Constructoras encabezan listado de empresas que ocultan DDJJ de accionistas

Más de 100 empresas promovieron acciones de inconstitucionalidad entre mayo y julio de 2020 contra la ley 6355/19 que obliga a accionistas y directivos de contratistas del Estado a presentar declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría. Encabezan la lista empresas constructora y las farmaceúticas, las que se llevan la mayor parte de la inversión del Estado.

Esta obligación, que solo afectaba a funcionarios públicos, es también hoy requisito para que el sector privado participe de contratos públicos. Como primera medida, la Sala Constitucional de la Corte suspendió los efectos de la ley para estas proveedoras hasta que resuelva las acciones de inconstitucionalidad. Esto permite a esas empresas seguir presentándose a las licitaciones.

Así, varios empresarios y gremios que exigen transparencia a la  clase política quedan fuera juego y pierden credibilidad al exigir algo que ellos mismos tratan de ocultar.

El argumento de las empresas para atacar de inconstitucional esta ley es que el artículo 104 de la Constitución establece que los sujetos obligados a declarar sus bienes y rentas son los funcionarios, empleados públicos y, en general, quienes perciban remuneraciones del Estado.

Uno de los directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Jorge Pappalardo, había dicho que la ley era «absolutamente inconstitucional» y que pondría más trabas a los procesos de compras públicas antes que transparentar.

La ley 6355 amplía esa obligación a personas físicas y jurídicas contratistas, concesionarias, asociaciones y fundaciones que reciben fondos públicos, algún tipo de contraprestación o estén vinculadas con el Estado bajo cualquier modalidad.

Los afectados deben presentar su declaración jurada de bienes y rentas a la Contraloría dentro de los 15 días de concretarse la vinculación con la actividad estatal o de recibir fondos públicos, y en igual término al finalizar. En la práctica, una proveedora debe hacer su declaración cuando se presenta a una licitación, cuando se le adjudica el contrato y al finalizar el mismo.

Las declaraciones juradas de las proveedoras no son de acceso público, excepto las de aquellas que fueron adjudicadas en el marco de la ley de emergencia por la pandemia, que están publicadas en la página de Contraloría. Solo se puede acceder a esa información mediante orden judicial, tal como ocurrió cuando la Corte falló a favor de la publicidad de las declaraciones de funcionarios públicos desde 1992 hasta el 17 de junio de 2020. Gracias a ese histórico fallo, esa información hoy es pública en la web de Contraloría.

Wasmosy, Nicanor y Jiménez Gaona en la lista

A través de un pedido de información pública, El Surtidor accedió a más de 160 resoluciones de mayo a julio 2020 de la Sala Constitucional que suspenden los efectos de la ley 6355 para la misma cantidad de proveedoras que accionaron en contra.

El expresidente Juan Carlos Wasmosy no tendrá que presentar su declaración jurada de bienes y rentas como propietario de la Empresa Constructora Minera Paraguaya SA (Ecomipa).

La Sala Constitucional hizo lugar a la inconstitucionalidad que presentó contra la ley 6355. Ecomipa obtuvo contratos públicos por valor de G. 1,3 billones (USD 181 millones) en la última década, sin contar los consorcios que integra con otras empresas.

Según el diario Última Hora, la constructora de Wasmosy fue la más beneficiada durante el gobierno de Horacio Cartes.

Benito Roggio e Hijos SA es otra de las principales contratistas del Estado en el rubro de la construcción que fue beneficiada con la suspensión de la ley 6355. La acción fue promovida por Emilio Gill Insfrán, Gustavo Armando Pavetti Ibarrola y Óscar Alberto Franco Velázquez.

La empresa integra el Consorcio D-R Costanera junto a CDD Construcciones, encargada del Corredor Vial Botánico. Los contratos públicos de la firma –parte del Grupo Roggio de Argentina– superan 1 billón de guaraníes (USD 160 millones), sin incluir las adjudicaciones de los consorcios que integra.

La empresa Ingeniería de Topografía y Caminos SA (T&C SA) de Francisco Griñó Guillén tampoco tendrá que rendir cuentas, pese a que es una de las principales contratistas del rubro. Sus adjudicaciones en la última década suman 1 billón de guaraníes (US$ 147 millones), sin incluir los consorcios. Una de las obras que tiene en ejecución es la Costanera Sur, como parte del Consorcio del Sur junto a la española Eurofinsa SA.

La Sala Constitucional también hizo lugar a la acción contra las declaraciones juradas promovida por Tecnoedil SA Constructora, entre cuyos accionistas figura Paul Emile Sarubbi Corina, hijo de Paul Sarubbi, director de Yacyretá en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

Esta empresa obtuvo contratos por 962 mil millones (US$ 137 millones) en los últimos diez años, sin contar las adjudicaciones por consorcios.

Otra constructora vinculada a un ex funcionario que obtuvo la suspensión de la ley 6355 es Jiménez Gaona y Lima Empresas de Construcciones SA, la empresa de la familia de Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas durante el gobierno de Cartes.

La trazabilidad del dinero público

El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, dijo que unas 3.000 empresas proveedoras presentaron sus declaraciones juradas en lo que va de 2020 en cumplimiento de la ley 6355.

Sostuvo que la aplicación de esta ley no es fácil, en primer lugar porque no tienen los recursos suficientes para verificar tanto las declaraciones juradas de funcionarios públicos como las de empresas. Sobre la avalancha de acciones ante la Corte, recordó que la Contraloría había advertido en dictámenes que la ley «rozaba la inconstitucionalidad» al considerar el artículo 104 de la Constitución que establece que los funcionarios públicos deben presentar la declaración jurada.

«Pero hoy la ley está vigente y se tiene que cumplir», enfatiza Torres.

En opinión del abogado Federico Legal, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), un segundo criterio que se debe considerar al interpretar esta ley es el control de la trazabilidad del dinero público: «En ese sentido, conocer las declaraciones juradas de proveedoras va a contribuir a prevenir posibles conflictos de intereses. Lo que sí se tiene que diferenciar es que una empresa, por más que reciba dinero público, no tiene las mismas obligaciones que un funcionario».

Fuente: El Surtidor