Coinciden en que la débil institucionalidad afecta al clima de negocios y la corrupción desgasta la confianza

La baja institucionalidad afecta al crecimiento, a la inversión y al clima de negocios, y esto podría impactar en la calificación país, según destacó Todd Martínez, director Senior de Fitch Ratings, una de las principales calificadoras de riesgo, en el conversatorio virtual sobre el grado de inversión, las perspectivas económicas del país y la lucha contra la corrupción, organizado por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y la Cámara de Comercio Internacional – Capítulo Paraguay (ICC), en alianza con diversos gremios empresariales.

El especialista compartió panel con el economista César Barreto el pasado lunes 9, en coincidencia con el Día Internacional contra la Corrupción, fecha que sirvió para reflexionar sobre este flagelo.

En su participación como disertante, Todd Martínez destacó que en el Paraguay las finanzas públicas siguen siendo una fortaleza de la calificación, pero que se han debilitado bastante en los últimos años desde la última subida de la calificación en 2018. Además, la deuda pública se ha duplicado y la cuenta de intereses ha triplicado como proporción de los ingresos; mientras que el PIB promedio anual de 2,8 % en la última década está en línea con el promedio de los grupos de países pares, también analizados por Fitch.

“La tasa de inversión no es muy alta en Paraguay; para lograr el grado de inversión no solo basta ser un poco mejor del promedio, sino bastante mejor”, remarcó. Aun así, “es un país con bastante continuidad en sus políticas y tiene un sector bancario bien regulado; por eso estamos otorgando un escalón a Paraguay por encima de nuestros modelos”, remarcó.

El representante de Fitch indicó que Paraguay no tiene un mercado de capitales muy profundo y es uno de los países con mayor proporción de deuda en moneda extranjera, emitida en mercados internacionales, situación que está ligada a riesgos de descalces cambiarios en la hoja de balance del gobierno. Esto implica —a su criterio— mayor vulnerabilidad a los cambios y vaivenes en los mercados internacionales.

También abogó para que Paraguay logre sus metas fiscales en los próximos años, de tal forma a llegar al 1,5 % del PIB en el déficit. “Para lograrlo, Paraguay debe reducir su ratio de deuda PIB y eso implica lograr una consolidación fiscal más allá de las metas del Gobierno. Sin eso, para lograr el grado de inversión, probablemente necesitará crecer a tasas más altas para converger el PIB per cápita con otros países, mejorar la gobernanza y profundizar en el mercado de capitales”.

Débil institucionalidad y el rol de la sociedad civil

Martínez advirtió que la baja institucionalidad frena el crecimiento, la inversión y el clima de negocios, y podría perjudicar la calificación país. Destacó la necesidad de implementar reformas estructurales que ayuden a un Estado a alcanzar el grado de inversión. “Creo que la reforma de la Caja Fiscal sería para nosotros más contundente, porque tiene implicancias importantes para las finanzas públicas”, dijo.

César Barreto, por su parte, habló de la buena gobernanza pública, un elemento clave que hace que los ciudadanos tengan confianza en las autoridades y en las instituciones. “Esa confianza en lo público o en la gestión pública es muy importante para que estemos satisfechos con lo que estemos aportando en términos tributarios. Si no hay una buena gobernanza pública, la credibilidad de las instituciones es muy baja. Entonces cada uno trata de buscar mecanismos para pagar menos impuestos o para evadir impuestos, porque, al fin y al cabo, ¿para qué voy a aportar si finalmente la plata termina enriqueciendo a unos pocos?”, reflexionó.

César Barreto. Foto: Captura.

El rol de la sociedad civil fue otro de los puntos analizados por ambos panelistas. Martínez dejó en claro que para Fitch son fundamentales la previsibilidad y la transparencia: “Países democráticos suelen tener sociedades civiles más robustas y eso ayuda a mantener mejor el escrutinio sobre la política pública, eso ayuda a tener más transparencia”, precisó.

Barreto se refirió a la recientemente aprobada Ley de Control y Transparencia de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). “Lastimosamente creo que es un retroceso, porque pone una coma, una posibilidad de castigo para aquellas entidades que, eventualmente, están criticando en demasía a alguna autoridad de turno, lo cual es malo porque una sociedad que quiere ir mejorando sus niveles de institucionalidad y de gobernanza tendría que hacer lo contrario: dar más poder a diversas instituciones de la sociedad civil que puedan actuar como contralores y, obviamente, ese contralor va a generar más transparencia y menos espacio para la corrupción”.

El representante de Fitch reconoció que, a partir de la aprobación de esta ley, se generaron inquietudes en la comunidad internacional, ya que muchos inversores directos en la economía real o en bonos soberanos consultaron a la calificadora sobre sus alcances y si se refiere a avances o retrocesos en la institucionalidad.

