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La iniciativa permitirá que una persona pueda recibir ayuda en oficinas consulares de otro Estado integrante del acuerdo ante situaciones de emergencia, vulnerabilidad o necesidad de gestión de trámites. La medida busca fortalecer la cooperación regional y ampliar la protección de los ciudadanos más allá de las fronteras de sus respectivos países.
El mecanismo contempla asistencia en casos de desastres naturales, emergencias humanitarias, desapariciones, privación de libertad, procesos de deportación, fallecimientos en el exterior y repatriaciones. También incluye apoyo para la obtención de documentos de viaje, orientación sobre derechos y obligaciones en el país de residencia y acompañamiento a víctimas de discriminación, racismo o xenofobia.
Los impulsores de la propuesta destacaron que el acuerdo se sustenta en principios de solidaridad, cooperación y defensa de los derechos humanos, permitiendo una respuesta más rápida y coordinada ante situaciones que afecten a ciudadanos de los países participantes.
La normativa establece además que los costos derivados de bienes o servicios prestados por terceros serán asumidos por el Estado de nacionalidad del beneficiario o mediante acuerdos específicos entre las partes, evitando gastos adicionales para el país que brinde la asistencia.
El acuerdo fue suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como Estados miembros del Mercosur, además de Bolivia y Chile como países asociados. Tras la sanción legislativa, el documento queda remitido al Poder Ejecutivo para su ratificación definitiva, mientras que Paraguay ejercerá el rol de depositario oficial del instrumento internacional.
