PolíticaAnálisis
La crisis del Instituto de Previsión Social dejó de ser una denuncia aislada de asegurados y pacientes para instalarse de lleno en el Congreso. El presidente de la previsional, Isaías Fretes, expuso ante senadores un cuadro financiero crítico: faltan G. 150.000 millones mensuales para medicamentos, buena parte de los ingresos se va al pago de deudas y la ley de emergencia que será analizada en el Senado aparece como una salida urgente, aunque insuficiente y peligrosa si no incorpora controles estrictos.
La situación del Instituto de Previsión Social volvió este martes al centro del debate político y legislativo, luego de que su presidente, Isaías Fretes, acudiera al Congreso para exponer ante las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Cuentas y Control de la Cámara de Senadores, el estado financiero y operativo de la previsional.
El diagnóstico fue directo y alarmante. Fretes reconoció que el IPS atraviesa una crisis profunda, marcada por el desabastecimiento de medicamentos, problemas de infraestructura, fallas en equipos, deudas acumuladas y una presión creciente sobre el Fondo de Salud. En sus propias palabras, la institución "va camino al precipicio" si no se corrige el rumbo.
El presidente del IPS explicó que la previsional recauda más de un billón de guaraníes por mes, pero que una parte importante de esos recursos termina absorbida por compromisos financieros heredados de administraciones anteriores. Según los datos expuestos, solo para garantizar medicamentos se requieren aproximadamente G. 150.000 millones adicionales por mes, mientras que actualmente el monto destinado a ese rubro queda muy por debajo de esa necesidad.
Fretes fue aún más gráfico al describir el efecto de la deuda sobre la capacidad operativa del IPS. Señaló que la institución arrastra obligaciones financieras mensuales de gran volumen y que eso impide responder con fuerza a la demanda de los asegurados. "Se endeudó tanto al IPS hasta un punto que no puedo entender", afirmó ante los legisladores, al cuestionar el peso de las decisiones tomadas en administraciones anteriores.
Una emergencia que no resuelve el fondo
El proyecto que llegó al Senado ya cuenta con media sanción de Diputados y plantea declarar en estado de emergencia al IPS por el desabastecimiento de medicamentos esenciales, los problemas de infraestructura edilicia, las fallas en ascensores y equipamientos del Hospital Central, además del déficit de personal en áreas críticas.
La iniciativa busca facultar a la previsional a realizar acciones administrativas y financieras extraordinarias, incluyendo adquisiciones, obras, contrataciones y compras directas para responder con mayor rapidez a la crisis. El texto fue impulsado en Diputados a instancias del diputado Yamil Esgaib y ahora debía ser tratado este miércoles 24 de junio en la sesión ordinaria del Senado.
Sin embargo, Fretes pidió frenar el avance inmediato del proyecto. No rechazó la emergencia, pero advirtió que, tal como está planteada, puede convertirse en una herramienta administrativa útil, aunque no en una solución financiera. Utilizó una frase contundente para explicar el límite de la ley: sería como tener "una ametralladora, pero sin balas".
El punto central de su advertencia fue que declarar la emergencia puede agilizar compras, reparaciones y contrataciones, pero no crea por sí sola los recursos que el IPS necesita. En otras palabras, la ley puede abrir caminos administrativos, pero no llena la caja.
El peso de las deudas y los medicamentos oncológicos
Uno de los datos más sensibles expuestos por Fretes fue la presión que ejercen los tratamientos oncológicos sobre el presupuesto farmacéutico del IPS. Según explicó, alrededor del 80% del dinero destinado a medicamentos se concentra en tratamientos contra el cáncer, mientras que el 20% restante queda para medicamentos de uso cotidiano.
El titular de la previsional aclaró que los pacientes oncológicos tienen pleno derecho a acceder a sus tratamientos, pero remarcó que los avances tecnológicos y el alto costo de los medicamentos obligan a discutir una respuesta más amplia. En ese punto, planteó la necesidad de fortalecer el rol del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, de manera a centralizar o mejorar la compra de medicamentos de alto costo.
También mencionó urgencias concretas, como la compra de insumos para alimentación parenteral de recién nacidos en terapia intensiva neonatal, reparaciones edilicias y arreglo de ascensores, entre otros problemas que golpean directamente la atención diaria.
