Para el pueblo: monedas... para parientes: millones
Este año el salario mínimo será ajustado a G. 2.899.048, un incremento del 3,6% (G. 100.739), el más bajo en cinco años. Esa cifra coloca el jornal diario en G. 111.501, cifra que no alcanza para cubrir la carestía de la canasta básica, cuyos productos siguen subiendo mes a mes, pese al déjà vu de "inflación cero" que entrega el BCP. Pero mientras eso ocurre, en el sector público, hijos y familiares de políticos embolsan cifras estratosféricas.
Los nepobabies más destacados: hijos y esposas con salarios estratosféricos
El fenómeno se concentra en la clase política:
La hija del diputado Pedro Alliana, Montserrat Alliana, cobra G. 18 millones en Diputados, sin título ni trayectoria, solo por "con quien nació".
El hijo del senador Silvio "Beto" Ovelar fue incorporado en la Cámara, con su padre justificando que "merece el cargo porque fue a un colegio top". El clan familiar costó al Estado G. 2.600 millones.
El 49% de los legisladores tienen familiares cobrando sueldos públicos: por ejemplo, Ronald Solinger Gamarra, hijo de diputado, cobra G. 35,4 millones en Yacyretá; la esposa de otro legislador, G. 12,7 millones.
Casos repetidos: la hija del diputado Alejo Ríos, G. 10 millones; hijo de Roya Torres, G. 9,5 millones; hijas de Cleto Giménez, G. 7,7 y 3 millones cada una.
Otros casos emblemáticos: el "Caso de la Niñera de Oro" —Gabriela Quintana, "niñera" convertida en asesora parlamentaria con doble remuneración (Diputados + Itaipú), totalizando G. 17 millones— generó manifestaciones populares .
¿Por qué seguimos pagando este despilfarro?
A pesar de existir leyes que prohíben el nepotismo (Ley 5295/2014 y reglamentaciones posteriores que evitan nombramientos de familiares hasta cuarto grado), no se aplican sanciones efectivas. Persisten cargos de confianza otorgados sin concurso, incluso cuando la ley exige transparencia, mérito y control.
La consecuencia: un sistema de élites que reparten cargos y aumentos entre familiares, mientras el trabajador común logra apenas 100 mil guaraníes más y ni cubre- ni el alquiler, ni el supermercado.
Sector público vs. sector privado: ¿merecimiento o privilegio?
Según el INE, el salario promedio en el sector público es de G. 4,7 millones, comparado con G. 2,9 millones en el sector privado. Una brecha del 45%. Pero esa diferencia oculta una realidad: mientras muchos empleados estatales tienen estabilidad, ascensos y coordinación sindical, el sector privado lucha con salarios mínimos, empleo informal y sin protección social.
La informalidad afecta al 63% de la PEA y agrava la situación: sin aportes, sin salud ni jubilación, y sin ingresos dignos. Es decir: mientras el trabajador privado lucha por sobrevivir, el estatal gana lo que gana quien nació cerca del poder... y eso ocurre sin preparación académica ni competencia.
Consecuencias sociales y económicas
- Migración de profesionales al Estado: se privilegia el empleo público, se desmantela el talento privado.
- Fuga de talento: miles de profesionales bien formados se pasan al sector público por dinero fácil.
- Debilitamiento fiscal: los privilegios (salarios elevados, cargos por parentesco) drenaron los impuestos de la sociedad para sostener privilegios.
- Desconfianza ciudadana: casos como la Niñera de Oro y Montserrat Alliana generan protesta social y deslegitiman al Estado.
¿Hay solución o es un sistema capturado?
Expertos y activistas proponen:
- Aplicación rigurosa de la ley contra el nepotismo, con sanciones reales y controles independientes.
- Profesionalización del Estado: para acceder, concurso público obligatorio; salarios ajustados al mérito.
- Desburocratización y transparencia real: que las nóminas y salarios estén en línea, públicos y auditables.
- Reforma laboral: incentivar la formalización del sector privado, equilibrar la balanza entre público y privado.
Injusticia que sangra al país
Mientras el trabajador paraguayo ve cómo se devora su salario con cada visita al supermercado, los parientes de los poderosos facturan decenas de millones sin mérito ni esfuerzo. El resultado es simple: un sistema hundido en el nepotismo, con un Estado que premia el contacto, no el mérito, y una ciudadanía que paga la cuenta.
El ajuste salarial mínimo, basado en datos oficiales que nunca reflejan la crisis real, es apenas una escala comparada con la descarga que sufren los nepobabies. En una sociedad que aspira a ser justa, esto no puede ser la norma, sino la excepción condenada a desaparecer.
