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La senadora colorada disidente Lilian Samaniego defendió este miércoles el proyecto de ley conocido como "divorcio exprés" y aseguró que la iniciativa no atenta contra la familia, sino que busca brindar una solución práctica a miles de personas que, pese a estar separadas de hecho, continúan unidas legalmente.
La legisladora explicó que la propuesta surgió a partir de reclamos ciudadanos recogidos durante sus recorridos por distintos puntos del país. Según indicó, muchas personas enfrentan dificultades para regularizar su situación personal y familiar tras una separación consensuada.
"Algunos tenían hijos con otras personas y no podían regularizar su situación, mientras que otros prefieren seguir solos", señaló durante una entrevista concedida a radio Monumental 1080 AM.
Samaniego aclaró que el proyecto no crea una nueva figura jurídica, ya que el divorcio se encuentra contemplado en la Ley N.º 45/1991, posteriormente modificada en 2015. En ese sentido, afirmó que la propuesta apunta exclusivamente a agilizar procedimientos y reducir trámites burocráticos.
La parlamentaria respondió además a los cuestionamientos de sectores que consideran que la iniciativa podría debilitar a la familia.
"Algunos tergiversaron diciendo que es en contra de la familia y es totalmente al revés. Es a favor de la familia, porque hay que ponerse en el lugar del niño o del adolescente que aún tiene a sus padres casados legalmente, pero separados de mutuo acuerdo, y donde uno o ambos ya formaron una nueva familia", expresó.
La senadora destacó que el proyecto fue estudiado por profesionales del derecho. Asimismo, comentó que mantuvo conversaciones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quien, según indicó, consideró oportuna la propuesta de modificación.
Entre los principales cambios planteados figura la simplificación de los trámites en casos de divorcio por mutuo consentimiento, cuando no existan conflictos relacionados con la tenencia de hijos ni con la división de bienes gananciales.
De acuerdo con Samaniego, en esas circunstancias no sería necesaria la intervención obligatoria de abogados y también se eliminarían tasas y aranceles judiciales, reduciendo costos para las partes involucradas.