El temor a los "superpoderes" sin control
Fretes puso especial énfasis en la necesidad de blindar la ley con controles estrictos. Advirtió que una norma demasiado amplia podría representar un riesgo si en el futuro cae en manos de una administración sin transparencia.
Su postura sorprendió porque, aun siendo el principal interesado en contar con herramientas excepcionales, pidió que el Senado ajuste el texto antes de aprobarlo. El planteamiento fue claro: emergencia sí, pero con fiscalización, límites y trazabilidad del uso de los recursos.
Tras la reunión, las comisiones resolvieron postergar por un mes la emisión del dictamen, a pedido del propio presidente del IPS. La idea es conformar una mesa técnica entre el Senado y la previsional para revisar el alcance de la propuesta, introducir mecanismos de control y evitar que la emergencia se convierta en una puerta abierta para nuevas discrecionalidades.
Qué dijeron los senadores
El debate también dejó posiciones políticas marcadas. El senador Dionisio Amarilla resumió el problema en dos ejes: mejorar la gestión institucional para generar mayores ingresos y avanzar en una reestructuración de la deuda.
Natalicio Chase consideró que el proyecto podría ser innecesario, ya que el IPS ya cuenta con herramientas previstas en la Ley de Contrataciones Públicas para realizar procedimientos de emergencia. No obstante, sostuvo que acompañarán las decisiones que ayuden a fortalecer la gestión de Fretes.
Líder Amarilla fue más allá y planteó la necesidad de cambios estructurales, especialmente en torno a la eliminación de tercerizaciones. Walter Kobylanski también apuntó a los servicios tercerizados y pidió fortalecer los controles sobre esos contratos.
Pedro Díaz Verón propuso postergar el tratamiento para dar tiempo al trabajo técnico, mientras que Lizarella Valiente sostuvo que la salud no puede esperar y que, si el IPS ya tiene herramientas disponibles, debe utilizarlas cuanto antes. Celeste Amarilla, por su parte, señaló que no considera necesaria una ley para aplicar los cambios que hoy requiere la previsional.
Otro proyecto apunta al Fondo de Enfermedad y Maternidad
Además del texto con media sanción de Diputados, senadores colorados presentaron otra propuesta que declara en emergencia el Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS para el ejercicio presupuestario 2026.
La iniciativa fue presentada por Juan Afara, María Varela y Alfonso Noria, y plantea habilitar mecanismos excepcionales para compras directas de medicamentos, insumos, equipos críticos, laboratorios, servicios tercerizados y contratación temporal de personal médico.
Ese proyecto también incorpora opciones de financiamiento más amplias: bonos del Estado por hasta USD 304 millones a cinco años, empréstitos con organismos multilaterales o bilaterales, adelantos del Banco Central del Paraguay y recursos imputados a la deuda histórica del Estado con el IPS.
El texto establece que los fondos deben ser utilizados exclusivamente para fortalecer el Fondo de Enfermedad y Maternidad y prohíbe destinarlos al pago de deudas anteriores. También prevé publicación de contrataciones, informes mensuales a la Contraloría y auditoría concurrente con reportes bimestrales al Congreso.
Una crisis que ya no puede maquillarse
La comparecencia de Fretes dejó una conclusión política y financiera difícil de eludir: el IPS está en emergencia, aunque el Congreso todavía discuta cómo nombrarla, cómo regularla y cómo financiarla.
El desabastecimiento de medicamentos, la infraestructura deteriorada, las deudas acumuladas y la falta de recursos para cubrir necesidades básicas muestran que el problema ya no es solo administrativo. La previsional enfrenta una crisis de sostenibilidad inmediata, con impacto directo sobre asegurados, pacientes crónicos, jubilados y trabajadores aportantes.
El Senado deberá definir si la emergencia será apenas una herramienta para acelerar compras o si se convertirá en el primer paso de una reforma más profunda. Por ahora, el propio presidente del IPS pidió tiempo para ajustar la ley, pero también dejó una advertencia que marca el tono del debate: si la institución sigue igual, va camino al precipicio.