Corrupción, impunidad e inseguridad jurídica

Para Barreto, la corrupción inmoviliza a las instituciones de control y de aplicación de la ley, o bien las convierte en protectoras; en tanto que “con esta impunidad, el sistema falla por completo porque los elementos de control interno dejan de funcionar y la corrupción se generaliza”, sostuvo, al tiempo de referir que cuando la corrupción se generaliza, se vuelve sistémica, y si infecta al poder que debe sancionar y controlar, la situación es peor, ya que su resultado es la inseguridad jurídica.

Al abordar la inseguridad jurídica, manifestó que la misma incrementa los riesgos en los negocios, ya que las decisiones no son racionales, sino sesgadas; y los inversionistas exigen alta rentabilidad para compensar los riesgos. “Para enfrentar a la corrupción, hay que reconocer que es un problema y encararlo políticamente desde los tres poderes del Estado”, señaló.

Su análisis transitó luego sobre el rol de la independencia judicial y el fortalecimiento de la Contraloría General de la República como factores fundamentales, además de leyes efectivas en la función pública, en las compras que realiza el Estado, la transparencia en los procesos digitales y la rendición de cuentas.

Sobre este punto, el representante de Fitch sostuvo: “Creo que en Paraguay las inversiones directas tienen una inquietud principal, que es la calidad del sector judicial, que no podría ser una jurisdicción muy confiable para arbitrar disputas; y eso podría explicar por qué Paraguay tiene una de las tasas más bajas de inversión extranjera directa. A pesar de que tiene la imagen de ser una estrella a nivel regional, no lo ha sido en la atracción de inversión extranjera directa”.

Afirmó que Paraguay enfrenta desafíos relacionados con la evasión fiscal, sumados a una percepción generalizada de corrupción. Esta combinación dificulta la posibilidad de incrementar impuestos, incluso si fuera necesario, ya que la ciudadanía se resiste a pagar más cuando considera que el Estado no administra adecuadamente los recursos públicos.

Estado de derecho propicio para los negocios

Los representantes de las instituciones organizadoras de este encuentro, el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC) – Capítulo Paraguay, también dirigieron algunas palabras. Ezequiel Santagada, director ejecutivo de IDEA, resaltó que la corrupción “trasciende fronteras y sectores, e impacta en nuestra calidad de vida; es un lastre para las economías, porque desgasta la confianza”. Para él, el grado de inversión no es solo un indicador de la economía, sino de la confianza del Estado de derecho propicio para los negocios. Mientras que alcanzar las metas requiere más que una estabilidad económica, “una institucionalidad sólida y una lucha contra la inseguridad y la corrupción”.

Según Sebastián Acha, presidente de ICC – Capítulo Paraguay, en Paraguay, actualmente se estima que la economía informal alcanza un volumen cercano a los USD 23.000 millones, operando fuera de cualquier control. Esto representaba aproximadamente el 47% del PIB hace una década. “Aunque algunos podrían decir que esta realidad ya no existe, los acontecimientos recientes demuestran lo contrario, de cuán presente están los comportamientos poco éticos e ilegales. La deshonestidad es básicamente lo que mueve a este tipo de economía y conducta”, puntualizó.

Además de los organizadores, fueron aliados estratégicos del evento la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (Amcham); la Cámara de Comercio Paraguayo Británica (Britcham); la Cámara de Comercio Paraguayo Uruguaya; la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este; la Cámara de Comercio de Presidente Franco (Camipyme); la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC); Pacto Ético y Cumplimiento (PEC); la Cámara Paraguaya de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (Capro); la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (Aihpy); la Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft); la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace); la Cámara Paraguaya de Fintech (Fintech); la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipyme); la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC); la Asociación de Almaceneros del Paraguay (AMP); la Cámara Paraguaya de Compañías de Investigación Farmacéutica (Capacinfar); la Cámara Paraguaya de Importadores de Equipos Médicos (Capime) y reAcción Paraguay.

El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) es una organización de la sociedad civil, apartidaria y sin fines de lucro que trabaja para que el desarrollo sostenible trascienda la discusión ética y se posicione en la agenda de poder.

La Cámara de Comercio Internacional – Capítulo Paraguay (ICC) es un organismo destinado a vincular a las empresas establecidas en el Paraguay con el mundo empresarial internacional. Desde el año 2013, promueve el cabal establecimiento de una economía global de mercado con responsabilidad social, ética y ecológica.

Sobre la iniciativa “Compromiso con la prosperidad”

Este conversatorio es parte de la iniciativa “Compromiso con la prosperidad”, la que busca fortalecer la participación del sector privado en la promoción de la cultura de la legalidad, la lucha contra la corrupción y la mejora de la seguridad jurídica en el Paraguay. Su enfoque principal es unir esfuerzos del sector privado y la sociedad civil para fomentar un entorno favorable a las inversiones y al desarrollo económico sostenible.