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Cuando debía resolver por fin el corazón de una reforma largamente cuestionada, la Cámara de Senadores optó este miércoles por devolver otra vez a comisiones el proyecto sobre la Caja Parlamentaria. La decisión dejó en suspenso cualquier recorte real al sistema privilegiado, mantuvo intacto el esquema de beneficios especiales y volvió a exponer la distancia entre el discurso de austeridad y la resistencia política a tocar los privilegios propios.
La salida elegida no fue una definición de fondo, sino una nueva postergación con otro ropaje. El proyecto ya había sido aprobado en general el 15 de abril, pero su estudio artículo por artículo fue diferido por ocho días. Este miércoles, en vez de cerrar esa discusión, el Senado resolvió la vuelta a comisión del expediente, con lo cual el tratamiento efectivo quedó otra vez empantanado.
La sesión que terminó en nada
El detonante inmediato fue la falta de acuerdo entre dos posiciones internas que, aunque distintas, coincidían en no romper del todo con la lógica privilegiada del sistema. Por un lado, Dionisio Amarilla volvió a empujar una fórmula más flexible: jubilación desde los 55 años, con 15 años de aporte, además de una devolución de hasta 95% de los aportes al que decida retirarse del sistema. Por el otro, Óscar Salomón defendió una postura algo más dura que la anterior, con jubilación desde los 60 años y exigencias mayores para acceder al beneficio ordinario.
La tensión entre ambas posturas no desembocó en una votación de fondo porque no había mayoría clara para ninguna. En medio de esa indefinición, y también de la ausencia de varios legisladores en sala, Basilio "Bachi" Núñez terminó empujando la salida más funcional para el bloque mayoritario: devolver el proyecto a comisiones "para llegar a un acuerdo". Incluso reprendió a líderes y vicelíderes por no garantizar la presencia de sus senadores y ordenó retirar del sistema las tarjetas de asistencia de quienes no estaban en sus bancas.
El resultado político es contundente: cuando el Senado debía resolver si realmente avanzaba hacia un recorte serio de la jubilación parlamentaria o si, por el contrario, seguía administrando cambios cosméticos, eligió una vez más el camino de la dilación. El expediente quedó otra vez atrapado en el circuito de comisiones y el mensaje hacia la ciudadanía fue que los privilegios propios siguen teniendo más capacidad de defensa que cualquier discurso de responsabilidad fiscal.
Qué estaba en juego realmente
La media sanción proveniente de Diputados ya era, de por sí, una reforma ampliamente cuestionada por insuficiente. Ese texto elevaba la edad mínima de jubilación a 55 años para la modalidad extraordinaria y a 60 años para la ordinaria; fijaba como regla general 15 años mínimos de aporte; excluía a los funcionarios administrativos del Congreso del régimen; eliminaba a los hijos como herederos; y reducía la pensión para viudas y viudos del 40% al 25%. También incluía una cláusula que prohíbe que el Estado fondee la caja.
Sin embargo, aun con esos ajustes, el esquema seguía lejos de equipararse al de cualquier trabajador común. La propia discusión de este miércoles mostró que dentro del Senado persistía una puja para mantener condiciones todavía más favorables, especialmente en la edad y en los años de aporte requeridos. Es decir, la controversia ya no giraba solamente sobre si la Caja Parlamentaria era o no un privilegio, sino sobre cuán generoso debía seguir siendo ese privilegio.
El fondo del problema es que la reforma nunca partió de una revisión estructural del sistema, sino de un intento por hacerlo políticamente defendible sin desmontarlo. Por eso la discusión terminó centrada en retoques parciales y no en una pregunta de fondo: por qué el Poder Legislativo debe conservar un régimen previsional diferenciado en un país donde la mayoría de los trabajadores necesita décadas de aportes para aspirar a una jubilación y aun así muchas veces recibe haberes insuficientes.
Las cifras que alimentan la indignación
Los números del sistema ayudan a explicar por qué la Caja Parlamentaria se volvió uno de los símbolos más incómodos del privilegio político. De acuerdo con datos divulgados este año, la caja cuenta con 125 aportantes activos, frente a 267 jubilados, pensionados y herederos. La desproporción entre aportantes y beneficiarios revela la fragilidad de un régimen cuya sostenibilidad viene siendo cuestionada desde hace tiempo.
