Unas 30.000 operaciones están estancadas por inoperancia de Catastro

Más 60.000 personas vinculadas con el negocio inmobiliario se ven afectadas por la mala gestión y falta de coordinación del Servicio Nacional de Catastro (SNC) y de la Dirección General de Registros Públicos, entidades dependientes del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, respectivamente. “Solo en Catastro se encuentran atrasadas unas 30.000 operaciones que afectan directamente al sector inmobiliario”, denunció el senador del Partido Hagamos, Patrick Kemper.

El legislador indicó que, la falta de coordinación entre los registros de propiedades y el mapa de Catastro, sumado a la falta de digitalización en la Dirección General de Registros Públicos y la falta de actualización del sistema de registro en el SNC, perjudica a una gran cadena económica del sector de la construcción, sin contar a los escribanos, entidades bancarias, cooperativas, y personas físicas que realizan hipotecas y otras operaciones, señaló.

“Se ven afectados desde el comprador, porque no puede construir en su terreno, el vendedor porque no recibe el monto del valor de su terreno, las municipalidades que no reciben los pagos por los permisos correspondientes, los escribanos que no pueden cobrar sus honorarios. Y como no hay construcción, desde los honorarios de arquitectos, albañiles, electricistas, plomeros, hasta ese ingreso para los pequeños comercios, emprendimientos y similares que pueden estar cerca de las construcciones, toda esa cadena no puede ser movilizada, no se inyecta ese capital tan necesario y esto solo a una pequeña escala”, detalló el congresista.

Como consecuencia de la incapacidad de ambas instituciones del Estado, no se pueden acceder a créditos, no se pueden comprar ni vender inmuebles. “Es decir, con un título de propiedad atascado, miles de personas se quedan sin empleo, y se hace insostenible la reactivación económica, tan necesaria y urgente en este contexto de Pandemia”, reiteró.

Pedido de Coima

El legislador señaló, además, que en el caso del SNC, existen resoluciones internas que representan una verdadera traba para la inscripción de los planos catastrales georreferenciados, “existen casos comprobados en los cuales después de 8 a 12 meses recién llegan respuestas, e incluso pueden tardar más tiempo. Lo llamativo es que existen denuncias de que, a cambio de acelerar los procesos, los funcionarios piden un incentivo económico extra (coima)”, reveló.

Finalmente, kemper instó a las autoridades de ambas instituciones a adoptar mecanismos urgentes que ayuden a solucionar la mora en tema de expedientes, como más horas de trabajo por parte de los funcionarios de estas instituciones, mejor distribución de las cuadrillas, levantar las restricciones dispuestas por resoluciones administrativas que hacen que hoy tarden 8 meses como mínimo las transferencias de títulos de propiedades en zonas rurales, y suburbanas.  “Hay que deshacer ese nudo que está asfixiando nuestra reactivación económica”, manifestó.