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Mientras candidatos y movimientos aceleran la búsqueda de votos en la recta final de la campaña, también crecen los cuestionamientos sobre la legalidad de gran parte de la publicidad instalada en espacios públicos y privados, así como sobre la capacidad real de las autoridades para fiscalizar y sancionar los excesos.
La campaña para las elecciones municipales de 2026 ingresó en su etapa más intensa. Las calles de la capital y del interior aparecen cubiertas por rostros de aspirantes a intendencias y concejalías, en una postal que para muchos ciudadanos ya se convirtió en sinónimo de contaminación visual, saturación publicitaria y uso indiscriminado de espacios urbanos.
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recordaron -en contacto con El Nacional- que la propaganda electoral para las internas municipales está legalmente habilitada desde el 3 de marzo y se extenderá únicamente hasta las 23:59 del jueves 4 de junio, es decir, 48 horas antes de los comicios internos previstos para el domingo 7 de junio. A partir de ese momento comienza la veda electoral y toda actividad proselitista pasa a estar restringida.
Una campaña que copó las calles
La magnitud de la propaganda instalada en Asunción generó un fuerte debate público en las últimas semanas. Carteles gigantes, murales pintados sobre paredes, pasacalles, pantallas LED y afiches se multiplicaron en prácticamente todos los barrios de la capital.
El fenómeno no pasó desapercibido. Diversos sectores comenzaron a cuestionar si realmente existe un control efectivo sobre la publicidad electoral y si los candidatos cumplen con las exigencias establecidas tanto por el Código Electoral como por las ordenanzas municipales.
Las críticas apuntan especialmente a la proliferación de pintatas en propiedades privadas, estructuras instaladas en espacios públicos y elementos publicitarios ubicados en lugares donde la normativa expresamente prohíbe cualquier tipo de propaganda política.
Incluso antes del inicio oficial del periodo autorizado ya existían denuncias sobre campañas adelantadas. Durante los últimos meses comenzaron a aparecer murales, gigantografías y afiches de precandidatos en distintos puntos de Asunción, generando reclamos de concejales, vecinos y sectores políticos que denunciaron una utilización irregular del espacio público.
El problema de las pintatas
Uno de los aspectos más cuestionados tiene que ver con las pintatas políticas que aparecieron en paredes de viviendas, murallas, predios baldíos y estructuras urbanas.
La normativa establece que para realizar este tipo de propaganda se requiere autorización previa y escrita del propietario del inmueble. Además, en determinados casos también se debe tramitar la correspondiente habilitación municipal y abonar el canon establecido por la comuna.
Sin embargo, funcionarios municipales reconocieron recientemente que no se habían registrado solicitudes formales para gran parte de las pintatas observadas en la ciudad durante el actual proceso electoral.
Esto abre una enorme interrogante sobre la legalidad de numerosos murales que hoy forman parte del paisaje urbano.
Si una agrupación política pinta una propiedad privada sin autorización del dueño, la situación puede constituir una infracción electoral, además de configurarse como daño a la propiedad privada e incluso vandalismo.
Qué dice la ley
Las reglas sobre propaganda electoral fueron modificadas con la Ley N.º 7135/23, que introdujo cambios importantes en el régimen sancionatorio.
La legislación unificó las disposiciones sobre propaganda en la vía pública y en los medios de comunicación, estableciendo con claridad los periodos permitidos para realizar actividades proselitistas.
La ley dispone que la propaganda puede desarrollarse desde el día siguiente a la oficialización de las candidaturas hasta 48 horas antes de la jornada electoral.
Todo lo que se realice fuera de ese periodo se considera propaganda extemporánea.
Una de las modificaciones más relevantes fue que la propaganda realizada antes del plazo legal dejó de ser considerada un delito penal y pasó a constituir una falta electoral.
Esto significa que los casos ya no se tramitan en la justicia penal ordinaria sino ante la jurisdicción electoral.
Multas de hasta 100 jornales por cada medio utilizado
Las sanciones previstas son importantes.
La legislación establece multas equivalentes a 100 jornales mínimos por cada medio utilizado para difundir propaganda fuera del plazo permitido.
