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El proyecto surgió tras la polémica que envolvió al exsenador cartista Hernán Rivas, procesado por presuntas irregularidades relacionadas con su título de abogado y cuyo juicio oral y público está previsto para el próximo 10 de agosto. La intención inicial era establecer mayores exigencias para impedir que situaciones similares vuelvan a repetirse en la integración del órgano encargado de juzgar a magistrados y fiscales.
La versión aprobada mantiene la obligación de contar con título de abogado, pero reduce de diez a cinco años la experiencia profesional requerida para acceder al cargo. Además, conserva la posibilidad de reelección de los representantes del Congreso en el JEM, uno de los aspectos que originalmente se pretendía eliminar para favorecer una mayor alternancia.
Otro de los cambios introducidos durante el debate fue la reducción de la edad mínima exigida. Aunque la propuesta inicial planteaba elevar el requisito a 35 años, finalmente se acordó fijarlo en 30, por encima de los 25 años previstos actualmente por la Constitución.
El diputado Édgar Olmedo defendió estas modificaciones argumentando que establecer exigencias demasiado elevadas podría limitar la cantidad de candidatos con posibilidades de integrar el órgano. Según sostuvo, una flexibilización de los requisitos permitiría contar con un universo más amplio de postulantes.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron que el oficialismo haya desvirtuado el objetivo de la iniciativa. La diputada Rocío Vallejo afirmó que el tratamiento del proyecto se produjo recién después de que el cartismo asegurara nuevamente el control del JEM mediante la reciente elección de sus representantes, por lo que consideró que la reforma perdió uno de sus principales efectos prácticos.
Vallejo sostuvo que la eliminación de la prohibición de reelección permitió preservar la continuidad de los actuales integrantes y advirtió que el verdadero propósito de la ley era evitar que vuelvan a producirse episodios que comprometan la credibilidad del sistema de justicia.
En la misma línea, los diputados Jorge Ávalos Mariño y Roberto González, impulsores del proyecto, defendieron la necesidad de mantener los requisitos más estrictos previstos en la versión original, al considerar que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe estar integrado por profesionales con amplia trayectoria y solvencia jurídica.
También el diputado Raúl Benítez manifestó su preocupación por la flexibilización aprobada y señaló que la experiencia reciente demuestra la importancia de fortalecer los criterios de selección para evitar que personas sin la preparación suficiente integren una institución con funciones decisivas dentro del sistema judicial.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto continuará ahora su trámite legislativo en el Senado, donde deberá definirse si se mantienen las modificaciones introducidas por la Cámara Baja o si se retoma el texto original que proponía requisitos más rigurosos para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
