Confeccionistas responden al MIC sobre la derogación del visado de exportación

Patricia Niela, presidenta de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP), ha rebatido la respuesta ofrecida por el ministro Luis Castiglioni con respecto a la derogación de una resolución en 2022. Dicha normativa requería que las empresas textiles que deseaban exportar obtuvieran un visado del gremio, pero el titular del MIC lo consideró “inconstitucional”.

Niela argumenta que si no existe una ley que establezca que este visado es un tributo obligatorio, entonces no puede ser considerado inconstitucional, ya que se trata de una certificación que garantiza que la producción es de origen paraguayo. Además, critica que el MIC no haya consultado al gremio sobre cómo podría afectar la derogación de esta normativa.

La presidenta del gremio enfatiza que la eliminación de la Resolución 234, que ha estado vigente desde 1991 y que ha sido utilizada durante más de 30 años, tiene un impacto enorme en el sector textil. Esto se debe a que se está fomentando la triangulación de prendas, lo cual afecta no solo a la industria nacional, sino también al comercio y a la imagen del país.

La triangulación de prendas ocurre cuando algunos empresarios aparentemente negocian con sus contrapartes en países vecinos para importar grandes volúmenes de productos textiles desde China. Estos productos ingresan a Paraguay, se cambian las etiquetas y, de esta manera, evitan pagar los altos impuestos al reenviarlos entre los países del Mercosur gracias a los acuerdos comerciales existentes. Esto no solo perjudica la imagen del país, sino que también afecta la competitividad del sector.

Un ejemplo concreto mencionado por Niela es el caso de un importador brasileño que desea traer dos millones de unidades de cierta prenda de China. Este importador tendría que pagar entre un 38 % y un 40 % de arancel debido a los impuestos elevados en Brasil. Sin embargo, al ingresar a Paraguay, el arancel es menor, lo que permite a algunas empresas reexportar los productos como si fueran de producción nacional.

Además del impacto económico en el sector, esto también afecta la calidad y la garantía de los productos nacionales, lo cual preocupa a muchos compradores que se han puesto en contacto con la AICP.

Niela destaca que la labor de la AICP era precisamente garantizar la producción nacional. Como gremio, tenían registros de la capacidad operativa de las industrias y empresas textiles, por lo que cuando se presentaban solicitudes de visado para grandes volúmenes que no coincidían con la capacidad de producción, esto llamaba la atención y, por lo tanto, se rechazaban.

El ministro Castiglioni argumenta que la resolución en cuestión era inconstitucional y obstaculizaba el comercio. Según él, Paraguay es signatario de acuerdos de facilitación y existe una comisión encargada de este tema. El decreto derogado representaba una carga para la industria textil en forma de tasas innecesarias e impuestos, por lo que su derogación tenía como objetivo facilitar el comercio y la producción, y eliminar dichas cargas para mejorar la competitividad y facilitar las exportaciones.

Estas declaraciones fueron realizadas por el ministro a la prensa luego de un evento en la institución.