A eso se suma otro dato especialmente sensible: en este periodo legislativo, el Estado destinó G. 38.000 millones a la caja, según se recordó durante el debate en el Senado. Y aunque el proyecto habla de impedir futuros aportes estatales, la desconfianza persiste justamente porque en los últimos años el fondo siguió recibiendo oxígeno del Tesoro pese a la retórica reformista.
También pesa el costo del régimen de pensiones derivadas. Según los datos del presupuesto 2026, 73 viudas y viudos de parlamentarios cobrarán casi G. 3.700 millones este año. Otra publicación con base en registros oficiales ubica el gasto anual en más de G. 3.405 millones, más aguinaldo, con beneficiarios que superan los G. 10 millones mensuales. Aunque hubo ajustes en el proyecto, el beneficio para cónyuges sobrevivientes sigue vigente y continúa siendo uno de los puntos más criticados.
La dimensión del privilegio se vuelve todavía más irritante cuando se recuerda que, según lo publicado durante el debate de febrero y abril, hay exlegisladores que accedieron al beneficio con un solo periodo parlamentario, y que la caja arrastra una historia de reglas especiales impensables para el resto de los aportantes del país. En ese contexto, la discusión ya no se lee solo como un debate técnico previsional, sino como una pulseada ética entre una clase política que se resiste a ceder ventajas y una ciudadanía cansada de financiar excepciones.
Las voces que pidieron cortar de raíz
Antes y durante este proceso hubo senadores y diputados que plantearon que la única salida coherente era eliminar directamente la Caja Parlamentaria. En el Senado se escucharon críticas durísimas: Eduardo Nakayama la calificó de "puerqueza" y "bofetada"; Walter Kobylanski sostuvo que se trata de una jubilación VIP y cuestionó que no se haya cortado antes; Rubén Velázquez la presentó como una violación al principio constitucional de igualdad; y Celeste Amarilla, aunque advirtió sobre derechos adquiridos, también apuntó a la inviabilidad del sistema si se lo pretendía sostener por ley sin un rediseño real.
En Diputados, Raúl Benítez y Johanna Ortega habían impulsado la eliminación de la caja, pero esa alternativa no prosperó. La que sí avanzó fue la tesis de que había que reformarla sin extinguirla, con el argumento de que cerrarla implicaría trasladar la carga completa al Estado para pagar a jubilados, pensionados y herederos ya existentes. Ese razonamiento terminó siendo la base política de una reforma que prometía correcciones, pero no ruptura.
Ese es precisamente el punto que volvió a quedar desnudo este miércoles: ni siquiera ese esquema moderado consiguió cerrarse porque dentro del propio Senado siguieron imponiéndose los intereses cruzados para preservar condiciones más beneficiosas. La vuelta a comisión, en ese sentido, no solo posterga una ley. También confirma que la resistencia al recorte de la Caja Parlamentaria no está en la periferia del sistema político, sino en su centro mismo.
Una señal política en el peor momento
La decisión del Senado llega, además, en un contexto especialmente delicado. Mientras el discurso oficial insiste en sacrificios, sostenibilidad y responsabilidad fiscal, la Cámara Alta vuelve a enviar la señal contraria cuando se trata de tocar beneficios propios. El contraste con otras reformas previsionales ya aprobadas, mucho más severas para sectores que no tienen el poder político del Congreso, alimenta la lectura de que en Paraguay el ajuste no se distribuye de manera pareja.
Por eso la resolución de este miércoles tiene un efecto que va más allá del expediente. No se trata únicamente de una postergación legislativa ni de una falta de consenso técnico. Lo que quedó a la vista es una nueva fuga ante una definición políticamente incómoda: cuando llega la hora de desmontar privilegios propios, el Senado vuelve a refugiarse en el laberinto de las comisiones. Y mientras el proyecto retorna a foja cero en los hechos, la jubilación VIP sigue viva, sostenida por una mezcla de cálculo político, corporativismo y falta de voluntad para romper con una de las expresiones más visibles del privilegio parlamentario.
