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La principal preocupación gira en torno a la eventual presentación masiva de acciones que busquen dejar sin efecto resoluciones adoptadas con la participación del exlegislador, especialmente en aquellos expedientes donde su voto resultó determinante.
El integrante del JEM y senador Mario Varela confirmó que el organismo trabaja junto a su equipo jurídico para estudiar los distintos escenarios posibles, aunque aclaró que cualquier decisión dependerá del desenlace del proceso penal que enfrenta Rivas. Recordó que la causa volvió a activarse luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto el sobreseimiento definitivo y ordenara la continuidad del proceso hasta el juicio oral.
Varela explicó que el análisis se concentra principalmente en las decisiones relacionadas con la destitución de jueces y fiscales en las que el voto de Rivas pudo haber sido decisivo. Señaló que el tema plantea importantes desafíos desde el punto de vista jurídico debido a principios como la seguridad jurídica y la firmeza de las resoluciones ya ejecutadas.
El legislador reconoció que se trata de una situación inédita para el sistema judicial paraguayo y admitió que existe preocupación por la posibilidad de que magistrados afectados recurran tanto al propio JEM como a la Corte Suprema mediante diferentes acciones legales para intentar revisar decisiones adoptadas durante la gestión del exsenador.
Asimismo, sostuvo que el caso dañó la imagen institucional del Jurado y realizó una autocrítica sobre la responsabilidad política que existió al impulsar a Rivas para ocupar la presidencia del órgano. Afirmó que es necesario corregir los errores cometidos para recuperar la credibilidad de la institución y evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.
En ese contexto, insistió en la necesidad de avanzar con un proyecto de ley que permanece pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca establecer controles obligatorios para verificar la autenticidad de los títulos profesionales de los legisladores que sean designados como representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con el objetivo de impedir que personas sin los requisitos legales vuelvan a integrar el órgano encargado de juzgar la conducta de jueces y fiscales.
