La Cámara de Diputados aprobó una versión modificada del proyecto de ley que busca obligar a la devolución de pagarés una vez canceladas las deudas, en medio de las denuncias por la denominada "mafia de los pagarés". Sin embargo, durante el tratamiento fueron eliminados varios puntos considerados claves por sectores que impulsaban una mayor protección para los afectados.
El juez Rodrigo Estigarribia convocó a tres exujieres del Poder Judicial para los días 6 y 7 de abril, cuando se analizará el pedido de salida alternativa planteado por la Fiscalía en el marco de la causa conocida como la mafia de los pagarés.
Un Tribunal de Apelación deberá resolver si aparta al magistrado tras un segundo intento de recusación presentado por las defensas de los oficiales de justicia procesados.
La coordinadora que agrupa a afectados sostuvo que el reporte presentado ante el Congreso contiene "medias verdades" y acusó a la Corte de intentar desinformar. Estiman que unas 35.000 personas fueron perjudicadas.
Exigen que avance el pedido de juicio político a ministros de la Corte, a quienes acusan de inacción y de brindar "protección política" ante presuntas irregularidades judiciales vinculadas a estafas con pagarés.
Ignacio Iramain afirmó que existen causales suficientes para avanzar con el proceso impulsado por las víctimas y calificó a la Corte Suprema como "pusilánime" y carente de coraje frente al poder político.
La Cámara de Senadores dio luz verde a un proyecto de ley que introduce una obligación expresa para los acreedores: devolver el pagaré al deudor en el mismo momento en que la deuda quede totalmente saldada.
Nuevas denuncias apuntan a direccionamientos, privilegios y uso indebido de fondos dentro del ente. La firma en cuestión es Amaral & Asociados.
Noelia Núñez relató que fue amenazada de muerte tras investigar la causa, una estructura que involucra a jueces, abogados y exujieres en miles de juicios falsos. El caso destapó una de las redes más grandes de corrupción en el sistema judicial paraguayo.
El grupo de afectados formalizó este lunes el pedido responsabilizándolos por la falta de respuesta ante las denuncias de estafa judicial. El principal señalado es el presidente del máximo tribunal, César Diesel.
Integrantes de la Coordinadora de Víctimas presentaron al Congreso un proyecto para trasladar juicios a los distritos de residencia de los demandados, con el fin de garantizar acceso a la justicia.
Decenas de casos son enviados directamente a la Unidad Especializada de Delitos Económicos desde el Juzgado de Paz, de forma bastante llamativa sobrepasan la Corte Suprema de Justicia en casos que vincula a "la mafia de los pagarés".
