La democracia en el Paraguay debe ser posible

La democracia es un sistema de gobierno contemplado desde la antigüedad -300 AC- e incorporado al Paraguay en la Constitución Nacional de 1992. La misma tiene como fundamento el traslado de la facultad de elegir las máximas autoridades del país al mismo pueblo -de forma directa- al ciudadano habilitado como elector. Por ello se debe evacuar toda duda de ilegitimidad, menos aún de legalidad de las elecciones generales realizadas el pasado domingo 30 de abril. En el artículo 118 de la Constitución Nacional se establece que el sufragio “se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio público y fiscalizado”, la reglamentación y forma de votar está reglada en el Código Electoral y en leyes especiales.

La reincorporación de las denominadas urnas electrónicas no ha sido lo suficientemente clara y convincente -cuándo no-, aportando más oscuridad que luz al proceso electoral.

Las primeras experiencias con la utilización de tecnología en el acto electoral y posterior escrutinio (internas ANR 2002 y 2006) fueron más que suficientes para sembrar desconfianza en los electores, contribuyendo a que los resultados finales electorales no reflejaran la intención y clima electoral de preferencias anterior al mismo. Las urnas electrónicas fueron dejadas de lado por disposición del propio TSJE, no volviendo a ser utilizadas desde el 2006.

Sin tener en cuenta esta experiencia y otras en diferentes países del mundo, volvieron a reinstalar su uso en nuestro país con una ley del 2019, con el presupuesto de que sin la misma no podría darse el desbloqueo de candidatos en las listas o el voto preferencial. Se complicó aún más el proceso, admitiendo internas entre colegas candidatos de la misma lista.

Con una reforma modificaron prácticamente el sistema electoral, sin darle la atención necesaria a lo más importante y fundamental que debió ser el control al financiamiento de campañas políticas y sus sanciones.

Además se podría considerar, desde el plano legal, que se han debilitado las bases sobre la que descansa nuestra misma democracia y vulneran la misma Constitución Nacional, en cuanto a disposiciones como la del voto secreto y el conteo de los mismos o escrutinio, que debe realizarse a la vista de las autoridades de mesa y apoderados -siempre- de forma pública.

A pesar de todos estos argumentos, el Congreso Nacional, a iniciativa de legisladores de partidos de oposición, lograron la sanción y finalmente fue promulgado por el Poder Ejecutivo, estableciéndose el uso del voto electrónico y el desbloqueo de las listas de carácter obligatorio en los procesos electorales.

Ante las dudas que puedan surgir sobre los resultados electorales y sus probables causas, surgen de nuevo los fantasmas de posibles fraudes entre otros temas recurrentes. Se exige la apertura del Sobre número 4, sin tener en cuenta que el escrutinio se realizó (lo hace la máquina tecnológicamente) al concluir la votación y de haber objeciones o incidentes, tuvieron que ser asentadas en el acta de cierre de la mesa electoral. A partir del reconocimiento del escrutinio y de que este resultado sea asentado en el acta y firmado por los miembros de mesa, los boletines de voto (contenido del Sobre 4) pasan a ser basura electoral (término utilizado por el propio ministro electoral Rossel).

La Justicia Electoral aclara que el motivo de la existencia del mismo -a pesar de que no se pueda abrir- es con el objetivo sólo “de no tirar las papeletas a la basura como en tiempo pasado y resguardar, como dice la Ley” (Código Electoral establecido por la Ley n.º 834 en el año 1996). Sin embargo, desde la misma organización de la Concertación Nacional y el Partido Cruzada Nacional, organismos políticos que, según los resultados preliminares, ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, en las ultimas elecciones, aseguran que es la única manera de saber si los resultados y cómputos finales corresponden o no a la cantidad de boletines de voto que se encuentran en el Sobre 4.

Ya no se sabrá y tampoco tendrá relevancia legal, pero la transparencia del acto electoral en sí y la legitimidad de las autoridades electas han quedado cuestionadas.

Con seguridad, se abrirá el debate próximamente en el Congreso y los partidos políticos sobre el uso de las urnas electrónicas.

Solo nos queda ratificarnos desde El Nacional, que en toda reforma debió realizarse conforme a investigaciones, experiencias y resultados confirmados; en la búsqueda de mejorar valores como la transparencia, la legitimidad de las nuevas autoridades electas y sobre todo la legalidad en la que deben sustentar su actuar público. Y no de introducir cambios sin el suficiente asesoramiento técnico y dejar a las variables e improvisaciones el desenlace y resultado final.

La democracia es un sistema de gobierno inclusivo y participativo, se la concibe como un logro después de una larga lucha política en el Paraguay. Debemos mejorarla en calidad y resultados y, sobre todo, debemos hacerla posible.