PolíticaAltos precios
La Cámara de Senadores se prepara para un intenso debate este miércoles 26 de noviembre, cuando llegue al Pleno un proyecto de ley que pretende fijar un límite del diez por ciento a la ganancia en tres cortes populares de la carne vacuna: la costilla, el puchero y la carnaza de primera. La discusión se instala en un contexto de fuerte incremento de precios y en plena antesala de las fiestas de fin de año, cuando el consumo interno aumenta y la presión social sobre el costo de la carne vuelve a ocupar el centro de la agenda pública.
Un proyecto que divide al Congreso desde su presentación
La propuesta legislativa fue presentada por el senador liberal Ever Villalba en julio y, desde su ingreso al Senado, despertó resistencias de casi todas las comisiones asesoras. El texto plantea un régimen especial de protección al consumo interno, en el que la cadena de producción y comercialización debería ajustarse para que la renta final no supere el diez por ciento en esos cortes considerados esenciales para la mesa familiar paraguaya. El proyecto no establece un precio único ni fija valores concretos, sino que busca limitar la ganancia acumulada para evitar aumentos abruptos y contener lo que se describe como una "renta desproporcionada" en los cortes más demandados por los hogares de menores ingresos.
Cómo funcionaría el tope planteado por Villalba
El esquema propuesto dispone que frigoríficos, distribuidores y puntos de venta mantengan un margen máximo de utilidad del diez por ciento sobre el costo real del producto, obligando a transparentar costos, documentar gastos y someterse a un control estricto por parte de la Secretaría de Defensa del Consumidor. El Poder Ejecutivo tendría la facultad de otorgar incentivos fiscales o logísticos a los actores que se adhieran voluntariamente al sistema, especialmente en zonas vulnerables donde el impacto del precio de la carne es mayor. La intención declarada por el proyectista es evitar que un país productor y exportador termine dejando sin acceso a los sectores más vulnerables a tres cortes que históricamente formaron parte de la dieta básica.
Un contexto de precios récord en un país exportador
El debate llega en un momento de fuerte disconformidad ciudadana con el precio de la carne. Durante este año se registraron aumentos sostenidos en varios cortes, con incrementos acumulados que superaron ampliamente la inflación general. Legisladores que acompañan la iniciativa alegan que Paraguay exporta cerca del ochenta por ciento de su producción y que esa presión sobre el stock disponible para el mercado interno termina empujando los precios hacia arriba, al punto de obligar incluso a importar miles de toneladas para abastecer la demanda local. Señalan también que la canasta básica consume más de dos tercios del salario mínimo y que la carne, un elemento central en la mesa paraguaya, representa uno de los rubros que más golpea el bolsillo.
La voz del senador Luis Pettengill y el estallido de la polémica
En paralelo al avance del proyecto, el senador colorado Luis Pettengill se convirtió en una de las voces más controvertidas dentro del debate. Sus declaraciones sobre la conveniencia del puchero como alternativa accesible generaron un fuerte rechazo social, especialmente cuando afirmó que la población podía optar por cortes más baratos y que no era necesario aspirar a cortes más caros o de primera línea. Pettengill, empresario del rubro cárnico, sostuvo además que la iniciativa legislativa es impracticable, inconstitucional y comparable a modelos regulatorios extremos, acusando a Villalba de intentar mecanismos propios de economías intervenidas. Estas posturas despertaron una fuerte reacción pública, pues sectores ciudadanos interpretaron sus afirmaciones como un intento de minimizar el impacto real que tiene el precio de la carne en los hogares de menores ingresos.
Argumentos técnicos y políticos de quienes rechazan la ley
Las comisiones de Legislación, Derechos Humanos, Economía, Desarrollo Social e Industria recomendaron el rechazo del proyecto, argumentando que el tope a la ganancia colisiona con los principios constitucionales de libre competencia, libertad económica y protección a la inversión privada. Plantean que un margen rígido de utilidad podría desincentivar la producción, reducir la faena, provocar escasez y, paradójicamente, elevar aún más los precios finales. También cuestionan la falta de estudios económicos que sustenten el porcentaje elegido y advierten sobre la dificultad de controlar toda la cadena con los recursos actuales del Estado.
Las posturas de quienes defienden la regulación
Los sectores favorables a la normativa sostienen que el acceso a la carne es un derecho social vinculado a la alimentación adecuada y que el Estado debe intervenir cuando la dinámica del mercado coloca los alimentos básicos fuera del alcance de la población. Señalan que existe una concentración empresarial en la faena y en la exportación que distorsiona los precios internos y genera una renta extraordinaria que recae sobre los consumidores locales. Para quienes respaldan el proyecto, limitar la ganancia no significa congelar precios, sino evitar abusos en un mercado altamente concentrado que afecta especialmente a las familias de menores ingresos.
Lo que se espera en la sesión decisiva del miércoles 26
El proyecto figura como cuarto punto del orden del día para la sesión ordinaria del Senado. La mayoría de los dictámenes de comisión recomienda rechazarlo, pero su inclusión como moción de preferencia garantiza un debate intenso y visible. El Senado deberá decidir si acompaña el rechazo casi unánime de las comisiones o si abre una discusión más amplia sobre el papel del Estado en la formación de precios de un producto que forma parte de la identidad cultural y alimentaria del país. Para muchos legisladores, el debate excede el porcentaje de ganancia y toca una pregunta de fondo: quién debe asumir el costo del encarecimiento de la carne en un país exportador. En vísperas de las fiestas, con la presión social en aumento y con el consumo interno al alza, el resultado del debate marcará un precedente sobre el alcance de la regulación estatal en un mercado históricamente dominado por la lógica exportadora.
