INTN otorgó contratos millonarios a empresa ligada a la "mafia de los pagarés"
El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) volvió a quedar bajo la lupa tras adjudicar dos contratos por un total de G. 232 millones a la empresa Amaral & Asociados, vinculada al caso de la conocida "mafia de los pagarés".
La firma pertenece al abogado Mateo Llano Martínez, exfuncionario del INTN, quien en 2020 elaboró un dictamen jurídico que avaló el polémico pago retroactivo de G. 18 millones a la directora Lira Giménez.
Aquel desembolso, considerado irregular por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), derivó en la destitución de Giménez en 2021, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Sin embargo, tras la llegada de Santiago Peña a la Presidencia en 2023, la funcionaria fue restituida al frente del INTN.
Con su retorno, comenzaron también los beneficios para quienes participaron de la maniobra inicial.
Uno de ellos sería el propio Llano Martínez, cuya empresa recibió dos contrataciones directas: una por G. 123.200.000 y otra por G. 109.200.000, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
El INTN también fue denunciado recientemente por un supuesto direccionamiento en una licitación de G. 1.699.997.720 para la compra de precintos, insumo esencial para las labores de control.
La empresa adjudicada, Compañía de Seguridad Integral (Comsi), se registró como proveedora del Estado apenas 72 horas antes de la apertura de las ofertas, según informan desde LPO.
Contra Giménez
Los cuestionamientos a la gestión de Giménez no se limitan a estos casos. También pesan denuncias por despilfarro de fondos públicos, tráfico de influencias y una cuestionada reestructuración institucional que, según sostienen, favorece a un reducido grupo de funcionarios comisionados del Instituto de Previsión Social (IPS), con viáticos elevados y salarios privilegiados.
Otro episodio llamativo es el de Ricardo Ramírez, nombrado en 2020 como director general sustituto por unos pocos días, periodo en el que firmó la resolución que autorizó el pago del retroactivo de G. 18 millones. Al jubilarse en 2024, recibió G. 50 millones, una suma considerada desproporcionada en comparación con otros funcionarios que también pasaron al retiro.
Los reclamos apuntan a una administración que priorizaría beneficios personales por encima de la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.