Economía
Precios de las vacunas Covid-19, misterio revelado
Ilustración
Uno de los temas que ha suscitado una gran polémica en el mundo entero es el precio de las vacunas del covid-19 y las cláusulas de confidencialidad del contrato de compraventa, que los laboratorios internacionales han impuesto a los gobiernos condicionando la provisión.
Sin embargo, el 17 de diciembre de 2020 la Secretaria de Estado de Presupuesto y Protección del Consumidor de Bélgica, Eva de Bleeker, publicó en su cuenta oficial de tuiter un cuadro con los precios de las vacunas, anunciando que las negociaciones de compra se dieron con esos valores. Posterior a ello, eliminó parte del tuit (el cuadro) y se disculpó, manifestando que solo quería transmitir transparencia.
La tabla en guaraníes, haciendo la conversión cambiaria sería:
Ante la prohibición de la revelación de los precios por parte de los gobiernos exigidos por los laboratorios, Pfizer manifestó su enojo ante el tuit y la portavoz de la farmacéutica manifestó que, “Estos precios están cubiertos por una cláusula de confidencialidad en el contrato con la Comisión Europea”. A pesar de ello y de haber infringido el pacto de confidencialidad, el error de la Ministra Belga no pasó a mayores y en enero de 2021 recibieron las dosis negociadas.
En Paraguay
La controversia persiste y si bien las vacunas covid que administre el Estado paraguayo serán gratuitas, la intriga es: ¿a qué precio se venderán las vacunas adquiridas por el sector privado? Los laboratorios internacionales han manifestado que solo venderán a los gobiernos (al momento Paraguay recibió 4.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik y una donación de Chile de 20.000 dosis de la china CoronaVac). No obstante, corre información que las vacunas compradas por laboratorios privados nacionales estarían arribando en la brevedad, ante ello es urgente un control del Estado, el cual debe establecer un precio fijo máximo.
El Estado debe garantizar que el proceso se dé con transparencia, más aun cuando son adquiridas con dinero público, el comprador aquí es el ciudadano, el gobierno es el administrador y solo el intermediario en la compra; por lo tanto, esa confidencialidad no tiene lógica ¿desde cuándo el que compra un producto no sabe su precio?, aquí hay “gato encerrado” y esta cuestión solo genera más desconfianza hacia las multinacionales farmacéuticas y los gobiernos que han cedido ante las presiones de las grandes corporaciones.
Nihilominus, la Constitución Nacional estipula en el artículo 18 “Del derecho a informarse, […] las fuentes públicas de información son libres para todos […]”; asimismo, la norma que reglamenta dicho precepto es la Ley 5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, la cual es clara en el artículo 5 de la “Responsabilidad”, estipula que aquellos que administren, manipulen, archiven o conserven información pública, serán personalmente responsables por sus acciones u omisiones, que deriven en la ocultación, alteración, perdida o desmembración de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado.
Por lo tanto, el Ministerio de Salud es jurídicamente responsable del proceso, desde la negociación, firma del contrato y efectos adversos de las vacunas en caso de haber eximido a los laboratorios de su responsabilidad contractual y extracontractual.
Negocio de la salud
Los precios de las vacunas negociadas en todos los países saldrán en algún momento a la luz, más aún cuando ingrese el sector privado al juego y en ese momento se sabrá si el privado vende a un precio excesivo o no, si vende a un precio exorbitante no está ayudando a nadie, está lucrando con la salud.
En nuestro país tenemos antecedentes del mal comportamiento de algunos laboratorios que en licitaciones públicas hacen acuerdos ilegales y no compiten al vender a un precio excesivo, con la excusa que el Estado es un mal pagador, pero cuando la factura esta sobrefacturada eso también es un motivo de pago tardío, una estafa al pueblo y traición a la patria.
El Senador Pedro Santa Cruz en un tuit el 5 de marzo de 2021 manifestó que: “Se deben extirpar de raíz los negociados de medicamentos que enriquecieron a unos pocos sin escrúpulos, a quienes no les importa lucrar con la misma vida de su gente”. Insistió en que se debe revisar la fórmula de fijación de precios, donde prácticamente el sector privado hace lo que quiere y cobra lo que quiere. Finalmente se preguntó porque la Fiscalía y la CONACOM no investigan de oficio ante sus reiteradas denuncias públicas.
Pero, ¿es la salud un negocio? basta con comparar el precio de los medicamentos genéricos y los no genéricos, estas son las consecuencias de considerar al medicamento como un bien de mercado y no social. Pero lo más alevoso es el abuso de ciertos laboratorios extranjeros, que en las negociaciones con algunos países llegaron incluso a solicitar que los activos soberanos se pusieran como garantía de costos legales futuros, entre otras exigencias; empero, algunos gobiernos no accedieron al chantaje y negociaron con otros laboratorios.
Posición dominante
En la actualidad existe una denuncia realizada ante la Comunidad Andina contra las denominadas “BIGFARMA” internacionales por el posible abuso de posición dominante, discriminación de precios, inter alia. Los laboratorios en cuestión tienen un gran historial de multas y sanciones en diversos países, ya sea por abusar de las patentes, por vender a precios excesivos, por ocultar información de salud, por sobornar a funcionarios públicos para beneficiarse de leyes, permisos etc., siendo su lobby uno de los más activos del mundo.
En Paraguay es ilegal el abuso de posición dominante, en virtud de la Ley 4956 “Defensa de la Competencia” y el ente de aplicación es la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM). Sin embargo, no hay que ambicionar mucho de esta institución, ya que el 26 de marzo de 2020 emitió un comunicado sobre requerimientos de precios al sector de supermercados a efectos de detectar y prevenir conductas anticompetitivas en el marco de la emergencia sanitaria, empero a hoy no existen resultados de ese relevamiento. ¿Si no pueden realizar un básico y simple estudio de mercado en supermercados y farmacias, podrán con algo más complejo?. Con todo, es su obligación el de investigar y analizar si existe o no un abuso de posición dominante por parte de los laboratorios ¿tendrán la valentía o seguirán indolentes?
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