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Abogada denuncia amenazas por destapar red de corrupción

Noelia Núñez relató que fue amenazada de muerte tras investigar la causa, una estructura que involucra a jueces, abogados y exujieres en miles de juicios falsos. El caso destapó una de las redes más grandes de corrupción en el sistema judicial paraguayo.

4 Noviembre de 2025
4 Noviembre de 2025
Noelia Núñez denunció que fue amenazada tras exponer la red de corrupción conocida como "Mafia de los pagarés".
Noelia Núñez denunció que fue amenazada tras exponer la red de corrupción conocida como "Mafia de los pagarés". Foto: Gentileza

La abogada Noelia Núñez rompió el silencio y denunció que vivió meses de terror luego de investigar la red conocida como la "Mafia de los pagarés". Según relató, tuvo que cerrar su cuenta de X, cambiar de número telefónico y hasta mudarse junto a su familia por las constantes amenazas que recibía. "No podía dormir tranquila. Sabía que me estaban siguiendo", confesó la profesional, quien asegura que su único "delito" fue intentar exponer la corrupción en el Poder Judicial.

El caso tomó fuerza cuando el exujier judicial Édgar Ayala Melo admitió públicamente que falsificaba documentos para juicios inventados. En su declaración, señaló directamente a la jueza Natalia Garcete: "Ella me daba el 30 % de cada cédula falsa que yo llevaba a firmar", reveló. La confesión destapó una estructura criminal que operaba desde dentro del sistema, manipulando resoluciones judiciales y causando graves perjuicios a cientos de personas.

Núñez contó que las amenazas comenzaron apenas hizo públicas sus sospechas. "Me llamaban para decirme que sabían dónde estaban mis hijos. Me mandaron fotos de ellos saliendo del colegio, de mi auto estacionado y de mi casa de noche. Sentí miedo real por mi vida", relató con la voz quebrada. Aun así, la abogada continúa colaborando con las investigaciones y pide protección para quienes se animan a denunciar.

Hasta la fecha, las autoridades contabilizan más de 23.000 juicios falsos vinculados a la red, con 61 personas imputadas, entre jueces, abogados y funcionarios judiciales. El Ministerio Público considera este esquema como una de las mayores tramas de corrupción del país, que afectó la credibilidad del sistema judicial y dejó al descubierto la vulnerabilidad de sus controles internos.

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