Ley de datos promete blindar la privacidad ciudadana

El Senado se apresta a debatir uno de los proyectos legislativos más trascendentales de los últimos años: la Ley de Protección de Datos Personales. Con media sanción otorgada por la Cámara de Diputados en mayo pasado, el texto llega al pleno del Senado luego de un proceso de más de tres años, múltiples revisiones técnicas y reclamos ciudadanos sobre el vacío legal que existe en Paraguay respecto a la privacidad de la información.

El proyecto, impulsado inicialmente por un grupo multipartidario de legisladores en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, propone establecer un marco legal robusto que garantice a las personas físicas el control sobre sus datos personales, con criterios que siguen estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

Una agencia nueva en el centro del debate

La propuesta contempla la creación de una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que funcionaría como un órgano autónomo y con atribuciones específicas para fiscalizar, sancionar y emitir directrices respecto al tratamiento de información personal.

No obstante, este punto ha generado controversias en el Senado, donde algunos legisladores plantean que la agencia no dependa del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), sino que goce de plena autonomía técnica y administrativa. En paralelo, se cuestiona que el Ejecutivo tenga la facultad de nombrar al director y al adjunto de la agencia mediante decreto, con base en una terna sugerida por el MITIC. El sector más crítico de la Cámara Alta sostiene que esta fórmula debilitaría la independencia del organismo y generaría riesgos de politización en su funcionamiento.

Preocupación por el poder sancionador

Otra modificación que será evaluada apunta a suprimir el artículo que otorgaba a la futura agencia la potestad de definir "faltas reglamentarias" no previstas expresamente en la ley. Según argumentan senadores como José Oviedo, esa disposición podría generar una excesiva discrecionalidad regulatoria que ponga en entredicho la seguridad jurídica.

Asimismo, se busca establecer limitaciones más estrictas en relación a las transferencias internacionales de datos, para impedir que la ley delegue al reglamento condiciones que deberían estar definidas claramente en el texto legal. Para diversos sectores, este aspecto es clave para evitar abusos y proteger la información que circula fuera del país, especialmente en un contexto donde empresas multinacionales manejan grandes volúmenes de datos desde servidores remotos.

Los menores y sus datos: una prioridad

Una de las preocupaciones centrales planteadas por senadoras como Lizarella Valiente está relacionada con la protección de datos de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el proyecto ya incorpora disposiciones que exigen el consentimiento expreso de padres o tutores legales para el tratamiento de datos de menores de edad, lo cual se fundamenta en los artículos 7 y 47 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, se insistirá en reforzar este aspecto durante el tratamiento en particular de los artículos, a fin de blindar la norma frente a posibles interpretaciones laxas en el futuro.

Principios rectores del tratamiento de datos

El proyecto, que fue depurado desde una versión original de 85 artículos hasta una más concisa de 60, también establece principios fundamentales como la licitud, finalidad, proporcionalidad, transparencia, seguridad, confidencialidad y exactitud.

Estos principios deberán ser observados por toda entidad pública o privada que maneje datos personales, ya sea con fines comerciales, estadísticos, financieros, médicos o de seguridad. Asimismo, se introduce la figura del "interés legítimo" como una de las bases legales para el tratamiento de datos, una incorporación novedosa que generó cierta inquietud en organizaciones defensoras de derechos digitales. No obstante, voceros de la Coalición de Datos Personales han señalado que el texto actual ofrece garantías suficientes para evitar que ese principio se utilice como una excusa para prácticas invasivas o violatorias de derechos.

Expectativas del sector privado

En paralelo al avance del proyecto, varios sectores económicos se mantienen expectantes ante su eventual aprobación. Entidades financieras, plataformas de comercio electrónico, prestadoras de servicios digitales y empresas del sector salud consideran que la ley brindará mayor previsibilidad y credibilidad jurídica, especialmente frente a inversionistas internacionales que exigen el cumplimiento de normas modernas de privacidad.

Incluso voceros de gremios empresariales han expresado públicamente que una ley de estas características es una condición necesaria para que Paraguay se posicione mejor en cadenas globales de servicios digitales.

Tensiones políticas en el trasfondo

Sin embargo, el trasfondo político no deja de tener peso. En algunos sectores del oficialismo se percibe cierta reticencia a ceder atribuciones a un nuevo ente autónomo, especialmente en un momento en que el gobierno se encuentra embarcado en un proceso de recentralización de decisiones estratégicas.

Aunque el presidente Santiago Peña no ha emitido declaraciones específicas sobre este proyecto, desde el entorno del MITIC se ha expresado en diversas ocasiones la voluntad de acompañar la iniciativa, siempre que se mantenga una lógica de "armonización institucional" con los demás entes reguladores.

El momento definitorio para una legislación clave

El debate en el Senado será, por tanto, clave no solo por el contenido técnico del proyecto, sino por el mensaje político que envíe el Congreso sobre su compromiso con los derechos digitales de la ciudadanía.

Si se aprueba con los ajustes propuestos, Paraguay dará un paso histórico hacia una legislación que le permitirá ponerse a tono con los países que ya cuentan con marcos jurídicos modernos en materia de privacidad. De lo contrario, si se rechaza o se posterga nuevamente, se corre el riesgo de mantener en la indefensión a millones de personas cuyos datos son recolectados, compartidos y almacenados cada día sin ningún control efectivo.

Una deuda con la intimidad constitucional

El artículo 33 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. No obstante, hasta la fecha no existe una ley que reglamente de forma integral el modo en que se deben manejar los datos personales en entornos públicos y privados.

Esta ausencia de regulación ha permitido la proliferación de bases de datos con escasa o nula supervisión, generando situaciones de vulnerabilidad para los ciudadanos, desde el acoso comercial hasta posibles casos de suplantación de identidad o espionaje ilegal.