Terna con uno

El Consejo de la Magistratura (CM) tiene 28 años de vida constitucional. En octubre del 2022 se cumplió otro aniversario del inicio de sus actividades, en recordación de la primera sesión celebrada por sus miembros, doctores Federico Callizo Nicora, Luis Alberto Real Riera, Carlos Fernández Gadea, Francisco Pussineri Oddone, Carlos Alberto González, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, Florentín López Cáceres, Ramón Silva Alonso y Sixto Volpe Ríos. La misma tuvo lugar en el histórico otrora Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López, actualmente sede del Parlamento Nacional.

En el año 1994 quedó sancionada la Ley 439 que modifica disposiciones de la Ley 296 “que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”. El Congreso de la Nación sancionó con fuerza de ley la modificación del artículo 11 de la Ley 296, que decía lo siguiente: “Art. 11.- Del quórum y de las mayorías. A los efectos de la formación del quórum y de las mayorías se observará lo dispuesto en el artículo 185 de la Constitución Nacional. El Consejo sólo puede sesionar válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Se requieren (6) seis votos favorables, como mínimo, para la adopción de las resoluciones que se relacionen con las atribuciones previstas en el artículo 264, inciso 1) y en el artículo 275 de la Constitución Nacional. Las resoluciones que adopte en el ejercicio de las atribuciones contempladas en el artículo 264, inciso 2) y en el artículo 269 de la Constitución, deben ser tomadas por mayoría absoluta de votos. En los casos previstos precedentemente, los votos deberán ser emitidos por escrito y fundados. Para cualquier otro tipo de resolución basta la simple mayoría. En ningún caso, quien ejerza la Presidencia del Consejo de la Magistratura tendrá doble voto. Las notificaciones de las reuniones extraordinarias serán hechas en forma fehaciente a cada uno de los miembros del Consejo”.

Con la dilatación -innecesaria y excesivamente desgastante- de la elección de candidatos para la terna destinada a la Corte Suprema de Justicia, lo único en claro es la ausencia de criterio objetivo e institucional en la búsqueda de consenso por parte de los consejeros en el perfil de los candidatos. El Consejo de la Magistratura ha aprobado un reglamento -engorroso y hasta superfluo- que incluye exámenes de conocimientos académicos, evaluaciones psicotécnicas, audiencias públicas, etc., para posteriormente dejar de lado todo esto y subordinar estos valores, al padrinazgo del sector de poder de turno como condición para estar en la misma. Y como estamos en final de un mandato de gobierno y próximo a elecciones, no saben si dar el gusto a los que se van, a los que se debían haber ido ya -pero parece que se quedan-, a los que por las dudas no deben hacer enojar y a los que puedan llegar; así, cada grupo con el nombre de un candidato y los consejeros como soldados de plomo cumpliendo las órdenes que reciben, desde fuera del organismo extrapoder que integran, dejando de lado juramentos, dignidad, fueros y la investidura de ser tratados con el mismo rango que los ministros de la Corte, pasan a ser simples mandaderos o perkins de los poderosos del momento.

Se menciona que la causa de tanta degradación es la politización del Consejo de la Magistratura con la integración de representantes del Congreso Nacional; sin embargo, los representantes de las universidades (tanto pública como privada) y menos aún los abogados electos en el gremio de profesionales (se comportan como partidos políticos) aportan alguna cuota de objetividad, ética y mucho menos excelencia a la gestión.

Un punto que pone un manto de dudas sobre el proceso, es que los consejeros hayan aprobado que la institución no elabore un ranking de postulantes, para que la ciudadanía no tenga la impresión de que solamente se deben ternar a las primeras posiciones. El reglamento del concurso señala que todos los postulantes que hayan alcanzado mínimamente 70 puntos tienen la posibilidad de integrar la terna, justificaron. Todo apunta, a que los representantes del CM se preparan para dar un nuevo golpe a la confianza ciudadana y al debilitado Poder Judicial. La decisión de no dar a conocer el ranking de postulantes es por la simple razón de que quieren ubicar en la lista definitiva para la Corte Suprema a los candidatos corporativos y no a los idóneos y mejores.

La Ley 6937/22 y la publicidad de las sesiones no están dando los resultados esperados tampoco, ya que se puede malinterpretar y se presta al juego mediático al instalarse en la opinión pública, por ejemplo, que existe hasta ahora un solo candidato con seis votos que integra esa importante nómina; cuando que, mientras no se definan los otros dos nombres, no tenemos aun la terna y para integrar la misma se debe proceder al voto emitido por escrito y fundado, según reza el artículo 11 de la Ley 439 “Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”.

El significado de terna es conjunto de tres personas propuestas para que, de entre ellas, se designe la que haya de desempeñar un cargo o función. En varias oportunidades en el mismo Consejo de la Magistratura candidatos con seis votos fueron sustituidos nuevamente -por justamente no encontrarse el consenso- o porque el perfil técnico requerido era de otra especialidad (civil, penal o constitucional). No hay terna si no designan a tres candidatos.

El país se encuentra en un proceso de elecciones y cambios políticos, debilidad institucional en los tres poderes del Estado; una red de corrupción, como nunca antes se haya tenido; inseguridad jurídica y física, deficiente provisión de los servicios públicos y, por si todo esto fuera poco, el sistema judicial que desnuda la fragilidad y cooptación sumisa en la que se encuentra.

Estamos a seis semanas de conocer quién será el próximo presidente de la República del Paraguay, el fiscal general iniciando gestiones, la Corte Suprema de Justicia paralizada y expectante de quién será el nuevo integrante del órgano más importante de la República en materia de administración de justicia; y mientras los diferentes grupos de poder miden sus fuerzas tratando de imponer a sus candidatos en espacios estratégicos -con el fin de cubrir la retirada-, la población nacional sigue esperando que llegue el día que un gobierno patriota y honesto se apee de gobernar para sí y busque el reencuentro con su pueblo y devuelva la paz, brinde oportunidades a todos, la seguridad y, por sobre todo, la esperanza de que pronto volveremos a vivir en el país que nos merecemos.