Oficialismo acelera reforma fiscal, pero cede ante exigencias
El oficialismo aceleró este lunes las tratativas para sancionar la reforma de la Caja Fiscal con modificaciones, luego de admitir que el texto aprobado por Diputados arrastraba "incorrecciones" y de abrir una negociación contrarreloj con los docentes. Aunque desde el Ejecutivo y sectores del cartismo hablaron de un preacuerdo avanzado, los gremios se mantuvieron cautos, ratificaron el paro y dejaron en claro que todavía no existe un consenso cerrado.
La reforma de la Caja Fiscal llega a la Cámara de Senadores envuelta en un escenario de máxima tensión política y social. Después de varias semanas de reuniones, movilizaciones y postergaciones, el oficialismo pretende encaminar finalmente la media sanción que vino de Diputados hacia una versión corregida en la Cámara Alta, con la expectativa de devolver el expediente a la Cámara Baja para una aprobación rápida. Pero el apuro del Gobierno choca con la resistencia de los gremios docentes, que este martes y miércoles activan un paro total y una movilización nacional para impedir que prospere el texto tal como fue remitido por Diputados.
Un lunes de versiones cruzadas y negociaciones decisivas
La jornada del lunes dejó una señal política clara: el cartismo y el Ejecutivo quieren sacar la reforma esta misma semana. El vicepresidente Pedro Alliana fue quien expuso la hoja de ruta más concreta al término de la reunión con docentes, representantes del Ejecutivo y legisladores. Sostuvo que el nivel de coincidencia alcanzado ronda entre el 90% y el 95%, aunque aclaró que todavía no se trata de un acuerdo total. Su planteamiento fue que el Senado trate el proyecto en una sesión extraordinaria y que, al día siguiente, Diputados acompañe las modificaciones para dejar la ley lista para su promulgación.
Sin embargo, en paralelo, Basilio Bachi Núñez introdujo un matiz político clave. El presidente del Senado aseguró que la reforma no sería incluida en la sesión ordinaria del miércoles y abrió la posibilidad de que se convoque a una extraordinaria separada, incluso con la idea de que el proyecto sea el único punto del orden del día. También prometió que el tratamiento sería avisado con dos o tres días de anticipación, precisamente para disipar el temor de un tratamiento sorpresivo. Esa precisión no es menor, porque uno de los principales focos de tensión con los docentes ha sido, justamente, la sospecha de que el oficialismo intente sacar la ley sin previo aviso.
En el medio de esas dos posiciones apareció Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y principal articulador político de la reforma dentro de la Cámara Alta. Ovelar aseguró que hubo avances significativos en las mesas de diálogo acumuladas en las últimas semanas y fue todavía más lejos: admitió que lo aprobado en Diputados tenía muchas incorrecciones y remarcó que el Senado prepara una versión distinta, con modificaciones de fondo. Con eso, el cartismo buscó enviar un mensaje doble: por un lado, tranquilizar a los sectores en protesta; por el otro, preservar el objetivo de sancionar la reforma sin dilatar mucho más el calendario.
El punto de choque: Diputados aprobó un texto que detonó la resistencia
El conflicto actual no se explica solo por la necesidad fiscal del Estado, sino por la forma en que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto. Ese texto fue considerado inaceptable por varios sectores del funcionariado, especialmente por los docentes, que lo vieron como una reforma endurecida en edad, años de aporte y porcentaje de sustitución, sin un reconocimiento suficiente del aporte patronal estatal ni de situaciones especiales como la jubilación extraordinaria por enfermedad. Precisamente por eso, una parte central de la negociación de los últimos días giró en torno a desmarcarse de la versión de Diputados y reconstruir una redacción más cercana a lo conversado en las mesas técnicas del Senado.
La propia conducción del Senado terminó reconociendo esa situación. Ovelar dijo sin rodeos que el texto salido de la Cámara Baja arrastraba incorrecciones, mientras Bachi Núñez garantizó que la Cámara Alta iría por una aprobación con modificaciones y no por una sanción automática del documento remitido por Diputados. Esa coincidencia, que hasta hace pocos días no estaba expresada con tanta claridad, fue una de las novedades políticas más relevantes de este lunes.
Qué cambios están sobre la mesa para destrabar la reforma
El núcleo de la negociación con los docentes se concentra en tres puntos: la edad mínima, la tasa de sustitución y el aporte estatal como patronal. Según lo expuesto tras la reunión política de este lunes, el esquema que gana fuerza en el Senado establece una jubilación ordinaria a los 58 años y una jubilación extraordinaria a los 53 años, con una tasa de sustitución que oscilaría entre el 77% y el 90%, dependiendo del tramo. También se incorporaría un régimen de resguardo para quienes ya tengan 20 años de servicio, de modo que desde 2027 puedan optar por jubilarse con la ley actual o con el nuevo sistema.
Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, confirmó que ese paquete de cambios representa un avance respecto del texto de Diputados. Detalló que la fórmula que se discutía contemplaba 53 años de edad mínima con 78% de retorno y 58 años con 90%, sobre la base de 25 años de aporte. También resaltó como un punto relevante que el Estado asuma un 10% de aporte patronal, algo que, según dijo, solo para el sector docente implicaría más de USD 120 millones.
Pero ahí mismo apareció el límite del entendimiento. Alliana sostuvo que el 10% estatal sería el piso inicial y que, si persistiera el déficit, el Tesoro seguiría aportando por encima de ese porcentaje. Los gremios, en cambio, siguen reclamando un compromiso más robusto y más explícito del Estado en el sostenimiento del sistema. Ese desacuerdo sobre la magnitud y la formalización del aporte patronal es uno de los principales puntos que todavía separan al Gobierno y a los docentes.
