obtener su habilitación y permanecer inactiva? ¿Es posible transferir la propiedad o el control de una institución ya autorizada? Y, si ello ocurre, ¿qué participación tienen el Gobierno y las instituciones públicas responsables de la habilitación, seguimiento y control para garantizar que se mantengan las condiciones bajo las cuales fue autorizada?
En el derecho societario paraguayo, una universidad puede estar organizada bajo distintas figuras jurídicas, dependiendo de su creación y naturaleza: asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones o sociedades comerciales cuando la legislación aplicable lo permite. Sin embargo, una cosa es transferir la personalidad jurídica propietaria y otra muy distinta transferir la habilitación otorgada por las autoridades competentes, ya que esta última se concede bajo determinadas condiciones legales y académicas. La respuesta depende de la normativa vigente y de las resoluciones administrativas aplicables.
Estas preguntas cobran especial relevancia porque la habilitación de una universidad representa un bien jurídico de enorme valor económico y social. Si existieran operaciones de compraventa de sociedades propietarias de universidades, correspondería conocer bajo qué condiciones se realizan, qué organismos las controlan y si el Gobierno verifica que el proyecto educativo originalmente autorizado continúe cumpliendo los requisitos legales.
También corresponde preguntarse cuál es el papel del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del CONES y de los demás organismos de control. ¿Existe un seguimiento permanente de las universidades habilitadas? ¿Se fiscaliza el funcionamiento real de las instituciones? ¿Se verifica que mantengan infraestructura, docentes, investigación y servicios académicos acordes con las exigencias legales?
Las recientes actuaciones del CONES sobre carreras y universidades con situaciones irregulares demuestran que aún existen desafíos importantes en el sistema de control.
La educación superior no puede reducirse a un mercado donde las autorizaciones administrativas adquieran valor comercial. Cada universidad representa una responsabilidad con miles de estudiantes, sus familias y con la sociedad entera. Cuando se pone en duda la seriedad del sistema, el perjuicio no solo alcanza a las instituciones, sino también a las familias que realizan enormes esfuerzos económicos para financiar la formación universitaria de sus hijos e hijas, confiando en que recibirán una educación de calidad y un título con pleno reconocimiento.
Por ello resulta oportuno que el Congreso Nacional, el MEC, el CONES, la ANEAES, la Contraloría General de la República y la ciudadanía conozcan con absoluta transparencia cómo se habilitaron las universidades durante las últimas décadas; cuántas funcionan efectivamente; cuántas permanecen inactivas; quiénes son sus propietarios; cuáles cambiaron de control societario; y bajo qué procedimientos legales se autorizaron esos cambios.
La educación no puede convertirse en un activo financiero sujeto únicamente a intereses comerciales. El prestigio de un título universitario depende de la confianza pública. Y esa confianza solo puede construirse con transparencia, controles eficaces y rendición permanente de cuentas.
Si el Paraguay aspira a una educación superior de calidad, la pregunta ya no es únicamente cuántas universidades existen. La verdadera pregunta es si todas ellas cumplen el compromiso académico y social para el cual fueron autorizadas por las instituciones públicas competentes.
