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Industria del sicariato avanza libre por falta de Plan Nacional de Seguridad, dice criminólogo

Sicariato. Foto de archivo

Sicariato. Foto de archivo

El doctor en criminología y experto en materia de seguridad, Juan Martens, consideró que el libre avance de la industria del sicariato en el país se debe a la falta de una política institucional eficiente y la ausencia de un Plan Nacional de Seguridad que incluya a varios actores. Señala además existe una gran filtración del crimen organizado en varios niveles del Estado a raíz de la impunidad reinante a causa de falta de acciones concretas del Ministerio Público.

“Hay dos cuestiones que se deben analizar. Primero la falta de una política institucional y un Plan Nacional de Seguridad. La cuestión de seguridad no solo tiene que ver con la Policía, sino que debe ser abordada interagencial. El segundo punto es la muestra de la infiltración institucional del crimen organizado. Todos los sicariatos que afectan a personas vinculadas al Estado, como policías, funcionarios o militares, que ya se cometieron doce este año, están impunes. Con relación a los demás sicariatos, en un 90% están impunes”, expresó.

En una entrevista que brindó a El Nacional, el profesional mencionó que el crimen organizado no encuentra límites y que resulta cada vez más barato solucionar problemas a través de las armas. “Hay un mercado criminal creciente en nuestro país y los actores de este mercado resuelven sus problemas de esa manera”, dijo.

Impunidad

Martens explica que la impunidad, otro factor determinante de la actual situación nacional, resulta criminógena. “Eso quiere decir que un delito que se deja de castigar llama a otros delitos y eso es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. Debemos ser claros, muchas veces asociamos impunidad al Poder Judicial, pero la que tiene que juntar pruebas, acusar y pedir prisión es la Fiscalía. Y ahí estamos fallando. Debemos preguntar a la Fiscalía cuántas acusaciones realizó por lavado de dinero, a policías que se enriquecen ilícitamente”, continuó.

En ese sentido, el también docente universitario refirió que existe una participación impune del crimen organizado por la debilidad institucional, lo que hace que cada vez se tengan más problemas. “Y el crimen organizado resuelve sus problemas con pistolas. Lo que se traslada a otros sectores de la población que ven viable este tipo de hechos”, afirmó.

El negocio se amplía

Martens también manifestó que la ampliación del mercado criminal desde la zona fronteriza hacia otras zonas del país, es también señal de que el crimen va tomando territorio para desenvolver sus negocios.

Se exige intervención interinstitucional

Por otra parte, Martens expone que el problema de la violencia e inseguridad que afecta al país, en particular a algunas regiones fronterizas, exige, de una vez por todas, una intervención institucional capaz de garantizar una vida libre de temores y amenazas a quienes habitan este territorio nacional, tal como establece el artículo 9 de la Constitución Nacional

En ese contexto, considera que el Plan Nacional de Seguridad debe tener en cuenta la elaboración participativa de la política que incluya diagnósticos de los ambientes y situaciones criminógenos, con objetivos, actividades e indicadores de resultados claros y medibles a corto, mediano y largo plazo. También se debe atender que la evidencia empírica y la ciencia deben sustentar las estrategias concretas que vayan a establecerse

Se pide identificar claramente niveles, objetos y zonas de intervención, distinguiendo destinatarios (jóvenes, hombres, mujeres, adolescentes), zonas geográficas o espacios (ciudad, barrios, departamento, transporte público, paradas de ómnibus), responsables (Municipalidad, Ministerio de Obras, ANDE, Policía, Fiscalía, Poder Judicial), ya que los problemas de violencia e inseguridad no afectan a todos por igual, ni se distribuyen equitativamente en el territorio nacional.

Resulta también importante establecer estrategias de intervención que tiendan a la disminución del miedo ciudadano al delito.

Reforma policial

Martens también asegura que es necesario iniciar la discusión sobre la reforma policial, ya que la Policía Nacional mantiene una estructura militarizada, heredada de la dictadura stronista, en donde las promociones y ascensos dependen más de la antigüedad antes que de la formación y capacitación.

Además, es necesaria una profunda revisión de los sistemas de ingreso y contenidos estudiados en las escuelas de formación. “Solo una policía fortalecida y profesionalizada puede encargar con éxito los desafíos de la violencia urbana y organizada. Igualmente, se debe evitar la intervención militar en tareas de seguridad interna, ya que además de inconstitucional, expanden el campo de la corrupción y el descontrol de las fuerzas públicas”, dice.

Perfil del entrevistado

Juan Martens es doctor en Criminología por la Universidad de Barcelona; Master en Criminología, Política Criminal y de Seguridad por la Universidad de Barcelona. Máster en Garantismo Penal, por la Universidad Nacional de Pilar. Investigador de la Facultad de Ciencias de la UNP. Investigador Nivel II del CONACYT. Director Ejecutivo del INECIP, además de profesor de Criminología de la UNICAN y UNP.

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