PolíticaRevelan informes
La Comisión Especial del Senado que investigó el esquema de la denominada mafia de los pagarés expuso este lunes un informe que dimensiona la magnitud del fraude. El senador Rafael Filizzola, titular del equipo investigador, presentó los resultados ante el pleno, detallando que los embargos ejecutados en distintos juzgados del país superan los 208 millones 550 mil dólares.
Según los datos revelados, el juzgado de La Encarnación concentra el volumen más alto: 577.540 millones de guaraníes embargados en 104.894 juicios ejecutivos. Le sigue el juzgado de Paz de La Catedral, cuyos dos turnos acumulan 371.865 millones de guaraníes en 69.630 casos.
En el juzgado de La Recoleta se identificaron embargos por 231.916 millones de guaraníes en 47.826 expedientes, mientras que el juzgado de San Roque reportó 178.859 millones de guaraníes en 36.626 juicios.
Finalmente, el juzgado de Paz de Villa Morra registra 99.673 millones de guaraníes en 19.738 expedientes. En total, los montos superan los 1,46 billones de guaraníes, equivalentes a más de USD 208 millones.
El informe también perfila a las víctimas del esquema. El grupo más afectado está conformado por docentes, seguido de trabajadores del Ministerio de Salud, IPS, Hospital de Clínicas y otras 51 instituciones públicas. El 70% de las personas perjudicadas son mujeres, y casi el 90% proviene del interior del país. Asimismo, se señala que el 64% de las víctimas pertenece al MEC y el 16% al sector Salud.
Filizzola cuestionó de manera directa el rol del Banco Nacional de Fomento (BNF), al que acusó de autorizar descuentos compulsivos sin respaldo documental y de mantener una "relación criminal" con la empresa Walton Capital S.A..
"El problema central está en el BNF, donde encontramos una muralla infranqueable. Aunque Walton Capital asegura no tener el monopolio de los descuentos, en la práctica no conocemos otra empresa que trabaje con el BNF para este fin, ni siquiera CARSA", afirmó.
Durante el debate, la senadora Yolanda Paredes apuntó contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), criticando su falta de acción ante las denuncias y proponiendo un juicio político para sus ministros, así como para el fiscal general del Estado. Aseguró que no se requieren nuevas leyes, sino que las autoridades cumplan las ya vigentes.
Ante la dimensión del fraude, Filizzola anunció que la Comisión presentará una denuncia penal con todos los hallazgos recopilados, y advirtió que el perjuicio ocasionado podría ser aún mayor.
