Tambalea la soberanía

La corrupción socava la democracia, arriesga la legitimidad del Estado y frena el desarrollo y la equidad social. Del latín corrumpere, corrupción significa arruinar, echar a perder, y se la relaciona con la degeneración, suciedad, decadencia, desintegración e ilegalidad. Al respecto, Transparency International, la organización global anticorrupción, mide los niveles de casos de soborno, desvíos de fondos, funcionarios que usan cargos para beneficio privado sin sufrir consecuencias, burocracia excesiva y nepotismo; en este examen, Paraguay no supera la prueba ni por cerca, situándose en el segundo puesto del país más corrupto, después de Venezuela.

No solamente aquel que asalta bancos es un criminal, los grupos económicos que llevan adelante prácticas ilegales en detrimento del desarrollo de un país también lo son; así como lo son aquellos que distorsionan precios o sobornan a parlamentarios para favorecerse con leyes que beneficien sus intereses. Son criminales y corruptos quienes se alían con concejales para lograr modificar un plan de ordenamiento territorial de la ciudad y construir un edificio en un barrio residencial, también hay que detenerse en el florecimiento de las estaciones de servicio; todos estos hechos son actos corruptos que corroen la estabilidad política, social y económica del Paraguay. El combate contra este flagelo solo será efectivo si se combinan los esfuerzos de diversos actores, incluyendo el sector público y el privado, también la sociedad civil. La corrupción es la consecuencia de que esos grupos económicos hagan negociados en la función pública de manera ilegal.

En Paraguay parece ser que todo es relativo y eso se debe a la debilidad institucional que prima. Para los sectores económicos es mucho más fácil que los brazos de poder sean débiles, porque un Gobierno fuerte, honesto, patriota y comprometido con los grandes objetivos nacionales, no dejará márgenes a las acciones irregulares. Para el sistema de corrupción vigente, es mucho más beneficioso tener a un títere en los altos cargos, con quien se pueda arreglar todo de acuerdo a la conveniencia. Esto nos lleva a tener los actuales índices negativos a nivel internacional.

El país seguirá estancado hasta que no existan castigos justos por pagos de coimas y chantajes, por sobrecostos que hunden cada vez más la economía, por tráfico de influencias y por sistemas tributarios abusivos para los más pobres. Se debe castigar también el uso de los recursos públicos para favorecer arbitrariamente a un sector político o económico. Todas estas acciones son formas en que se manifiesta la corrupción, cada vez más incrustada en las venas del poder. Esto nos hace retroceder y la ciudadanía exige cambios.

La impunidad, la injusticia social, la complicidad de los poderes públicos y privados -junto a grupos económicos que operan para su propio beneficio-, la cultura política de la informalidad y de la postergación de los gobernantes, constituyen los pilares de los niveles de corrupción que imperan en el Paraguay. Esto representa un problema institucional y político que exige soluciones estructurales. Los políticos tránsfugas ​deben desaparecer del poder, aquellos representantes que, traicionando a la patria, pactan con otras fuerzas diferentes a sus agrupaciones partidarias para mantener una mayoría gobernante. Esta será la única manera de eliminar desde la raíz los actos corruptos que mantienen a los paraguayos en zozobra y hacen tambalear la soberanía.