Reforma del transporte: ¿Fin del caos o un nuevo Metrobús?
Después de meses de promesas y una espera que se volvió insoportable para los usuarios, el presidente Santiago Peña presentó este jueves 24 de julio ante el Congreso Nacional su proyecto de ley para la "Reforma del Transporte Público del Área Metropolitana". Con esta movida, el Ejecutivo busca dejar atrás décadas de precariedad, desidia estatal y negociados disfrazados de políticas públicas. La gran pregunta, sin embargo, sigue en el aire: ¿esta vez será diferente?
Una herida abierta que supura desde hace décadas
Cientos de miles de ciudadanos del área metropolitana de Asunción padecen a diario un sistema de transporte público que no funciona. Buses destartalados, unidades sin aire acondicionado, escasez de frecuencias, reguladas descaradas, demoras interminables y maltrato a los pasajeros componen un panorama desolador que se repite desde hace años. Todo esto, mientras el Estado destina más de USD 40 millones anuales en subsidios a las empresas, sin exigir ni obtener un servicio digno a cambio.
La reforma prometida llega en un momento en que el hartazgo ciudadano está al límite. En más de una ocasión, organizaciones sociales y colectivos urbanos exigieron al Gobierno soluciones estructurales. Sin embargo, los antecedentes inmediatos no inspiran confianza: el Metrobús, proyecto bandera de anteriores administraciones, terminó en desastre. El Tren de Cercanías, otro ambicioso plan, duerme en el sueño de los justos. Ahora, el Ejecutivo insiste con una nueva propuesta. ¿Tiene lo necesario para quebrar esa racha?
¿Qué propone el nuevo proyecto?
La propuesta presentada por Peña busca crear un nuevo "Sistema de Transporte Público del Área Metropolitana", con gobernanza técnica, financiamiento sostenido y control ciudadano. El plan gira en torno a tres pilares: planificación centralizada, profesionalización del operador público y reorganización del servicio por corredores troncales con alimentadores. Se habla de tecnología, de eficiencia, de enfoque ambiental, de sostenibilidad y de integración tarifaria.
Uno de los puntos claves es la creación de una nueva autoridad metropolitana de transporte, que pueda fiscalizar, planificar y regular el servicio. También se prevé la conformación de un fideicomiso para el financiamiento del sistema, con fondos provenientes del subsidio actual, recursos del Tesoro y cooperación internacional. Asimismo, se plantea la incorporación progresiva de unidades eléctricas y modernas, bajo condiciones técnicas mínimas obligatorias.
Pero más allá de la estructura legal, lo que está en juego es la voluntad política de enfrentar a un sector históricamente intocable: el de los empresarios transportistas, muchos de ellos aliados del poder de turno. La pregunta de fondo no es qué dice el proyecto, sino si hay decisión de aplicarlo con firmeza.
¿Cambio estructural o maquillaje político?
El anuncio no escapa a la lógica política. Peña busca marcar un antes y un después con esta reforma, justo cuando comienza a transitar la segunda mitad de su mandato. La presentación se dio con bombos y platillos en Palacio de Gobierno, con la presencia de ministros, legisladores y representantes del sector privado. El mensaje oficial fue claro: "esta vez sí vamos en serio".
Pero los usuarios, principales víctimas del sistema actual, miran con desconfianza. El doloroso recuerdo del Metrobús, que demolió calles sin poner un solo bus en circulación, sigue muy fresco. El Tren de Cercanías, aclamado como solución rápida y moderna, fue otro sueño sin tren ni cercanía. La ciudadanía ha aprendido a leer entre líneas y a no confiar hasta ver resultados.
Una oportunidad histórica
Esta es, sin dudas, una oportunidad histórica. Nunca antes un gobierno tuvo tantos elementos a su favor: mayoría legislativa, fondos disponibles, tecnología accesible y una ciudadanía con ganas de participar. Pero también se necesita algo más: coraje político. El coraje para enfrentar a quienes lucran con el caos, para cortar con los privilegios, para priorizar el interés público por encima del cálculo electoral.
La reforma del transporte no puede convertirse en otro experimento fallido. Si se ejecuta con transparencia, rigor técnico y participación social, puede transformar la vida de millones. Si no, será una anécdota más en la larga lista de promesas vacías que se ahogan en el humo de los colectivos sobrecargados.