Esto implica que un candidato podría ser sancionado de manera acumulativa si utiliza simultáneamente carteles, murales, radio, televisión, redes sociales u otros mecanismos de difusión en forma irregular.
Las multas pueden representar montos millonarios dependiendo de la cantidad de medios empleados y de la magnitud de la infracción.
Además, una vez iniciada la veda electoral, determinadas conductas ya pueden encuadrarse nuevamente dentro de figuras penales previstas en el Código Electoral.
Qué ocurre después del 4 de junio
El jueves 4 de junio será el último día habilitado para la propaganda electoral de cara a las internas partidarias.
Desde el viernes 5 comienza la veda electoral.
A partir de ese momento quedan prohibidos los actos proselitistas, la difusión de propaganda electoral y diversas actividades destinadas a influir en la decisión de los electores.
Las restricciones se mantienen durante toda la jornada electoral y buscan garantizar un periodo de reflexión previo a la emisión del voto.
La permanencia de propaganda previamente instalada no necesariamente constituye una infracción, pero sí pueden existir responsabilidades cuando continúan realizándose acciones de promoción o difusión durante el periodo de veda.
Dónde está prohibido colocar propaganda
Además de los límites temporales, la legislación también establece restricciones sobre los lugares donde puede instalarse publicidad electoral.
Está prohibida la colocación de propaganda en edificios públicos, escuelas, colegios, hospitales, centros de salud, ministerios, comisarías, plazas, parques y monumentos históricos.
Tampoco se permite utilizar señales de tránsito, puentes, columnas de la ANDE, postes de Copaco, pavimentos, veredas, cordones, árboles ni espacios que puedan afectar la seguridad vial o la visibilidad de conductores y peatones.
En Asunción también rige la Ordenanza Municipal N.º 157/18, que amplía las restricciones y regula específicamente la utilización del espacio urbano para fines publicitarios.
La norma establece además la obligación de retirar la propaganda una vez concluido el proceso electoral.
La campaña digital y el vacío en redes sociales
Otro de los puntos que comenzó a generar debate es la publicidad política en internet.
Diversos especialistas y actores electorales reconocen que existe una dificultad creciente para controlar las campañas realizadas a través de redes sociales.
Mientras la propaganda tradicional cuenta con regulaciones específicas, el universo digital continúa presentando vacíos normativos que dificultan la fiscalización.
Las plataformas permiten la difusión masiva de contenido político, publicidad segmentada, transmisiones en vivo y campañas permanentes que muchas veces trascienden los límites temporales previstos para la propaganda convencional.
Ante esta situación, incluso surgieron propuestas legislativas para regular con mayor precisión la propaganda electoral en redes sociales y el uso de herramientas de inteligencia artificial durante los procesos electorales.
Quién controla y dónde denunciar
La fiscalización de la propaganda electoral involucra a varias instituciones.
Las infracciones vinculadas al incumplimiento de plazos, propaganda extemporánea o violaciones al Código Electoral pueden ser denunciadas ante la Justicia Electoral y el Ministerio Público Electoral.
En tanto, los casos relacionados con contaminación visual, ocupación irregular de espacios públicos, instalación de estructuras sin permiso o pintatas ilegales pueden ser denunciados ante las municipalidades y los juzgados de faltas correspondientes.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos actuales apunta precisamente a la aparente debilidad de los controles y a la escasa cantidad de sanciones visibles pese a la enorme cantidad de propaganda desplegada en las ciudades.
Una ciudad convertida en escenario electoral
A menos de una semana de las internas partidarias, la campaña ingresó en su momento más agresivo. Las principales avenidas, esquinas, murallas y espacios urbanos se transformaron en una gigantesca plataforma de promoción política.
Mientras los candidatos intensifican sus esfuerzos para captar votos, también crece el debate sobre los límites de la propaganda, el respeto a las normas y el impacto visual que deja una campaña que parece haber tomado cada rincón de la ciudad.
La discusión ya no pasa solamente por quién tiene más carteles o más presencia en las calles. También gira en torno a la capacidad de las instituciones para hacer cumplir las reglas y evitar que la competencia electoral termine convirtiéndose en una ocupación indiscriminada del espacio público.
