El Ministerio de Justicia llevó adelante el Operativo Umbral 3.5, mediante el cual fueron trasladadas 723 personas privadas de libertad entre distintos establecimientos penitenciarios del país, en el marco de un proceso de reorganización del sistema carcelario.
Del total, 508 internos fueron derivados desde el Centro Nacional de Prevenidos (ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú) hasta la Penitenciaría de Emboscada "Martín Mendoza", mientras que otros 215 reclusos fueron trasladados desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este hasta el penal de Minga Guazú.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que la medida busca optimizar la distribución de la población penitenciaria y avanzar en la transformación del Centro Nacional de Prevenidos, que históricamente registró altos niveles de hacinamiento.
Con este nuevo operativo, la población del establecimiento ubicado en Asunción pasó de aproximadamente 1.600 a unos 1.100 internos, una reducción que, según las autoridades, representa uno de los niveles más bajos de ocupación registrados en ese penal.
Asimismo, informaron que solo permanecen allí alrededor de 40 condenados que colaboran temporalmente en los trabajos de adecuación y reconstrucción del edificio.
El despliegue fue ejecutado de manera conjunta por el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Consejo de Defensa Nacional (Codena), bajo un fuerte esquema de seguridad que permitió completar los traslados sin registrar incidentes.
Como parte del protocolo implementado, cada persona privada de libertad fue sometida a controles médicos antes de abandonar el establecimiento de origen y al llegar a su nuevo destino.
Además, las autoridades realizaron un nuevo proceso de identificación biométrica mediante el sistema AFIS de la Policía Nacional para verificar la identidad de los internos.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron que el Operativo Umbral 3.5 da continuidad a las intervenciones iniciadas con los operativos Veneratio y las fases anteriores de Umbral.
Según datos oficiales, durante este año ya fueron concretados cerca de 4.000 traslados de personas privadas de libertad como parte de la estrategia de separar a los condenados de los procesados y reorganizar la población penitenciaria del país.