El diputado Esteban Samaniego fue imputado junto a su esposa Patricia Corvalán y otras 21 personas. La Fiscalía le atribuye los hechos punibles de administración en provecho propio y asociación criminal. Los ilícitos se habrían cometido durante la gestión de Samaniego como intendente de Quyquyhó entre los años 2011 y 2017.
Según el Ministerio Público, Samaniego, cuando era intendente habría realizado actos administrativos de disposición patrimonial para su beneficio propio que le redituaron beneficios económicos indebidos por valor de G. 338.595.000.
El fiscal interviniente peticionó al Juzgado de Delitos Económicos el desafuero de Samaniego para que pueda ser sometido al proceso judicial, además de que se ordene el bloqueo de las cuentas bancarias de todos los imputados, como también que se ordenen medidas para que los sospechosos se sometan a la justicia.
La actual intendenta Corvalán, por su parte, cobró G. 117.500.000, fondos que debían ser usados con fines sociales y no para provecho propio. Samaniego, su esposa y otros familiares fueron los que cobraron los cheques.