Por qué los docentes siguen en pie de guerra
Pese a que el oficialismo habló de un preacuerdo, los dirigentes docentes evitaron convalidar esa lectura. Piris fue categórico al señalar que todavía no hay acuerdo, aunque sí avances interesantes. Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP-A, mantuvo la línea de presión y la Intersindical ratificó un paro total de actividades para martes y miércoles, además de una movilización en Asunción y protestas en cruces y cabeceras departamentales en el interior del país. La decisión fue adoptada por la desconfianza generalizada que dejó la media sanción en Diputados y por el temor de que el Senado termine adelantando el tratamiento sin que exista un texto consensuado.
La protesta tendrá además una carga simbólica y política importante. Apenas transcurridas dos semanas del inicio del año lectivo, los gremios resolvieron parar clases como señal de que consideran la reforma una amenaza directa a sus condiciones jubilatorias. El mensaje sindical es claro: no rechazan de plano cualquier reforma, pero sí una ley que cargue el ajuste sobre los trabajadores y mantenga intacto el peso del déficit sobre el Tesoro sin sincerar de manera suficiente la responsabilidad patronal del Estado.
Ese discurso no nació este lunes. Ya en las mesas técnicas previas, los representantes del sector educativo habían planteado una propuesta propia basada en 25 años de aporte con una tasa de sustitución del 80%, escalonada en 2% por año hasta llegar al 100% con 35 años de aporte; además, propusieron un aporte jubilatorio del 16% para el trabajador y un aporte patronal del 14%, dividido en dos etapas, así como la reposición de la jubilación extraordinaria. Esa hoja de ruta explica por qué, aun con avances, el gremio sigue diciendo que el acuerdo no está cerrado.
Las otras voces que pesan en el debate
La negociación no se agotó en el eje Gobierno-docentes. En las reuniones previas del Senado también participaron las Fuerzas Públicas, el sector militar y otros actores que presionan por ajustes específicos. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pidieron preservar una tasa de sustitución del 100% con 35 años de servicio, tomando como base la remuneración de los últimos cinco años y una edad mínima de 57 años, además de frenar derogaciones que afectarían beneficios previsionales ya consagrados en sus respectivos estatutos.
En el plano legislativo, Eduardo Nakayama celebró que se busque un acuerdo más amplio y anunció que impulsará un artículo transitorio para proteger a quienes ya cuentan con más de 25 años de aporte o una edad cercana a la jubilación, evitando que la reforma golpee de manera inmediata a quienes están en la recta final de su vida laboral. Celeste Amarilla, por su parte, se enfrentó al discurso docente sobre la inexistencia del aporte estatal y sostuvo que ese financiamiento sale del conjunto de los contribuyentes. Alfonso Noria, en tanto, admitió que tampoco veía un consenso suficiente en varios puntos del proyecto. Yolanda Paredes cuestionó que, bajo el paraguas de la reforma previsional, se intenten tocar estructuras propias del régimen militar. Carlos Núñez destacó el consenso interno alcanzado por círculos policiales para llevar una propuesta común.
Desde el Ejecutivo, Carlos Fernández Valdovinos mantuvo la defensa del criterio central de la reforma: instalar una edad mínima de jubilación y revisar beneficios que, según la visión oficial, agravan el deterioro financiero de la Caja Fiscal. No obstante, en las reuniones con el Senado aceptó reconsiderar parte de las derogaciones previstas en otras leyes, lo que muestra que el Gobierno también terminó cediendo en el tramo final de la negociación. Luis Ramírez, ministro de Educación, participó igualmente en la mesa junto con el titular del MEF, como parte del intento de desactivar el conflicto con el magisterio.
Qué puede ocurrir este miércoles
Con todos esos elementos sobre la mesa, el escenario más probable es que el Senado procure aprobar la reforma con cambios sustanciales respecto del texto de Diputados, y que luego la Cámara Baja sea convocada para aceptar esas modificaciones en un plazo breve. Esa es la ruta descrita por Alliana y la que Ovelar viene preparando políticamente. Pero el trámite todavía depende de un punto sensible: que el oficialismo cierre una redacción que, sin satisfacer completamente a los gremios, al menos permita desactivar la percepción de atropello y reduzca el costo político del tratamiento.
La otra posibilidad, menos cómoda para el Gobierno pero todavía abierta, es que el calendario vuelva a sufrir un corrimiento si persisten las diferencias sobre el aporte estatal o si el Senado opta por no exponerse a una nueva pulseada callejera con docentes movilizados en todo el país. Esa incertidumbre fue la que se reflejó con nitidez en las declaraciones contradictorias del propio oficialismo: mientras Alliana y Ovelar hablaron de miércoles, Bachi Núñez evitó confirmar el tratamiento dentro de la sesión ordinaria y dejó abierta la puerta a una convocatoria aparte.
Lo que está claro, de todos modos, es que la versión de Diputados perdió viabilidad política tal como está. El reconocimiento de sus incorrecciones, la promesa de introducir cambios y la presión sindical obligaron al Senado a asumir el papel de cámara revisora real y no de simple escribanía. La discusión de este miércoles, si finalmente se concreta, no girará solamente en torno a la urgencia de contener el déficit previsional, sino también sobre el límite político de una reforma que el Gobierno considera imprescindible, pero que los sectores afectados exigen que no se haga a costa de sus derechos adquiridos ni de un sacrificio desproporcionado del funcionariado.