PolíticaTarifa de luz
El Banco Central del Paraguay informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró ya dos meses consecutivos en territorio negativo, lo que indica técnicamente una deflación.
Sin embargo, la realidad para millones de paraguayos es otra: los alquileres, los alimentos de la góndola y los servicios públicos siguen escalando, y muchos terminan el mes "raspando".
En ese contexto llega el anuncio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de establecer una fórmula casi automática de ajuste de tarifas: una señal clara de que, aunque desde el Gobierno se diga "no habrá alza este año", la estructura tarifaria se prepara para saltar.
Esa combinación levanta suspicacias: ¿cómo puede haber deflación oficial y al mismo tiempo preparar aumentos de tarifas? ¿Quién realmente está pagando el costo?
Las piezas del tablero: tarifas, Itaipú y gastos sociales
Detrás del ajuste tarifario están decisiones claves: por ejemplo, el acuerdo con la Entidad Binacional Itaipú, que define una tarifa de USD 19,28 por kW/mes, incluso cuando los costos deberían bajar tras haberse amortizado la deuda de la central.
Según críticos, ese marco genera "fondos socioambientales" - miles de millones de dólares que no necesariamente benefician al usuario residencial, sino que terminan en rubros opacos. Por ejemplo: "Una tarifa ilegal que... deja a ANDE sin poder mejorar sus capacidades... y a la ciudadanía con costos muy altos."
El Gobierno, en paralelo, impulsa reformas institucionales que podrían debilitar la ANDE, abrir más puertas a la discrecionalidad política y preparar el escenario para que la factura suba.
Mientras tanto, los amigos y correligionarios del poder
El peso más visible del costo también se ve en el reparto de contratos públicos. Los amigos y correligionarios del presidente Peña acumulan licitaciones millonarias: más de G. 122.000 millones en 19 meses, según denuncias.
El contraste es brutal: mientras muchas familias ajustan cada guaraní para cubrir lo básico, el mismo Gobierno permite que sus allegados prosperen con recursos públicos, mientras se instala un mecanismo que amenaza con trasladar los costos de la crisis a la ciudadanía.
Reacciones en el Congreso: entre alarma y pragmatismo
En el Congreso se alzaron voces que advierten sobre lo que podría venir. Legisladores denuncian que el mecanismo "automático" de tarifas es un caballo de Troya para aumentos futuros sin debate. También se pide ampliar la tarifa social y establecer límites claros al ajuste.
Pero la fuerza política detrás del Ejecutivo marca el ritmo, y la pregunta que muchos parlamentarios se hacen es: ¿quién tiene realmente la llave del sistema eléctrico y a quién responde?
¿Y el ciudadano común qué hace en todo esto?
Para el paraguayo promedio, este escenario significa lo siguiente:
- Una canasta básica que sigue encareciéndose, aunque los datos oficiales digan lo contrario.
- Una factura de luz que puede no subir este año, pero cuyo "techo" tarifario ya se está moviendo.
- Un Gobierno que dice proteger el bienestar pero habilita que sus allegados sigan enriqueciéndose.
- Una institucionalidad que se debilita cuando se traslada el peso del ajuste al usuario y se fortalece el negocio político-empresarial.
Entre la técnica y la impunidad
La promesa del Gobierno de "ordenar las tarifas" puede parecer razonable —y lo es— en un país que necesita inversión, mantenimiento y expansión de redes. Pero el modo en que se gestiona el proceso dice mucho sobre prioridades. Si la técnica se convierte en cobertura para que los costos los pague la ciudadanía y los beneficios queden en los círculos de poder, entonces no es sólo un ajuste: es un golpe al bolsillo del paraguayo mientras los correligionarios del presidente siguen levantando el cheque.
Y en un país donde la estabilidad macro puede convivir con una situación social deteriorada, lo urgente no es sólo fijar fórmulas: es que las tarifas respondan a transparencia, equidad y control ciudadano. Si no, vamos a estar todos pagando y ellos siguen facturando.
