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La propuesta fue devuelta a la Cámara de Diputados tras una serie de modificaciones que no alteran el núcleo del sistema privilegiado de jubilación de legisladores.
La sesión estuvo marcada por discusiones sobre la edad mínima y la cantidad de años de aporte requeridos para acceder a la jubilación ordinaria y extraordinaria. Pese a algunos intentos por endurecer los requisitos, la mayoría terminó sosteniendo condiciones consideradas ampliamente favorables en comparación con el régimen jubilatorio común.
Con la nueva versión aprobada por el Senado, los parlamentarios podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 60 años con 15 años de aporte, mientras que la jubilación extraordinaria seguirá siendo posible con apenas 10 años de aporte parlamentario. La única modificación relevante en este último caso fue elevar la edad mínima de 55 a 60 años.
El debate giró principalmente entre quienes buscaban conservar condiciones más flexibles y quienes pretendían elevar los años de aporte. El senador Dionisio Amarilla defendió una propuesta más benevolente respecto a la edad mínima, mientras que Óscar Salomón insistió en aumentar los meses de contribución exigidos para la jubilación ordinaria.
Finalmente, prevaleció una fórmula intermedia que dejó intacta gran parte de la estructura de privilegios. Incluso se mantuvo la figura de la afiliación voluntaria, mecanismo que permite a exlegisladores seguir aportando aun después de abandonar el Congreso para completar los requisitos y acceder posteriormente a la jubilación parlamentaria.
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Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la restitución de aportes para quienes decidan abandonar el sistema. El Senado volvió a elevar el porcentaje hasta el 95%, pese a que Diputados había reducido esa cifra al 85%. La nueva redacción también establece que los legisladores deberán cancelar previamente sus deudas con el fondo antes de recuperar sus aportes.
En medio de las críticas por el déficit financiero de la Caja Parlamentaria, los senadores incluyeron una cláusula que prohíbe expresamente cualquier tipo de rescate económico estatal al fondo jubilatorio. Sin embargo, el punto despertó cuestionamientos debido a antecedentes recientes en los que el sistema recibió millonarias inyecciones de recursos públicos pese a las restricciones legales ya existentes.
La discusión volvió a exponer las profundas diferencias entre oficialismo y oposición respecto a la sostenibilidad de la Caja Parlamentaria. Uno de los cuestionamientos más duros fue realizado por el senador Eduardo Nakayama, quien calificó de "inmoral" el sistema jubilatorio legislativo y aseguró que no piensa jubilarse a través de ese régimen. El legislador sostuvo que el fondo es financieramente inviable debido a la desproporción entre jubilados y aportantes activos.
Actualmente, la Caja Parlamentaria arrastra críticas constantes por tratarse de un esquema deficitario sostenido con condiciones altamente favorables para legisladores y exlegisladores. De acuerdo con datos expuestos durante el debate, existen cerca de 300 jubilados frente a apenas unos 125 aportantes ordinarios.
En contrapartida, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, rechazó las acusaciones sobre la existencia de "jubilados VIP" y sostuvo que los verdaderos privilegiados serían quienes hoy continúan sosteniendo financieramente el sistema mediante sus aportes. Incluso mencionó casos de antiguos beneficiarios para justificar la continuidad del esquema actual.
Mientras tanto, la propuesta de eliminar completamente la Caja Parlamentaria, impulsada por sectores de oposición, volvió a quedar archivada sin posibilidad de avanzar. Ahora el proyecto retorna nuevamente a Diputados, donde deberá definirse si se aceptan o rechazan las modificaciones introducidas por el Senado.
