Congreso distorsiona mercado y pasa factura a contribuyentes

La Cámara de Diputados levantó el veto presidencial para la preferencia de compras públicas por productos de la industria nacional; el detalle es que se estipula que los made in Paraguay tienen un margen de 40% superior sobre los importados y el sobrecosto lo pagarán los contribuyentes.

El levantamiento del veto -por atentar a la libre competencia en el mercado- se dio tras un intenso cabildeo por parte de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), un sector que mantiene grandes negocios con el Estado. El argumento de los industriales es que se deben mantener los empleos; sin embargo, los datos oficiales dan cuenta que este sector no sufrió tanto los impactos del Covid-19, sobre todo en lo que hace al sector alimenticio.

Invirtieron fuerte en una campaña denominada “Paraguayo como Vos” de modo a instalar en el subconsciente de la población de que si compras importados, sos un antipatriota de modo a generar presión política; una jugada maestra en marketing para arropar sus propios intereses.

La Ley 6575/20, que amplía el margen de preferencia para un producto nacional respecto a un producto importado establecido en la Ley 4558/11 del 20% al 40%, había sido aprobada por el Congreso en junio pasado, producto de una iniciativa parlamentaria.

De manera concreta, en la evaluación de las ofertas de un proceso de compras realizado por una institución pública, al precio ofertado de un producto importado se debe agregar un 40% adicional previo a su comparación al precio de un producto nacional para posteriormente adjudicar al que tenga el precio menor. Con tal diferencia de precios, se elimina por completo la competencia de productos importados en las compras del Estado y una institución pública estará obligada a pagar un precio de hasta el 40% superior en todos los insumos en los que haya una producción nacional.

Servicios más caros

“La aplicación de esta ley implicará mayores costos en la prestación de los servicios públicos como salud, educación, seguridad, electricidad, agua y saneamiento y otros, debido a los mayores costos en que incurrirán las instituciones públicas prestadoras de estos servicios en las compras de insumos, maquinarias, equipos, vehículos, construcciones, etc. En un caso extremo, si en todos los insumos y productos adquiridos se aplica esta ley con la máxima diferencia de precios, el costo adicional puede llegar a alrededor del 2% del PIB. En las condiciones actuales de las finanzas públicas, esto requerirá incrementar la presión tributaria y las tarifas de servicios públicos a corto plazo” explicó el exministro de Hacienda, César Barreto en su columna dominical en el diario Última Hora.

Los beneficiarios de la ley, impulsores de la misma, argumentan que de esta manera se está promoviendo el desarrollo de la industria y la producción nacional, los cuales son objetivos muy loables. Sin embargo, es necesario realizar una evaluación costo-beneficio conjuntamente con los demás mecanismos de incentivos a la inversión como la Ley 60/90 de promoción de inversiones, los regímenes especiales de importación de materias primas establecidos por decreto, el régimen automotriz nacional, etc., en términos de su impacto en el empleo versus los costos que representan para el Fisco y los contribuyentes así como el impacto en el “costo-país” en términos de competitividad, siguió analizando.

Por otro lado, la experiencia internacional y la teoría desarrollada en base a la misma indican que los programas de incentivos son importantes para el desarrollo de nuevos sectores o de nuevos productos y servicios. Sin embargo, aquellas políticas industriales que han funcionado bien, especialmente en los países asiáticos, incorporan moderados niveles de protección y son de carácter transitorio, duran mientras los sectores y las empresas que operan en ella desarrollan las capacidades necesarias para subsistir en un régimen competitivo.

Los programas aún más exitosos son aquellos que fomentan las exportaciones, porque la competencia internacional genera los incentivos a las empresas para invertir continuamente en las tecnologías más eficientes para ser competitivos, agregó.

Proteccionismo

Por el contrario, las políticas proteccionistas y de reservas del mercado local, al eliminar la competencia o reducirla sustancialmente, terminan creando sectores y empresas no competitivas con productos caros, de baja calidad, que terminan siendo una carga para el resto de la economía, para los consumidores, para el Estado y sus contribuyentes.

“Para acelerar nuestro desarrollo es fundamental la integración con la región y el mundo con las bases competitivas que tenemos hoy en muchos sectores. Además, debemos invertir en capital humano, innovación e investigación para ir desarrollando nuevos sectores competitivos con mayor valor agregado. Mientras más competitivos sean los mercados, más dinámicas son las empresas. En vez de reducir la competencia como lo hace esta ley, debemos promoverla y defenderla porque es el motor del desarrollo económico inclusivo de las naciones”