Vallejo acusa al cartismo de desvirtuar la ley para evitar otro caso Hernán Rivas
La diputada Rocío Vallejo cuestionó que la Cámara de Diputados haya aprobado una versión flexibilizada del proyecto conocido como ley "Anti Hernán Rivas", al sostener que la mayoría oficialista dejó de lado el objetivo central de garantizar mayor idoneidad para los legisladores que integren el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La legisladora afirmó que la reforma nació para evitar que vuelvan a repetirse casos como el del exsenador cartista Hernán Rivas y lamentó que los requisitos originalmente previstos hayan sido reducidos durante el tratamiento parlamentario.
La diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo, sostuvo que la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados terminó alejándose del propósito con el que fue concebida la iniciativa legislativa. A su criterio, el texto aprobado conserva parte de la estructura del proyecto, pero pierde fuerza al reducir las exigencias que originalmente pretendían garantizar que quienes representen al Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados cuenten con una trayectoria jurídica comprobada.
Según explicó a El Nacional, la intención de la propuesta siempre fue fortalecer la institucionalidad del JEM luego de la crisis generada por el caso del exsenador Hernán Rivas, quien llegó a integrar e incluso presidir ese órgano pese a los cuestionamientos que posteriormente surgieron sobre su formación académica como abogado y que hoy forman parte de un proceso judicial.
Una iniciativa nacida tras el escándalo de Hernán Rivas
El proyecto fue presentado en mayo de 2025 por Rocío Vallejo, Jorge Ávalos Mariño y Roberto González con el objetivo de modificar la Ley N.º 6814/2021, que regula la integración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por parte de representantes del Congreso.
La propuesta surgió luego de que el caso de Hernán Rivas instalara un fuerte debate sobre los requisitos exigidos a los legisladores que integran uno de los órganos extrapoder más importantes del sistema judicial paraguayo, responsable de analizar la conducta de jueces, fiscales, defensores públicos y otros operadores de justicia.
Los proyectistas consideraban insuficiente que la ley solo exigiera poseer el título de abogado y planteaban elevar considerablemente el estándar de idoneidad.
Por ello propusieron que los representantes parlamentarios acreditaran al menos diez años de ejercicio efectivo de la profesión jurídica, ya sea como abogados litigantes, jueces, fiscales o docentes universitarios de Derecho. Además, pretendían elevar la edad mínima a 35 años, eliminar la posibilidad de reelección consecutiva y exigir documentación oficial que demostrara la experiencia profesional invocada.
"Ya lograron lo que querían"
Antes del tratamiento del proyecto, Vallejo había advertido que la demora de más de un año no era casual.
"Vamos a ver qué excusa inventan ahora", expresó cuando la iniciativa volvió al orden del día, luego de que el oficialismo asegurara previamente la reelección de sus representantes ante el JEM.
Tras la media sanción, la legisladora insistió en que el momento elegido para aprobar la ley respondía a intereses políticos.
"En esta Cámara nada es casualidad", sostuvo al recordar que semanas antes el oficialismo había asegurado nuevamente los lugares que ocupa en el Jurado.
"Porque ya lograron lo que querían, porque el problema de este proyecto estaba en que prohibía la reelección para el JEM; entonces ya se removió el obstáculo", afirmó.
Para Vallejo, la secuencia de los acontecimientos demuestra que primero se garantizó la continuidad de los actuales representantes y recién después se permitió avanzar con una versión mucho menos exigente de la reforma.
Del endurecimiento a una versión flexibilizada
Durante su paso por Diputados, la iniciativa sufrió modificaciones impulsadas por la mayoría oficialista.
Mientras el proyecto original establecía diez años de experiencia jurídica demostrable y una edad mínima de 35 años, el texto aprobado redujo ambos requisitos a cinco años de ejercicio profesional y 30 años de edad.
Asimismo, se mantuvo la posibilidad de reelección de los representantes del Congreso ante el Jurado, uno de los aspectos que los proyectistas pretendían eliminar para favorecer una mayor renovación institucional.
Para Vallejo, esos cambios alteran el espíritu con el que nació la iniciativa.
A su criterio, el objetivo nunca fue restringir la participación política, sino asegurar que quienes tengan la responsabilidad de juzgar la conducta de magistrados posean una trayectoria jurídica suficiente para ejercer esa función.
Evitar que vuelva a repetirse el mismo escenario
La diputada remarcó que el propósito central siempre fue impedir que el país vuelva a enfrentar una situación similar a la protagonizada por Hernán Rivas.
"Nunca más vuelva a ocurrir otro bochorno", manifestó.
En ese contexto agregó que lo que se busca evitar es que "nada más y nada menos tuvimos a un analfabeto jurídico, eso es lo que queremos evitar".
Según sostuvo, la credibilidad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados quedó profundamente afectada por episodios de esa naturaleza y la reforma pretendía precisamente recuperar la confianza ciudadana en esa institución.
La crítica apunta al predominio de intereses políticos
Durante sus intervenciones, Vallejo también cuestionó el criterio con el que, según afirmó, se eligen los representantes parlamentarios ante el JEM.
"Acá los representantes realmente representan intereses políticos", expresó.
Añadió que dentro del Congreso existen "fuertes pujas" para definir quiénes ocupan esos cargos y lamentó que la idoneidad jurídica termine relegada frente a los acuerdos políticos internos.
"Realmente no sé, tengo cero esperanza de que algo mejore, cero esperanza de que algo salga adelante", afirmó al referirse al funcionamiento futuro del organismo.
No obstante, señaló que la discusión dejó instalada la necesidad de revisar los criterios con los que el Congreso designa a quienes integran uno de los órganos con mayor incidencia sobre el sistema de administración de justicia.
Aunque la media sanción incorpora requisitos que actualmente no están previstos de manera expresa en la legislación vigente, Vallejo considera que el Congreso desaprovechó la oportunidad de impulsar una reforma más profunda, capaz de cerrar definitivamente la puerta a nuevos cuestionamientos sobre la preparación y la idoneidad de quienes integran el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.