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Durante una entrevista radial, Rojas calificó el caso como "una situación muy grave para la educación paraguaya" y aseguró que existen elementos que evidencian anomalías tanto en la titularidad del instituto como en la emisión de títulos registrados recientemente.
Según explicó, uno de los hechos más llamativos tiene relación con un documento mediante el cual Eulalio Sanabria Martínez habría cedido la titularidad del instituto a Domingo Guzmán Melgarejo el 20 de agosto de 2018. Sin embargo, afirmó que Sanabria Martínez falleció el 12 de enero de ese mismo año, situación que, según indicó, está respaldada por un acta de defunción. A criterio del abogado, este dato invalida cualquier acto realizado posteriormente en su nombre.
Rojas también señaló que, al revisar el sistema de datos abiertos del MEC, detectaron que entre el 5 y el 22 de mayo de 2026 fueron registrados 313 títulos correspondientes a supuestos egresados del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales. Lo que genera sospechas, sostuvo, es que la resolución que habilita carreras de licenciatura para la institución fue emitida recién el 27 de marzo de 2026.
El abogado cuestionó cómo pudieron egresar centenares de estudiantes de carreras que demandan varios años de formación académica si la habilitación oficial fue otorgada apenas semanas antes de la expedición de los títulos. Indicó que una licenciatura requiere como mínimo cuatro años de estudio, además de evaluaciones y trabajos finales, por lo que considera imposible justificar académicamente la emisión de esos certificados en las condiciones observadas.
Asimismo, afirmó que el instituto permaneció cerrado desde 2018 y que los plazos no coinciden con la trayectoria académica que deberían haber cumplido los supuestos egresados. Por ello, cuestionó tanto al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) como al MEC y pidió explicaciones sobre la validación de esos documentos.
Rojas aseguró además que viene alertando sobre estas situaciones desde agosto de 2025 y que presentó varios escritos ante el CONES y el Ministerio de Educación y Ciencias. En ese sentido, sostuvo que el ministro Luis Ramírez no puede argumentar desconocimiento del caso, ya que, según afirmó, existen constancias documentales de las denuncias y advertencias realizadas con anterioridad.
Las declaraciones se producen en medio de las investigaciones y debates sobre la presunta expedición irregular de títulos universitarios, un caso que ha generado preocupación en distintos sectores por sus posibles implicancias para el sistema educativo y la validez de las certificaciones académicas emitidas en el país.
