EditorialAnálisis
Las recurrentes crisis de abastecimiento de medicamentos que afectan al sistema de salud paraguayo ponen en evidencia una vulnerabilidad que trasciende la coyuntura. Lo ocurrido en el Instituto de Previsión Social (IPS), por ejemplo, donde miles de asegurados se han visto obligados a peregrinar entre farmacias privadas para acceder a tratamientos básicos, no constituye únicamente una falla administrativa, lo que ha quedado al descubierto es la elevada dependencia que Paraguay mantiene respecto a medicamentos importados. La producción nacional de medicamentos genéricos no resolverá por sí sola los problemas de la salud pública, pero sí podría convertirse en una herramienta estratégica para reducir costos, ampliar el acceso a tratamientos y fortalecer la capacidad del Gobierno para responder a las necesidades sanitarias de la población.
Durante décadas, la política sanitaria paraguaya se concentró en la compra de medicamentos a proveedores externos, muchos de ellos dependientes de cadenas internacionales de producción y distribución. Este esquema permitió cubrir necesidades inmediatas, pero también generó una dependencia creciente que hoy muestra sus límites. Cada retraso en las importaciones, cada problema logístico, cada licitación fallida o cada incremento de costos termina repercutiendo directamente en hospitales, centros de salud y asegurados que requieren tratamientos permanentes para enfermedades crónicas.
Las dificultades registradas en el IPS durante los últimos años terminaron revelando un problema mucho más amplio que compromete a todo el sistema sanitario nacional: Ministerio de Salud Pública, toda la red de asistencia sanitaria del país, como así también al Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Lo que inicialmente aparecía como una crisis de abastecimiento en una institución específica derivó en una discusión más profunda sobre la capacidad del Estado paraguayo para garantizar el acceso a medicamentos esenciales. En un país donde la cobertura sanitaria sigue siendo limitada para amplios sectores de la población, la falta de disponibilidad de fármacos básicos no puede considerarse un problema secundario ni exclusivamente administrativo.
La experiencia internacional demuestra que numerosos países han optado por fortalecer capacidades públicas de producción farmacéutica como parte de sus estrategias de seguridad sanitaria. Brasil desarrolló una red de laboratorios públicos que produce medicamentos estratégicos y de condición genérica para su sistema nacional de salud. Argentina ha mantenido históricamente capacidades estatales de elaboración de medicamentos genéricos orientadas a reducir costos y asegurar el abastecimiento. Incluso en economías altamente desarrolladas, los Gobiernos conservan herramientas de intervención cuando se trata de productos considerados críticos para la salud pública.
Paraguay cuenta con condiciones que le permitirían avanzar en esa dirección. El país dispone de profesionales bioquímicos, farmacéuticos e investigadores altamente capacitados, muchos de ellos vinculados a instituciones públicas. El propio IPS llegó a contar con capacidad de producción de determinados medicamentos y posee experiencia acumulada que podría servir como base para un proceso de reactivación y modernización. A ello se suman ventajas competitivas derivadas de regímenes especiales de importación de materias primas y equipamientos, que podrían facilitar la construcción de una plataforma farmacéutica nacional con costos relativamente competitivos.
Naturalmente, una política de producción pública de medicamentos exige inversiones significativas en infraestructura, laboratorios modernos, equipamientos especializados y sistemas de control de calidad que cumplan con estándares internacionales. Nadie plantea que se trate de una solución sencilla ni inmediata. Sin embargo, el análisis no puede limitarse únicamente al costo de la inversión inicial. También debe contemplarse el ahorro potencial en compras públicas, la reducción de la dependencia externa, la capacidad de responder ante situaciones de emergencia y el impacto positivo que tendría sobre el acceso de la población a medicamentos esenciales de bajo costo.
Tampoco se trata de sustituir completamente al sector privado ni de replicar modelos estatistas que han demostrado limitaciones en otras experiencias. El objetivo debería concentrarse en aquellos medicamentos de alto consumo y uso masivo que representan una parte importante del gasto sanitario nacional. Analgésicos, antihipertensivos, antibióticos básicos y tratamientos para enfermedades crónicas podrían formar parte de una estrategia gradual orientada a fortalecer la autonomía del sistema de salud y a generar una referencia de precios que beneficie al conjunto de la población.
Detrás de esta discusión subyace una cuestión aún más relevante: la relación entre salud, ciencia y desarrollo nacional. Los países que han logrado consolidar sistemas sanitarios robustos entendieron que la salud pública no depende exclusivamente de hospitales, médicos o programas asistenciales. También requiere capacidades científicas, tecnológicas e industriales que permitan responder a las necesidades de la población sin depender enteramente de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. La pandemia dejó una lección contundente en este sentido, demostrando que las cadenas globales de suministro pueden verse interrumpidas precisamente cuando más se las necesita, vulnerando de esta manera la soberanía nacional.
Paraguay suele debatir con frecuencia sobre soberanía energética, soberanía alimentaria o desarrollo industrial. Sin embargo, rara vez incorpora la dimensión sanitaria dentro de esa misma visión estratégica. Resulta difícil pensar en un sistema de salud sólido cuando la provisión de medicamentos esenciales depende casi exclusivamente de importaciones y de mecanismos de compra que periódicamente muestran importantes niveles de fragilidad.
Lo que está en juego es la capacidad del país para construir una política sanitaria menos dependiente y más orientada al interés público. En una nación donde miles de ciudadanos siguen enfrentando dificultades para acceder a medicamentos, fortalecer la capacidad estatal de producir fármacos esenciales debería dejar de verse como una aspiración lejana y comenzar a asumirse como una necesidad impostergable. Porque un país que no puede fabricar los medicamentos que necesita tampoco puede decir que tiene plena soberanía sobre la salud de su población.
