EditorialAnálisis
Las naciones no se diferencian únicamente por los recursos que poseen, sino por la inteligencia con la que administran las riquezas extraordinarias que la historia les concede. Noruega y Paraguay son ejemplos elocuentes de esa afirmación. Ambos recibieron ingresos excepcionales provenientes de recursos naturales. Los noruegos descubrieron petróleo en el Mar del Norte. Paraguay encontró en Itaipú y Yacyretá una fuente permanente de recursos derivada de su patrimonio hidroeléctrico - como el Paraná, la construcción de las represas, fuente limpia y sustentable constituyéndose en un activo patrimonial de relevada importancia -; sin embargo, mientras uno transformó esa riqueza en un patrimonio financiero capaz de sostener varias generaciones, el otro la convirtió, en buena medida, en gasto corriente, obras dispersas y oportunidades perdidas.
El caso noruego es hoy una referencia mundial. Su Fondo Global de Pensiones, alimentado por los ingresos del petróleo y administrado bajo reglas estrictas de largo plazo, supera ampliamente el billón de dólares en activos y genera rentabilidad año tras año. La decisión política fue sencilla en su concepto, aunque extraordinaria en su ejecución: el recurso natural era finito y debía convertirse en riqueza permanente. En lugar de consumir íntegramente esos ingresos, el Estado noruego decidió invertirlos en activos financieros distribuidos por todo el mundo. Hoy, los rendimientos del fondo constituyen una fuente estable de ingresos para la economía noruega, aun cuando la producción petrolera disminuya en el futuro.
Paraguay siguió el camino inverso. Desde la entrada en funcionamiento de las grandes hidroeléctricas binacionales comenzaron a ingresar miles de millones de dólares en concepto de royalties y compensaciones. Se trató de ingresos extraordinarios, independientes del esfuerzo tributario interno y derivados de un activo estratégico que pertenece a todos los paraguayos. Aquellos recursos ofrecían una oportunidad histórica para construir un fondo soberano, fortalecer reservas patrimoniales, financiar inversiones de alta rentabilidad o desarrollar un instrumento capaz de generar ingresos permanentes para las siguientes generaciones. En cambio, prevaleció la lógica del reparto inmediato.
La distribución de los royalties hacia gobernaciones y municipios respondió más a criterios políticos que a una visión estratégica de desarrollo nacional. El objetivo de descentralizar recursos podía resultar atendible, pero la ausencia de planificación, controles efectivos y criterios de inversión convirtió buena parte de esos fondos en una fuente permanente de clientelismo, infraestructura de escaso impacto económico y proyectos que pocas veces modificaron la productividad del país. La riqueza extraordinaria terminó financiando gastos ordinarios. El patrimonio se consumió en lugar de multiplicarse.
Resulta imposible calcular con precisión cuánto patrimonio financiero habría acumulado Paraguay si una parte significativa de los ingresos hidroeléctricos hubiera sido destinada durante décadas a un fondo soberano administrado profesionalmente. Lo que sí puede afirmarse es que hoy el país contaría con un activo capaz de generar rentas permanentes sin depender del comportamiento del río Paraná, de las negociaciones con Brasil y Argentina o de los ciclos políticos internos. Ese capital habría operado como una segunda hidroeléctrica: no produciría energía, sino rentabilidad financiera. Cada año aportaría nuevos recursos para infraestructura, educación, innovación o estabilización económica sin erosionar el capital original.
La diferencia entre Noruega y Paraguay no reside únicamente en la disponibilidad de recursos. Reside, sobre todo, en la calidad de sus instituciones y en la capacidad de sus dirigentes para pensar más allá del siguiente período electoral. Noruega entendió que los recursos extraordinarios pertenecían también a ciudadanos que aún no habían nacido. Paraguay actuó como si esa riqueza solo debiera satisfacer las urgencias políticas del presente. El costo de esa visión cortoplacista no se mide únicamente en dinero perdido; también se refleja en la ausencia de un patrimonio nacional capaz de proteger al país frente a futuras crisis económicas.
Cada revisión del Anexo C de Itaipú, cada discusión sobre royalties y cada debate presupuestario deberían servir para corregir un error histórico que todavía puede evitar seguir profundizándose. Paraguay continúa siendo una potencia energética con ingresos excepcionales que merecen un tratamiento excepcional. Persistir en la lógica del reparto automático significará prolongar un modelo que ya demostró sus limitaciones. Convertir parte de esa riqueza en un verdadero fondo soberano, administrado con independencia, transparencia y criterios técnicos, no resolverá todos los problemas del país, pero sí comenzará a construir un patrimonio que hoy no existe. Noruega demuestra que los recursos naturales pueden transformarse en riqueza permanente. Paraguay todavía está a tiempo de decidir si quiere seguir gastando su futuro o empezar a invertir en él.
