Hasta las joyas de la abuela

El Instituto de Previsión Social (IPS) es el ente responsable de administrar el seguro social en el Paraguay. Fue creado por Decreto según la Ley n.º 17.071, en el año 1943, durante el gobierno de Higinio Morínigo. El propósito de la institución es el de proteger la salud de los trabajadores asalariados del Paraguay. Considerando que “es función propia del Estado asegurar al ciudadano los medios que le pongan a cubierto de los azares de la vida en lo que respecta a enfermedad, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo, etcétera”. Por esta razón, los asegurados son los principales perjudicados con el desprolijo manejo administrativo del IPS.

Desde ningún punto de vista una institución, administradora de los fondos sociales, puede pretender evitar compartir o dar información al órgano de control con rango constitucional, como lo es la Contraloría General de la República (CGR). Justamente, la previsional debería ser la primordial interesada en transparentar su gestión ante toda solicitud de informes.

Como antecedente, recordemos que en noviembre del año pasado, la CGR solicitó documentos relativos a la deuda acumulada de USD 250 millones contraída con empresas farmacéuticas, así también otros, sobre las líneas de crédito aprobadas por el Consejo de Administración, cifra que ya superarían los G. 425.000 millones. Hasta el día de hoy, estos pedidos no fueron respondidos de forma clara y en su totalidad.

En julio del 2022, el contralor general de la República dijo al titular del IPS que el síndico designado por la institución que representa -CGR- debía asistir a las sesiones del Consejo de Administración de la previsional, para fiscalizar los procesos de contrataciones públicas y las obligaciones contraídas por la entidad, así como para verificar los documentos sobre las órdenes de pago. Justamente, la falta de provisión de los informes dio lugar al inicio de acciones judiciales. Hasta que, esta semana, se llega al emplazamiento judicial, a objeto de que dichos documentos sobre los préstamos y los pagos a proveedores sean presentados a la Contraloría.

También salió a luz, que, al parecer el interés y la firmeza de la CGR se debe a un pedido de informe del Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Embajada en nuestro país. Esto habría acelerado el pedido de intervención del IPS y el emplazamiento para la presentación de los documentos referidos.

A decir de expertos en temas legales y administrativos de la previsional, la administración actual del IPS ha entrado en una situación de desobediencia civil, de rebeldía, nunca antes vista. Su titular no le teme a las posibles represalias, siendo que ya pasó por una interpelación en el Congreso Nacional, ahora a un allanamiento y problemas judiciales con la Contraloría; sin embargo, sigue teniendo el amparo y el visto bueno del propio presidente de la República, en el marco de una especie de pacto político.

Todas las autoridades del Consejo de Administración son responsables de este incumplimiento económico y financiero. ¿Qué esconden? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando un sistema previsional obsoleto y mal administrado? Hay demasiados intereses en juego, con la salvedad de que lo correspondiente a los fondos jubilatorios -de forma excluyente a terceros interesados- corresponde específicamente a los aportantes.

El Instituto de Previsión Social y sus programas de salud y jubilatorios deben ser precautelados de los intereses políticos circunstanciales; representan la calidad de vida de miles de compatriotas que, habiendo alcanzado el plazo previsto en la ley, pasan a adquirir los derechos jubilatorios y pensiones que le asisten después de toda una vida de trabajo.

La política de seguridad social nacional es otra de las deudas que engrosan el pasivo de la desacertada gestión política durante estos 34 años de transición a la democracia que llevamos. Durante todo ese periodo, el IPS nunca estuvo tan mal como ahora. La corrupción debe parar y los responsables de poner en riesgo los fondos jubilatorios deben ser identificados y separados de los cargos que ocupen para ser sancionados ejemplarmente después. De lo contrario, se quedarán hasta con las joyas de la abuela.