Tras el ataque en Canindeyú, Juan Martens advierte sobre una "gobernanza criminal"
El investigador y experto en seguridad Juan Martens en entrevista exclusiva con el diario El Nacional afirmó que el ataque contra la Comisaría de Naranjito, en Canindeyú, debe entenderse dentro del contexto de la geopolítica del crimen organizado y no como un hecho aislado.
Según explicó, el departamento reúne una serie de factores que lo convierten en un territorio estratégico para organizaciones criminales nacionales e internacionales.
Martens señaló que Canindeyú es una de las principales zonas de producción de marihuana del país y un corredor para el tráfico de cocaína y armas.
Además, destacó que cuenta con tres rutas nacionales, las PY03, PY07 y PY13, que conectan con Brasil a través de frontera seca, facilitando el movimiento de mercancías ilegales hacia los estados de Mato Grosso do Sul y Paraná.
El especialista indicó que en la zona operan organizaciones como el Primer Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho, remanentes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y estructuras criminales locales. A esto se suma, dijo, una importante presencia de instituciones del Estado, como la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional.
"Es un espacio donde el crimen organizado convive con el Estado", afirmó, al sostener que existen sectores de las fuerzas de seguridad que mantienen vínculos con organizaciones criminales.
Cuestiona la hipótesis oficial
Martens también criticó que el Gobierno relacione el atentado con el EPP únicamente porque las armas utilizadas habrían sido empleadas en ataques anteriores atribuidos a ese grupo.
"Las armas circulan, se venden y cambian de manos. Ese argumento es muy débil. No existe ningún dato que demuestre que esas armas siguen en poder del EPP", sostuvo.
En ese sentido, remarcó que la utilización del mismo armamento no constituye una prueba suficiente para identificar a los responsables del atentado.
"Hay una gobernanza criminal"
Consultado sobre si el hecho respondería a una disputa territorial entre organizaciones criminales, Martens prefirió hablar de "gobernanza criminal" y de control del territorio.
"Más que una lucha territorial, lo que existe es un control del territorio. Es marcar presencia y enviar el mensaje de quién manda y quién debe responder a esa estructura criminal", expresó.
Asimismo, recordó que actualmente existen militares procesados por presuntamente sustraer armas de la FTC para venderlas a grupos criminales, como ejemplo de la infiltración del crimen organizado en instituciones estatales.
Más inversión socialPara el investigador, reforzar únicamente la presencia policial y militar no resolverá el problema de fondo. Sostuvo que la respuesta del Estado debe incluir inversiones sostenidas en educación, salud, empleo y desarrollo social.
"Hay que enviar policías porque corresponde, pero la intervención del Estado no puede terminar ahí. También debe haber universidades, becas, transporte escolar, fuentes de trabajo y oportunidades para la población", afirmó.
Explicó que, en muchos distritos de Canindeyú, el trabajo en plantaciones de marihuana se encuentra socialmente normalizado debido a la falta de alternativas laborales, ya que un jornalero puede obtener en pocos días ingresos superiores a los que percibiría en un empleo formal durante un mes.
Finalmente, Martens destacó que sus conclusiones no responden a un análisis coyuntural, sino a ocho años de investigación permanente en el departamento, desarrollada por el grupo "Violencias, Sistemas Penales y Política Criminal", integrado por investigadores del INECIP, la Universidad Nacional de Pilar y la Universidad Nacional de Canindeyú.
