Política¿Direccionamiento?
Se exige a las compañías interesadas la presentación de un informe expedido por la Embajada de Paraguay en el país de origen de los equipos ofertados. Esta condición implica directamente la exclusión de firmas chinas, dado que Paraguay no mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China, sino con Taiwán, por lo que no cuenta con representación oficial en Beijing. La medida ha encendido las alertas en distintos sectores, tanto por sus implicancias en materia de competencia y costos, como por el trasfondo político y diplomático que acarrea.
Analistas señalan que la decisión afecta de forma directa la posibilidad de contar con ofertas más diversas, tecnológicamente avanzadas y económicamente competitivas. El mercado de telecomunicaciones, que ya enfrenta importantes desafíos de inversión y actualización de infraestructura, se ve ahora restringido en su acceso a proveedores líderes a nivel mundial. Empresas como Huawei o ZTE, que históricamente han suministrado equipamiento a gran parte del mundo con precios accesibles, quedarían fuera de la competencia en Paraguay por una decisión administrativa con un trasfondo diplomático.
Resulta especialmente llamativo que esta exclusión se aplique en un contexto en el que Paraguay mantiene un importante volumen de comercio con China continental. Solo en 2023, el país importó desde China más de 4.100 millones de dólares en bienes, consolidándose como uno de los principales socios comerciales. Sin embargo, esa relación comercial no se traduce en vínculos diplomáticos, lo que imposibilita que el Estado paraguayo emita los certificados exigidos a través de una embajada que no existe.
Presiones políticas detrás de la licitación
Desde distintos sectores se ha advertido que la exclusión de empresas chinas en este proceso no obedece a criterios técnicos ni económicos, sino a alineamientos diplomáticos que responden a la política exterior de Paraguay, en particular su histórica relación con Taiwán. Según fuentes del ámbito empresarial, esto genera un impacto negativo en la percepción de transparencia y previsibilidad del país, algo clave para atraer inversiones en sectores estratégicos.
Además, ha crecido la preocupación por el mensaje que envía esta medida en términos de soberanía tecnológica: se estaría priorizando una postura política sobre las necesidades reales del desarrollo digital nacional. Al limitar la participación a países con representación diplomática, se restringe artificialmente el universo de competidores y se genera un potencial perjuicio económico para el Estado y los usuarios finales.
Riesgos económicos y retrocesos en conectividad
El impacto no se limita al plano político. Las empresas de telecomunicaciones que operan en Paraguay llevan años utilizando infraestructura de origen chino, y con la exclusión de estos proveedores, se verían obligadas a renovar completamente sus redes para cumplir con la futura licitación. Este cambio implicaría costos adicionales millonarios, mayor tiempo de implementación y posibles interrupciones en el servicio.
A eso se suma la posibilidad de que los precios del 5G sean más elevados para los consumidores, dado que la menor competencia deja menos margen para negociar costos. Las dudas también alcanzan el plano jurídico, ya que el criterio adoptado por el Ejecutivo podría entrar en conflicto con principios de no discriminación incluidos en acuerdos internacionales firmados por Paraguay, tanto en el Mercosur como en la Organización Mundial del Comercio.
La licitación del 5G, que debería representar un salto estratégico hacia una infraestructura digital moderna, se ve hoy empantanada por decisiones que priorizan factores diplomáticos antes que el interés económico, tecnológico y social del país. El desafío será garantizar un proceso transparente, inclusivo y coherente con las metas de desarrollo nacional a largo plazo.
