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Economía

Empresariado preocupado por manejo electoral de dinero público

Beltrán Macchi, Pedro Galli y Enrique Duarte. Foto: ARP

Beltrán Macchi, Pedro Galli y Enrique Duarte. Foto: ARP

Gremios empresariales dieron a conocer un comunicado en el que reflejan preocupación por diversos temas que hacen a la coyuntura nacional. Se dirigen a los Poderes del Estado para solicitar racionalidad y cordura en la toma de decisiones sobre aspectos que son fundamentales para el bienestar de todos los paraguayos. En tal sentido, hacen referencia a tres puntos en particular:

Expresan total rechazo a la intención del “Proyecto de Ley que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica a los extrabajadores de las empresas contratistas de la margen derecha de la Itaipú Binacional”, que según los cálculos costará más de novecientos millones de dólares a la entidad.

Dicha compensación o como se denomine, no solo es extemporánea, sino ilegal, de cumplimiento imposible y carente de toda justificación social o económica. Por lo tanto, pedimos al Ejecutivo hacer uso del veto presidencial y evitar así graves daños al Paraguay”.

Igualmente, y de cara al presupuesto del año 2023, expresan total desacuerdo con el proyecto de aumento de los gastos estructurales del Estado.

Los agentes económicos privados, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en su conjunto son los que finalmente están acusando impacto del complejo escenario que vivimos: los efectos de la pandemia, la sequía, la guerra en Europa, el contrabando,
la informalidad, entre otros factores, por lo que es necesario que los tres Poderes del Estado acompañen este esfuerzo con austeridad y decisiones oportunas, menciona parte del documento.

La necesaria recuperación económica, aduce también, requiere de un repunte de la economía familiar y de mejores contextos para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, y esto solo es posible con un Estado eficaz y eficiente.

Finalmente, se refirieron a una antigua problemática que sigue generando enormes daños a los sectores formales, generadores genuinos de empleo. “Ya no es admisible que en pleno siglo XXI sigamos presenciando invasiones de propiedad, impulsadas muchas veces por sectores políticos que finalmente terminan en hechos de violencia, que condenamos desde todo punto de vista”, agregan.

“Exigimos que el Estado intervenga y promueva soluciones en el corto plazo, garantizando la seguridad jurídica y física de todos los ciudadanos. Esperamos que las decisiones sean firmes en estos y todos los temas que hacen al desarrollo sostenible de nuestro país. Que el cumplimiento irrestricto de la ley, el respeto a la institucionalidad de la República y el permanente diálogo prevalezcan siempre, por el bienestar de todos los paraguayos”, rematan.

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